CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Agentes de la Policía Preventiva estatal (PPE) detuvieron a cuatro hombres y decomisaron un arsenal en la zona de la Sierra, entre ellos un fusil modelo HK 93A, de la empresa alemana Heckler and Koch y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comercializa de manera irregular con gobiernos estatales en el país. A través de un comunicado oficial, se informó este domingo que en el poblado de Filo de Caballos, municipio serrano de Leonardo Bravo, fueron detenidos cuatro hombres en posesión de nueve armas de uso exclusivo del Ejército, así como cinco kilogramos de goma de opio líquida y equipo táctico. Entre las armas decomisadas se encuentra un fusil de fabricación alemana modelo HK 93A, calibre .223 y matrícula 134031, así como ocho armas largas más, como AK 47, AR15, un fusil MP5 y dos escopetas, indica el comunicado oficial. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Faustino, de 26 años y originario del municipio indígena de Zapotitlán Tablas; Alejandro, de 25 años y procedente de la ciudad de Iguala; así como Gilberto, de 22 y Bernardo, de 39 años, ambos con domicilio en el municipio de Tlaltizapán en el estado de Morelos. El operativo de la PPE se realizó luego de que ayer un grupo armado irrumpió en el poblado de La Laguna, municipio de Eduardo Neri, donde atacaron cuatro domicilios, así como la comandancia de la Policía Rural Estatal. Este hecho advierte que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Sedena, sigue comprando armas de fabricación alemana para venderlas a gobiernos estatales, a pesar de la polémica registrada en 2014 por la adquisición ilegal de armas alemanas de la marca Heckler and Koch. Reportes periodísticos refieren que en esa fecha, la empresa HK exportó a México al menos 10 mil fusiles modelo G-36, los cuales fueron vendidos por la Sedena a los gobiernos de Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco, entidades restringidas por el gobierno alemán por considerar como sitios de conflicto y de violación a los derechos humanos. La compra irregular de armas en Guerrero El pasado 11 de marzo, Apro dio a conocer que a finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo. La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, así como la compra irregular de armamento que involucra al Ejército. Los presuntos actos de corrupción, así como el manejo deficiente y sin transparencia de los recursos públicos del fondo federal, provocaron “el incumplimiento de las metas” de la estrategia para combatir a la delincuencia en Guerrero. El informe de la ASF refiere que las partidas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y seguridad”, la ASF constató que el gobierno de Guerrero le pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Sedena por “armas, municiones y cargadores”, mediante dos entregas: una por 1 millón 868 mil 400 pesos y otra por 9 millones 820 mil 900. En ese entonces, la ASF aseguró que el gobierno de Guerrero recibió menos de la tercera parte del armamento y las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto de 8 millones 911 mil pesos, lo que “impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública”. Hasta el momento, el gobierno de Astudillo y la Sedena se han negado de manera sistemática a transparentar el caso de la compra irregular de armamento con recursos para el fondo seguridad, violentando la norma vigente.