CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) dijo que le preocupa “de manera especial” el informe que publicó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), donde señala que al menos 34 de las personas procesadas por el caso Ayotzinapa fueron torturadas y víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales durante y después de su detención por parte de agentes del gobierno federal. Tras la difusión del documento, la PGR circuló un boletín donde hace algunas aclaraciones –a nombre del “Gobierno Mexicano”– “sobre supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del caso Iguala”, y precisa que las torturas referidas fueron “excepcionales”. Puntualiza: “Preocupa de manera especial que el informe de la OACNUDH arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”. Como lo reconoce el órgano de la ONU, añade, este informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, afirma, el informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso. En su texto, la PGR recuerda que el caso Iguala “es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión”. Y destaca que, como se informó a la CIDH en su último período de sesiones celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, “la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado Mexicano, que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de la OACNUDH”. Como la PGR informó a la CIDH, sostiene, en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas. “Como en su momento se hizo notar a la OACNUDH, su informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”. Al respecto --y como también se informó a la CIDH--, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente, agrega. Y resalta que se continúan realizando las diligencias correspondientes, aunado al hecho de que existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales. La víspera de la difusión del informe de la ONU-DH, la PGR y el mismo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se adelantaron y presumieron que elementos de la Policía Federal (PF) detuvieron el lunes 12 a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, "La Rana", presunto integrante de la organización criminal Guerreros Unidos. El encargado de la política interna del país hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, y minutos después, en conferencia de prensa, el titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, indicó que la captura de Sandoval Rodríguez derivó del seguimiento a las líneas de investigación sobre los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los alumnos fueron interceptados por policías municipales y supuestamente entregados a integrantes de ese grupo delincuencial.