Todo listo para legalizar el uso arbitrario de la publicidad oficial

Por décadas, el gobierno federal y los estatales han usado a su antojo el presupuesto público –el dinero de todos los mexicanos– para premiar a los medios de comunicación obsecuentes o condenar a la inanición a los que son críticos. Pese a los exhortos de la Suprema Corte –que quiere terminar con esa discrecionalidad–, el Legislativo ha retrasado hasta lo indecible la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, una reglamentación en la que, a decir de los partidos de oposición, el PRI busca perpetuar, legalizándola, esa práctica nociva.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Si se quiere saber por qué no somos un país democrático, hay que ver lo que está pasando en el Congreso con la elaboración de la ley de publicidad oficial.

Ana Cristina Ruelas, representante en México de la organización Artículo 19, sintetiza así la simulación con la que el PRI, sus aliados y algunos diputados del PAN y Morena pretenden legalizar la actual asignación discrecional y abusiva de los recursos públicos para premiar o castigar a los medios según su línea editorial.

Obligado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso tiene plazo hasta el próximo lunes 30, cuando termina el periodo ordinario de sesiones, para emitir una ley que regule el uso de recursos del erario en la compra de pautas publicitarias en los medios de comunicación.

La aprobación de la ley se da por descontada, pues el Congreso no quiere desacatar una resolución del máximo tribunal del país.

Pero a iniciativa del PRI se proyecta una Ley General de Comunicación Social con la que se pretende legalizar lo que hoy existe: el manejo discrecional de los recursos como una forma indirecta de control de la prensa.

Ese criterio fue severamente criticado por la Primera Sala de la SCJN en noviembre pasado, al otorgar un amparo a Ar­tículo 19 por la falta en que se encuentra el Congreso desde 2007, cuando los propios legisladores se impusieron la obligación de legislar en la materia.

El amparo movilizó a diversas organizaciones, especialistas y periodistas para participar en la elaboración de la ley, bajo los principios del parlamento abierto. Organizado con el nombre #MediosLibres, el colectivo presentó en el Senado, el 7 de febrero pasado, un decálogo en el que señaló lo que considera principios básicos de la regulación.

La respuesta del Congreso, y de los propios medios que cubren el Senado, fue el vacío (Proceso 2154). Lo que siguió fue la simulación. El PRI en la Cámara de Diputados se quedó con el tema en la Comisión de Gobernación, que preside Mercedes Guillén.

En vísperas del receso de Semana Santa, la legisladora lanzó una apresurada convocatoria para la realización de un foro al que invitó a quien quiso, incluyendo a representantes de medios favorecidos con el actual esquema de reparto de recursos. Al mismo tiempo, preparó un dictamen a partir de una iniciativa de ley propuesta apenas el 13 de marzo por el PRI y sus aliados: Partido Verde y Nueva Alianza. Durante más de una década, el PRI no había mostrado interés para regular la materia.

Antes de las vacaciones, la diputada tamaulipeca convocó a la comisión para el pasado martes 3 para aprobar la iniciativa.

Todos los partidos de oposición –PAN, PRD, MC, Morena y PES– desde que conocieron la iniciativa se manifestaron en contra y demandaron la realización de foros públicos para discutir, junto con las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, el contenido de la iniciativa, así como la revisión de las cuando menos 20 más que hay en la Cámara sobre el tema.

De acuerdo con #MediosLibres, la propuesta del PRI, Verde y Nueva Alianza concentra aún más en la Secretaría de Gobernación las decisiones sobre la asignación de la pauta, abre nuevas formas de reparto discrecional e incentiva el uso proselitista de la publicidad. Además, ese partido quiere que la ley entre en vigor el próximo año; es decir, que la aplique el próximo gobierno federal.

Pese al rechazo de los periodistas y organizaciones civiles, Guillén operó para que la ley se aprobara en la Comisión de Gobernación. La iniciativa desechó las propuestas del colectivo, las de otros partidos en el Congreso e incluso los criterios de la Suprema Corte.

Entre otro de los criterios al otorgar el amparo, la Corte consideró que la regulación de la publicidad oficial debe tener el propósito de terminar con la discrecionalidad de los distintos gobiernos, que la usan para castigar a los medios críticos y premiar a los oficialistas.

