Argentina: datos que se vuelven votos

Mauricio Macri, presidente de Argentina. Foto: AP / Markus Schreiber Mauricio Macri, presidente de Argentina. Foto: AP / Markus Schreiber

BUENOS AIRES (apro).- Cambridge Analytica (CA) y el Messina Group lo afirman. El gobierno argentino lo niega. Alexander Ashburner Nix, director ejecutivo de CA, dijo frente a la cámara oculta del Chanel 4 británico que su consultora había operado electoralmente Argentina. El Messina Group, pionero en la utilización politico-electoral de información extraída de bases de datos y contenidos de redes sociales, sin el consentimiento verdadero de los usuarios, exhibe en su página web a Mauricio Macri –y también a Enrique Peña Nieto– entre los mandatarios a quienes asesora. CA se jacta de haber llevado a Donald Trump a la Casa Blanca. El Messina Group fue el artífice de la reelección de Barack Obama en 2012.

Altos directivos de una y otra consultora se reunieron en Buenos Aires con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El funcionario argentino –mano derecha de Mauricio Macri– recibió a Brennan Billberry, vicepresidente del Messina Group, en marzo de 2016, y a Mark Tumbull, director de Política Global de CA, también filmado por la cámara oculta del Chanel 4 británico, en marzo de 2017. Desde la Casa Rosada se admiten los encuentros, pero se niega cualquier tipo de contratación o trabajo conjunto.

CA –por estos días en el epicentro de la tormenta– es una rama del grupo británico SCL (Strategic Communications Laboratory), contratista del Pentágono en el área de la propaganda militar. CA se especializa en la lucha por el sentido común que se traduce en votos. El acceso a datos personales de millones de usuarios de Facebook, procesados a través de miles de algoritmos, le permite indentificar correlaciones y delimitar públicos a partir de su personalidad y estilo de vida.

Luego elabora su “salsa secreta”, que inocula de manera personalizada a cada usuario de la red social, enviándole mensajes con los que se muestra susceptible y está de acuerdo. Para las campañas sucias y la manipulación electoral –según abundó Ashburger Nix–, CA utiliza a otras empresas, que generan ataques cibernéticos, noticias falsas, encuentros sexuales que devienen en chantaje, disturbios en manifestaciones para tildar al partido rival de violento.

Ashburner Nix fue gestor financiero y ejecutivo en empresas y bancos en México, Argentina y Gran Bretaña. Suele visitar Argentina por motivos deportivos y comerciales. Mantiene una relación de amistad y negocios con Lucas Carlos Talamoni Grether. Juntos han participado en diferentes torneos de polo. Talamoni es director ejecutivo de Black Soil, un emprendimiento agrotecnológico en el que Ashburger Nix figura como asesor y/o inversor. En marzo de 2017, CA eliminó del portal de SCL la oferta de sus consultorías en Argentina. La dirección y el teléfono de contacto de CA en Buenos Aires siguen siendo los de Black Soil.

El Messina Group, por su parte, está encabezado por Jim Messina, exvicejefe de Gabinete de Barack Obama. Messina es además el cerebro detrás de la reelección de Obama en 2012. A partir de datos personales de usuarios de Facebook, armó un mapa de 16 millones de electores indecisos, que luego fueron bombardeados de manera sitemática, sutil y personalizada. Jim Messina mantiene una relación de amistad con Marcos Peña. Este fue uno de los motivos que se invocó para quitarle entidad política a la reunión con su enviado en Casa Rosada.

“Messina no es un tipo que hace favores a presidentes por razones ideológicas: así como ha asesorado a Barack Obama, también ha asesorado a conservadores en Gran Bretaña”, dice a Apro el periodista de investigación Santiago O’Donnell, responsable de revelar el caso.

“Messina es un tipo al que se lo contrata por dinero. Si incluye a Macri y a Peña Nieto entre sus asesorados, yo tengo que pensar que los asesoró. Me cuesta mucho creer que un tipo que asesoró a Theresa May, a David Cameron, a Matteo Renzi, a Mariano Rajoy, quiera hacerse publicidad o venga a charlar gratuitamente”, dice, desmintiendo así otras razones esbozadas desde los despachos gubernamentales.

Avidez gubernamental

El gobierno argentino basa todas sus campañas en las redes sociales. En especial, en Facebook, plataforma a la que destinó unos tres millones de dólares en publicidad durante 2017. El gobierno niega toda conexión con CA y dice haber rechazado los servicios ofrecidos por el Messina Group. Sostiene que la microsegmentación que permite dividir a los votantes en diferentes nichos con intereses en común, para enviarles luego un mensaje personalizado, la hace Facebook. Afirma no poseer esos datos: simplemente indica a Facebook que envíe un mensaje determinado a determinada gente.

–El gobierno afirma que no se trata de manipulación sino de “publicidad segmentada con mucha precisión… –se le dice a Santiago O’Donnell.

