CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció que iniciará una investigación por la probable realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de acero adquirido por autoridades públicas en territorio nacional. En un comunicado, el organismo presidido por Alejandra Palacios detalló que dichas conductas, conocidas como prácticas monopólicas absolutas, son contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto es la manipulación de precios. Otro tipo de prácticas, agregó, son: la restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores. Y aún más grave es que, según la Cofece, el gasto en contrataciones públicas es de aproximadamente 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Tan sólo de 2013 a la fecha el organismo antimonopolios ha indagado en ocho asuntos relacionados con posibles conductas de colusión en compras de gobierno que realizan distintas dependencias en diversos mercados. Por ejemplo, en productos de látex adquiridos por el sector salud, compras de polietileno, whatthorímetros adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad y gases del aire como oxígeno industrial, nitrógeno y argón. También en la adquisición de producción y distribución de medicamentos, servicios de estudios de laboratorio y bancos de sangre, así como en el mercado de cepillos dentales comprados por el sector salud. La Comisión aclaró que la investigación con número de expediente DE-020-2017 no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Lo anterior, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni él o los sujetos, quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación. El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 15 de agosto de 2017, fecha de inicio, que podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales. Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de dicha práctica anticompetitiva, el pleno resolvería su cierre. En caso de que existan fundamentos que presuman una violación a la ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa. Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10% de sus ingresos. También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas. Y las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores podrían ir a prisión, hasta por 10 años, de conformidad con el Código Penal Federal.