SILAO, Gto. (Proceso).- En el año 2014, mismo lapso en el que intervino en la operación de compraventa de un predio por parte del ahora candidato presidencial de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya Cortés, el empresario Manuel Barreiro Castañeda, actualmente sujeto a una investigación de la PGR, cerró un muy favorecedor negocio a través de la empresa Advance Real Estate 2 para la instalación de un parque industrial en el Puerto Interior de Guanajuato. Las condiciones de la compraventa no pudieron ser más ventajosas, tanto para él como para los vendedores, los hermanos Valdovino Fuentes, uno de los cuales –Luis Gerardo– fue presidente municipal de Silao por el Partido Acción Nacional. Advance Real Estate 2 se había fundado apenas el año anterior, en septiembre del 2013 –mismo día en que fueron constituidas ésta y otras cinco empresas en las que participa Barreiro Castañeda– con un capital social de mil pesos. Para noviembre del 2014, dicha inmobiliaria pagaba cerca de 12 millones de dólares por una extensión de 206 mil 702 metros cuadrados aledaños al Puerto Interior, propiedad de los Valdovino, donde éstos criaban ganado lechero. Advance Real Estate 2 pagó 43 dólares por cada metro cuadrado, casi el doble del precio estimado para los terrenos en breña o no urbanizados del corredor industrial de Guanajuato, según consultas efectuadas por Proceso con otros desarrolladores inmobiliarios de parques industriales en esta zona. El gobierno del panista Miguel Márquez Márquez –aliado del candidato presidencial Ricardo Anaya, como él mismo lo ha señalado públicamente en distintos momentos– les resolvió a los Valdovino y a la empresa de Manuel Barreiro todos los detalles de un plumazo: costeó y se hizo cargo de la urbanización de accesos e introducción de servicios, de la gestiones ante la Comisión Nacional del Agua para cambiar el cauce de un arroyo que pasaba por el predio, y finalmente incluyó el terreno –es decir, a la empresa– en el polígono del Puerto Interior. En la propia escritura pública que legalizó la transacción entre ambas partes –copia de la cual obra en poder de Proceso– se cita un convenio celebrado a principios del mismo año 2014 entre el propietario del predio y el Puerto Interior, para que éste asumiera costo y obras para los servicios referidos una vez que el predio fuera vendido. El actual director general del Guanajuato Puerto Interior (GPI), el exalcalde de León –también por el PAN– Luis Manuel Quiroz Echegaray, expuso estos argumentos para justificar la decisión del Consejo del GPI (que encabeza el Gobierno del Estado) de convenir con la familia Valdovino Fuentes  para “facilitar” la venta de la extensión del rancho ganadero: “Ese rancho no fue parte de las negociaciones en la expropiación de la tierra (para el GPI) ni mucho menos… (entonces) se quedó un rancho con 2 mil vacas, situación que provocó molestias muy fuertes con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y con las empresas aledañas, porque no hubo tratamiento de las heces fecales de las vacas, para poderlas verter al río. “Tuvieron visitas de las autoridades sanitarias porque hubo mucha inconformidad, aparte de los olores, la cantidad de moscas generadas. Teniendo ya un parque industrial no hay una convivencia con este rancho con el resto de la industria y con una universidad que teníamos ahí; no había armonía. Lo que hicimos fue defender el bien común, no podíamos permitir que tuviéramos ahí 2 mil vacas con una pestilencia terrible”, dijo el funcionario. [caption id="attachment_533039" align="alignnone" width="1200"] Advance Puerto Interior. Foto: Especial[/caption] Un empresario exitoso Los datos publicados previamente por Proceso y otros medios, así como la indagatoria que la Procuraduría General de la República admitió tener abierta por presunto lavado de dinero, han vinculado a Barreiro con la compraventa por 10.7 millones hecha en el 2014 por Ricardo Anaya Cortés a través de la empresa a nombre de su suegro, JuniSerra, de un predio en el que posteriormente construyó una nave industrial y luego vendió en 54 millones a la empresa Manhattan Master Plan Development. Esta empresa, señalada por el SAT por operaciones presuntamente inexistentes, habría sido “montada” por Barreiro para simular transacciones mediante la compra de inmuebles al mayor precio posible del mercado, según declararon públicamente en enero Daniel Rodríguez Velasco y David Alberto Aarón Galindo González. Ambos se dijeron contratados por Barreiro para participar en el diseño del esquema ilícito. Lo cierto es que del 2013 a la fecha, Manuel Barreiro pasó de contar con una empresa a diversificar exponencialmente sus