Cuando se usa para castigar, se provoca un “efecto silenciador” de los medios críticos, en la medida en que con la asfixia financiera se prescinde de puntos de vista que enriquecen el debate que debe existir en una democracia sobre asuntos de interés público, señaló la resolución propuesta por el ministro Arturo Zaldívar.

La Comisión de Gobernación “está simulando, sólo busca cumplir con un formalismo para no caer en el desacato” y pretende legalizar las malas prácticas que existen desde hace tres sexenios, señaló el colectivo en relación con la discrecionalidad con la que actuaron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el priista de Enrique Peña Nieto.

“Los legisladores están desperdiciando una oportunidad única de cambiar la relación entre poder y medios en México y garantizar la libertad de expresión”, manifestó el colectivo horas antes de que se votara el proyecto.

El voto de Morena

En la Comisión de Gobernación, el PRI, el Verde y Panal formaron mayoría, pero la sorpresa fue el voto a favor del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena, y la abstención del panista Eukid Castañón Herrera.

En los siguientes días, el dictamen de la ley pasará al pleno de la Cámara de Dipu­tados, donde de nueva cuenta el PRI puede hacer mayoría. Ya votada como ley, pasará al Senado, donde no hay un bloque mayoritario, pero podría darse una votación fragmentada de la oposición, que en distintos estados es gobierno y asigna también de manera discrecional la publicidad oficial. En ese escenario, se espera que el Congreso apruebe una ley en la materia antes del plazo fijado por la Corte.

“Los diputados están fingiendo que cumplen con la sentencia. Pero se están burlando porque saben que estamos ante una norma imperfecta, porque el incumplimiento del sentido de la sentencia de la Corte no tiene una sanción real”, dice a este semanario el constitucionalista Elisur Arteaga.

“Estamos ante lo que podría ser un fraude a la ley, que consiste en usar los instrumentos de la ley para eludir su cumplimiento. La autoridad no puede actuar de mala fe y el Congreso lo está haciendo”, añade.

Anticipa que en caso de que se apruebe una ley como la que propone el PRI, Artículo 19 puede buscar un amparo ante la SCJN argumentando por qué considera que no se cumplió con la sentencia. “Lo que está haciendo el Congreso es también una burla para la Corte”, dice.

Ante la perspectiva de que se apruebe una ley que avale los actuales lineamientos, Ruelas explica que Artículo 19, como beneficiaria del amparo, podría solicitar a organismos autónomos –como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia– que interpongan ante la Corte acciones de inconstitucionalidad. Lo mismo podrían hacer algunos gobiernos y municipios, por tratarse de una ley de carácter general.

También podría ser que una mayoría calificada de una tercera parte de los legisladores interponga controversias constitucionales, pues de acuerdo con la representante en México de Artículo 19, la ley viola los artículos 6, 7 y 134 de la Constitución, referidos a la libertad de expresión y la manera en que la autoridad debe promoverla y respetarla.

Además, la propia organización podría tramitar otro amparo ante la Corte. Lo mismo que muchos periodistas, pues una norma como la que se propone inhibe la libertad de expresión.

En conversación con Proceso, Ruelas menciona que también se podría promover ante la SCJN un recurso para que se analice el criterio de simetría en el ejercicio de derechos, como se hizo con la Ley de Transparencia del entonces Distrito Federal en 2008, que era más avanzada que la Ley Federal de Transparencia, de 2002. Estados como Chihuahua o Guanajuato promueven leyes de publicidad exterior más avanzadas que la propuesta en el Congreso.

Advierte, sin embargo, que, ante el conservadurismo que prevalece en la Corte, la ley que apruebe el Congreso podría ser considerada constitucional. En ese escenario, la ley se podría controvertir en tribunales internacionales, pero ese camino toma años.

Críticas a “Primor”

El voto de Morena en la Comisión de Gobernación causó la “indignación” del bloque conformado por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Pero de inmediato sirvió de arma para tildar a los legisladores morenistas de “aliados” del PRI.

El PAN, por medio de su coordinador, Marko Cortés, y el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, jugaron de nuevo con el acrónimo de “Primor” (PRI-Morena); incluso el diputado perredista e integrante de la comisión de Gobernación Rafael Hernández Soriano dijo que más que un voto de Morena para que el dictamen del PRI avanzara fue “una posición política”.

