Detrás de la guerra del agua, corrupción gubernamental

El 30 de abril último, miembros de El Barzón irrumpieron en la finca de uno de los integrantes de la familia LeBarón. