COLIMA, Col. (apro).- El presidente de Productores Unidos por Colima (PUC), Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, solicitó hoy la cancelación de las patentes de los notarios de Manzanillo, Raúl Gordillo Berra y Marcelino Romero Vargas, a quienes acusó de haber infringido las normas de su actividad al incurrir en “falsedad y otros delitos conexos”. A través de una denuncia formal presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el dirigente campesino expuso que, el 12 de enero de 2015, ambos profesionistas –el primero de ellos asociado a la Notaría 1 y el segundo titular de la 3 de Manzanillo– actuaron “con dolo manifiesto” al dar fe, por consigna de la Administración Portuaria Integral (API), de “hechos que no percibieron con sus sentidos” con la intención de causarle a él un grave perjuicio. Ese día, miembros de la PUC encabezados por Vizcaíno Rodríguez realizaron una protesta contra el alza al precio de los combustibles, con una concentración frente a los accesos del puerto de Manzanillo, lo que provocó una denuncia de la API contra Vizcaíno por supuesto sabotaje y apología del delito, que tuvo como evidencia principal las actas notariales elaboradas por Gordillo y Romero, por encargo de las autoridades portuarias. Sin embargo, casi dos años después, en noviembre de 2017, una juez federal resolvió no vincular a proceso a Arnoldo Vizcaíno, tras considerar que su actuación se enmarcó dentro del derecho a la libre manifestación y no hubo delito que perseguir, lo que fue ratificado posteriormente por un Tribunal Colegiado en la etapa de apelación. De acuerdo con el representante de la PUC, los notarios no actuaron conforme a las normas propias que les impone su función del estricto y fiel cumplimiento de su oficio, dado que “se extralimitaron en sus funciones e infringieron los postulados de su actividad, al contravenir las prohibiciones de su ejercicio”. Así también, consideró que “desconocieron el derecho al omitir el cumplimiento de sus deberes éticos y jurídicos; se aprovecharon de sus funciones notariales en su beneficio, al incumplir con veracidad su profesión; es decir, incurrieron en falsedad y otros delitos conexos, al distorsionar la verdad, haciendo constar situaciones de derecho y de hecho que en realidad nunca existieron”. La actuación de Raúl Gordillo y Marcelino Romero, sostuvo Vizcaíno Rodríguez, se aparta de lo mandatado por la Constitución de Colima, la Ley del Notariado, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras leyes vigentes en el estado. Por lo tanto, estimó que deberán responder como simples ciudadanos de sus “actuaciones delictuales”, pues “atentaron en contra del prestigio y decoro del oficio, por lo que deberán enfrentar las consecuencias de una conducta contraria a derecho, quedando sujetos además de la sanción penal y civil, a una penalidad disciplinaria del Colegio de Notarios”. Vizcaíno solicitó que se lleve este asunto al acuerdo del jefe del Ejecutivo, a efecto de que éste integre una comisión investigadora compuesta por el procurador estatal o por un agente del Ministerio Público que el Ejecutivo designe; por un abogado o licenciado en derecho que designe el propio Ejecutivo; por el presidente del Consejo de Notarios del Estado o por quien haga sus veces y por el notario que designe el Consejo de Notarios, con el propósito de instruir la averiguación previa, ratificando la denuncia, querella o acusación y se finquen las responsabilidades penal y civil y se les sancione con la cancelación de la patente que tienen para actuar como fedatarios públicos.