Una cascada de críticas cayó sobre Morena. Virgilio Caballero, diputado y coordinador de la fracción de ese partido, salió al paso. Rechazó que se haya dado una alianza con el PRI, negó cualquier cooptación y dijo que el voto a favor ocurrió de acuerdo con la propia coordinación, pero que tenía un único objetivo: sacar de la comisión la iniciativa y bajarla al pleno para que se discutiera.

En entrevista se le pregunta por qué al inicio de la sesión de Gobernación Ojeda Anguiano argumentó contra el dictamen y a la hora de votar lo respaldó:

–Lo que sucedió es que la presidenta de la comisión estaba mandando el asunto a la Jucopo (la Junta de Coordinación Política), y lo más importante es que el tema no se discutió en la comisión, no hubo debate, no participaron las organizaciones civiles. El voto se decidió a favor para que la ley pasara al pleno y se pudiera discutir, porque en la Comisión no se estaba discutiendo.

“Mucho más importante que eso es la convicción de Morena de ir contra la ley. Incluso desde el 22 de marzo metimos una impugnación (contra el proceso legislativo), y otra más en estos días. Lo que importaba era sacar el asunto de ahí.”

Caballero destaca un aspecto que desde su perspectiva es importante: “El voto de Morena era uno más, de los 15 que se dieron a favor”. Por lo tanto, el voto de Morena no era “decisivo”, “no era necesario” para que se aprobara el dictamen. “Si Morena no vota, de todas maneras se hubiera aprobado. Fueron 15 votos a favor y ocho en contra”.

–De ahí lo ilógico del voto. Si no era necesario, para qué emitirlo. De cualquier forma iba a pasar al pleno y era lo que ustedes querían –se le comenta.

–Bueno, pero en el momento de votar no se estaba dando cuenta de eso, es decir, primero se vota y (luego) se cuentan los votos.

–¿Está diciendo que no habían contado los votos y no se habían dado cuenta de que no era necesario su voto?

–Exacto. No se sabía cómo iban a votar los demás; se votó porque había que sacar al pleno la discusión y el debate. Eran 15 votos contra uno y los medios le están dando al voto de Morena el carácter de decisivo.

–¿Al diputado Alejandro Ojeda Anguiano lo cooptó el PRI?

–Absolutamente no. Él actuó con toda honestidad.

–¿Su voto fue en acuerdo con la coordinación, con usted?

–Así es.

–¿Usted ya sabía que iba a votar a favor?

–Así es. Ya sabía que debíamos sacar de la comisión el asunto.

–¿También se acordó llevar el dictamen aprobado en lo general a la Jucopo y que ahí se abriera el debate a la opinión pública?

–No. Absolutamente no. Lo que hizo Morena fue impugnar ante la mesa directiva, a la propia junta de la comisión y al dictamen de la comisión. La Jucopo no tenía por qué intervenir para nada en esto. La que la metió fue la presidenta de la Comisión de Gobernación, ellos fueron los que metieron a la Jucopo innecesariamente.

–¿Y la Jucopo sí va a convocar a consultas?

–No. No. Absolutamente. La Mesa Directiva tiene que ver qué va a hacer con las impugnaciones que Morena presentó, la del 22 de marzo y la del 3 de abril, contra el procedimiento legislativo, por la falta de asistencia y participación de los organismos civiles, entre otras cosas.

–¿Se aprobará el martes 10?

–Probablemente… probablemente.

–¿Descartado un voto unilateral por parte del diputado Ojeda? –se le insiste.

–Así es.

–¿Descartada la cooptación por parte del PRI?

–Así es, absolutamente.

–¿Y descartado que el PRI haya manipulado a Morena?

–Lo que parece increíble es lo que están interpretando los medios: que el PRI nos convenció. ¡Por favor, si no necesitaba nuestro voto! Pero aunque lo hubiera necesitado, no lo habríamos ofrecido.

En entrevista por separado, la excoordinadora y actual candidata al Senado por Veracruz, Rocío Nahle, explicó que hay que cumplir con el mandato de la Corte y que el Poder Legislativo no esté en falta. Pero ello, aclaró, no implica que Morena no dé la batalla en la discusión y adelantó que se va a reservar los artículos de la iniciativa del PRI, porque considera que, efectivamente, la ley propuesta es una simulación.

Este reportaje se publicó el 8 de abril de 2018 en la edición 2162 de la revista Proceso.

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