negocios. El 20 de septiembre de 2013, ante la notario público 13 de Querétaro  Estela de la Luz Gallegos Barredo, quedaron constituidas las empresas Advance Real Estate 1, Advance Real Estate 2, Advance Real Estate 3, Advance Real Estate 4 y Advance Real Estate Advisors Servicios, cuyos socios son el mismo grupo encabezado por Manuel Barreiro Castañeda. En coincidencia, las cinco empresas tienen como fines actividades tales como la construcción, reconstrucción, mantenimiento, lotificación y urbanización de toda clase de bienes inmuebles; la planeación, proyecto, construcción, administración, venta total o parcial de fraccionamientos industriales, urbanos, campestres y condominios verticales u horizontales, dentro y fuera del país”. De igual modo, tiene como objeto “dar o tomar en arrendamiento o comodato, poseer, operar, administrar, explotar, disponer, comercializar y negociar en cualquier forma, por cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes inmuebles, incluyendo sin limitar fábricas, almacenes, bodegas, oficinas y demás instalaciones”. En el caso de Advance Real Estate 2, ésta se constituyó con un capital inicial de mil pesos por los socios originales: Fernando Enrique Romero Audiffred y Gerardo Aurelio Ruiz Velasco, 500 cada uno, según la escritura pública 50,414 del 20 de septiembre de 2013. La empresa señala como domicilio el de calle Tecnológico Norte 950-B PH1, colonia San Pablo, Querétaro. La escritura de compraventa del predio de los Valdovino Fuentes precisa que el 18 de octubre del 2013 se protocolizó acta de asamblea general de socios de Advance Real Estate 2 para aumentar el capital social y admitir a nuevos socios, mediante la cesión de partes sociales. Ese día se hizo también una reforma total de estatutos de la empresa. Ese 18 de octubre, ante la misma notaría se designó a Fernando Romero Audiffred como presidente del consejo de gerentes, a Manuel Barreiro Castañeda como miembro, lo mismo que a Gerardo Aurelio Ruiz Velasco y como socios de la serie B a Brian Douglas Finerty y Clifford Allen Payne. Como secretario se anotó a Jordi Sanz Crespo, quien fue director administrativo en ICA. También se otorgaron los poderes legales a Mauricio Alfredo Solana Lucero, quien fue vicepresidente de Desarrollo de Avance y ex director del Parque industrial Tecnológico Innovación Querétaro. Fue Mauricio Solana quien representó a Advance Real Estate 2 en la compra, según la escritura pública número 53,563 del 7 de noviembre de 2014 ante el notario público 98 de León Manuel Toriello Arce. La escritura precisa la adquisición de un predio rústico en Sotelo –comunidad de Silao– con superficie de 206 mil 702.54 metros cuadrados, a Luis Felipe, quien funge como apoderado legal de los hermanos Valdovino Fuentes: José María (propietario del rancho), Pedro Ignacio, José de Jesús y Luis Gerardo, éste último ex presidente municipal panista de Silao, todos propietarios de tierras en esa zona. “José María Valdovino Fuentes vende de manera definitiva, con todos sus accesorios, incluyendo el contrato promesa celebrado el 24 de enero de 2014 con Guanajuato Puerto Interior,  sin reserva y sin limitación alguna a Advance Real Estate 2”, asienta el documento. [caption id="attachment_533040" align="alignnone" width="1200"] El director general de GPI, Luis Quiroz Echegaray. Foto: Especial[/caption] El referido convenio del 24 de enero fue celebrado entre José María Valdovino Fuentes y GPI a manera de contrato de promesa, por el cual las partes se obligaron a estos acuerdos: Guanajuato Puerto Interior construiría la infraestructura del acceso vial y permitirá que los inmuebles de la granja se conecten a pie de macrolote con la infraestructura de GPI, mismo que se encargaría de tramitar la licencia de construcción y costearía los gastos para construir la vialidad. Un segundo punto comprometió a GPI a construir, directa o indirectamente, una vialidad sobre el predio del acceso vial que conecte al parque industrial y de negocios Santa Fe 111 y los inmuebles de la granja con el complejo GPI, haciéndose cargo de los gastos. Por último, GPI gestionaría para obtener de la Comisión Nacional del Agua el permiso para cambiar el cauce del arroyo Cerro Grande -que cruza por el inmueble objeto de la operación- hacia el lindero este y sur del mismo. Al respecto, el director general de GPI Luis Quiroz Echegaray, aseguró en entrevista que el convenio se logró después de muchas pláticas previas. “Ellos accedieron a que si les dábamos acceso a Puerto Interior, ellos venderían el predio a un tercero que tuviera vocación industrial y con base en ello, ese dinero que recibirían lo aplicarían en otro predio que tenían en Romita para genera un establo moderno y llevarse las vacas de aquí.  