CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las organizaciones civiles Equis Justicia para las Mujeres y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad promovieron, el pasado 23 de marzo, un juicio de amparo ante un juzgado federal en Zacatecas contra los jueces y magistrados de la entidad por no cumplir su obligación de hacer públicas las sentencias que han emitido. La demanda de esos y otros seis colectivos fue admitida por Iván Ojeda Romo, juez primero de Distrito en el estado. En un comunicado los demandantes afirmaron que, a pesar de lo estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de la entidad ha publicado una sola sentencia emitida desde hace dos años, con el argumento de que ninguna se considera “de interés público”, con lo que violan el derecho de acceso a la información. Explicaron que, si bien las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de los ciudadanos sólo las sentencias de “interés público”, este concepto no está definido y los jueces se escudan en él para mantener su labor en la opacidad. Con este recurso legal se busca que las autoridades definan el concepto en el sentido de que todas las sentencias son de interés público y deben ser publicadas. A decir de los demandantes, el pasado martes 3 el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas reconoció su omisión, pues en un informe justificado respondió: “Es cierto el acto reclamado. Esta autoridad no ha elaborado versiones públicas de sentencias de interés público emitidas por este juzgado, a fin de que fueran puestas a disposición del público, ni ha puesto a disposición del público las sentencias de interés público emitidas por este órgano jurisdiccional.” Los colectivos civiles argumentaron que la opacidad total en la que opera el Poder Judicial en la mayoría de las entidades es grave, ya que si la sociedad no tiene acceso a las sentencias no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, no se pueden evitar las sentencias discriminatorias ni se pueden detectar actos de corrupción. En cambio, señalaron, si se publican las sentencias podrá evaluarse si ha tenido efecto positivo la capacitación del personal de los poderes judiciales locales, en la que se han invertido cerca de 596 millones de pesos en la última década. De igual forma, anticiparon que interpondrán recursos semejantes en el resto de los estados que no cumplan con sus obligaciones de transparencia.