–Para mi la clave está en el conocimiento de las personas cuya información estás usando –replica el periodista de investigación–. Tanto en el caso de CA como en el de Messina Group se usan aplicaciones a través de las cuales se chupa información de amigos de usuarios de redes sociales y estos amigos no se enteran que su información está yendo a CA o a Messina Group o a cualquiera de esas empresas que se dedica a minar datos de esta manera.

El escándalo vinculado al uso de datos personales de Facebook con fines electorales incomoda a un gobierno que desde un principio enfrentó denuncias penales por su avidez para hacerse de los datos de los ciudadanos. En julio de 2016, a través de una resolución presidencial, la Jefatura de Gabinete se hizo con la base de datos de la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que cuenta con información de todos los argentinos. El objetivo declarado era informar a los ciudadanos acerca de las políticas públicas.

El 3 de octubre de 2017, Mauricio Macri creó por decreto la Agencia de Acceso a la Información Pública, a cargo de la protección de datos personales de los ciudadanos, que también puso bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por último, el 20 de marzo pasado el gobierno creó la Unidad de Opinión Pública, orientada a “conocer las demandas de la población como insumo para el diseño y la implementación de las políticas públicas”, según se lee en el decreto presidencial. La unidad quedó también bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. A su cargo está Mora Ximena Yazbeck Jozami, funcionaria vinculada al aparato proselitista del oficialismo.

–¿Se están cruzando los perfiles elaborados a partir de datos personales en la redes con información de las bases de datos de organismos oficiales? –se le pregunta a Santiago O’Donnell.

–Yo lo que te puedo decir es que, en julio de 2016, tres meses después de la reunión del jefe de Gabinete con el Messina Group, la base de datos de la ANSES pasa a la órbita y el control de la Jefatura de Gabinete. Y a partir de ahí se crea esta Unidad de Opinión Pública, para manejar estos datos.

Algunos analistas ponen en duda la eficacia de este tipo de metodología. Consideran difícil que un ciudadano cambie la orientación de su voto, pero posible que se lo pueda motivar para que vote o desanimar para que no lo haga. El uso electoral de datos personales sin consentimiento sigue siendo un delito.

Trolls por gobierno

“El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina”. Así se titula el informe publicado por la sección argentina de Amnistía Internacional el 19 de marzo. Allí se alerta sobre el “acoso serial” que sufren periodistas y activistas de derechos humanos en las redes sociales. A tal efecto se usan cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación (trolls), cuentas automatizadas a través de programas robots (bots), y difusión de información falsa (fake news).

“El objetivo es generar escenas o momentos de ciertos niveles de autocensura, gente que no termina de participar con todas las libertades que querría hacerlo por miedo a que lo ataquen, que lo insulten, que lo maltraten o que le distribuyan información falsa”, dice a Apro Luciano Galup, especialista en políticas de comunicación y uno de los autores del informe. “Y por otro lado se intenta romper conversaciones, entrar en hashtags o tendencias y convertirlas en agresivas, en violentas, para desviarlas, de alguna manera”, explica.

El debate público en las redes sociales, entendidas como espacios colaborativos y de diálogo, se ve afectado a través de las agresiones, las expresiones de violencia, los mensajes discriminatorios. “El debate político también se ve afectado por la difusión de información falsa y la distribución de noticias falsas, que afectan la calidad de la información que consumen los ciudadanos”, sostiene Luciano Galup. “La distribución de información falsa de líderes de opinión, periodistas y políticos enturbia mucho el debate, porque termina construyendo posiciones sobre todo emocionales en relación a la gestión pública, y donde dejan de importar los hechos”, explica.

El especialista considera que quien opina dentro de la audiencia amplia de las redes sociales está expuesto a recibir fuertes críticas y que eso es parte del juego. “El tema es cuando detrás hay una organización para desacreditar esa opinión, ya no de usuarios de redes, sino de una organización sostenida y financiada para desacreditar opiniones contrarias”, sostiene.

El gobierno enfrenta desde un primer momento quejas de diputados opositores y periodistas críticos por el uso de trolls para censurar cualquier tipo de crítica. El reclamo apunta justamente a Marcos Peña, jefe de Gabinete y autor de la estrategia comunicacional del gobierno. El informe de Amnistía Internacional constata que buena parte de los trolls y bots a la vez expresan su preferencia política por el Gobierno.

“No es responsabilidad de la sociedad civil decir quién está detrás de esto”, sostiene Luciano Galup. “Identificar quiénes están detrás, cual es la forma de organización, cómo se financia, es una tarea que requiere que participen sectores del Estado orientados a prevenir este tipo de prácticas –sostiene–. Lo que sí se puede ver es el marco de pertenencia político ideológica, lo que no quiere decir que haya un vínculo directo, que solo puede ser determinado por la Justicia”.

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