Vendieron ese predio aproximadamente en el mes de octubre de ese mismo año (2014) y ese fue un contrato entre particulares;  Puerto Interior no intervino en la compraventa”, aclaró. Quiroz afirmó que tampoco hubo intervención de GPI en la determinación del precio de venta. “Cuando ellos nos presentan a esta empresa Advance, que para nosotros tenía las mismas prerrogativas que (otras empresas como) Vesta, que son gente que hace naves especulativas y las rentan, está perfectamente. Son empresas similares; en un parque industrial es completamente normal”. En ese ofrecimiento, agregó, “ellos ya tenían claro que el compromiso de Puerto Interior era darles a acceso a las vialidades y conectar la parte de los servicios  que lógicamente se llevan a cabo por la gente que hace las inversiones…se pueden conectar a las redes que tiene ya Puerto Interior”. Aunque GPI sí aprovechó la compraventa para abrir por ese predio una vía de acceso al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, que está a muy pocos kilómetros. Quiroz ratificó que el convenio firmado con Valdovinos quedó autorizado por el Consejo Directivo. El precio pactado de compra fue de 11 millones 210 mil dólares (su equivalente al día de la venta fue de 152 millones 537 mil 316 pesos), de los cuales 2 millones 496 mil dólares fueron depositados a una cuenta de Banco del Bajío para la liquidación de un gravamen. Advance encontró ésta y otras puertas abiertas en el estado, donde en un lapso de tres años se ha instalado en zonas industriales de Irapuato y Celaya-Apaseo, además del GPI en Silao, y ofrece varios modelos de infraestructura para la instalación de las empresas. En Silao, anuncia el Parque Industrial Advance Puerto Interior, mismo que “tiene 40 hectáreas y ofrece servicios integrales e infraestructura de clase mundial, características que impulsan la competitividad de las empresas que se instalan en este complejo industrial”. Presume de una ubicación estratégica en un complejo “que cuenta con servicios de agua, red eléctrica, puede albergar tres diferentes carriers de fibra óptica, drenaje, sistema contra incendios avalado por la NFPA, planta de tratamiento de agua, vialidades de primer nivel y acceso privado para maximizar la seguridad de los usuarios”. Como “ventajas adicionales al estar dentro GPI”, Advance se promociona por contar con terminal especializada de carga ferroviaria, aduana interior, recinto fiscalizado, zona de negocios y educativa, y por su cercanía al Aeropuerto Internacional. A fin de cuentas, este predio –y por tanto, Advance Parque Industrial–  fue incluido en el polígono de Guanajuato Puerto Interior antes de, que mediante un decreto, el gobernador Miguel Márquez cerrara la posibilidad de ampliación del mismo a solicitud de varias de las empresas instaladas, que preveían una posible saturación como ocurrió en la zona industrial de Volkswagen en Puebla, según explicó el director Luis Quiroz. Este decreto fue anunciado en octubre del 2016 por Miguel Márquez, con la finalidad de garantizar un crecimiento ordenado de GPI, cuya extensión quedó en mil 200 hectáreas y más de 110 empresas instaladas. El gobernador de Guanajuato, que hasta fines del año pasado era abiertamente promocionado por algunos de sus colaboradores como posible candidato a la Presidencia y después como quien podría quedarse al frente del Partido Acción Nacional cuando Anaya fue ungido como candidato, recibió el abierto respaldo del queretano para que el candidato a gobernador fuera su secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Márquez se ha sumado con entusiasmo a la campaña de Anaya, y en varias entrevistas y declaraciones a medios ha elogiado al candidato de la coalición Por México al Frente, a quien considera “un joven talentoso, preparado, que ha enfrentado muchas adversidades”. “No tengo dos caras, yo fui de los primeros que de manera muy tajante dije: estoy con Ricardo Anaya y voy con él. Es nuestro candidato y va todo el respaldo, todo el apoyo. No tengo duda y no la tendré”, dijo Márquez al periódico El Financiero. El 22 de abril, día del debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia, el gobernador de Guanajuato se encontraba realizando una gira de trabajo en Hannover. Pero se tomó el tiempo para publicar en su cuenta de Twitter varios mensajes antes, durante y de forma posterior, los que por cierto fueron retuiteados desde cuentas oficiales del gobierno del estado. El último fue éste: “Hoy está en juego el futuro de nuestra nación, construyamos juntos un mejor México. Lo podemos lograr: @RicardoAnayaC #ConAnayaPorMéxico #JuntosConAnaya”.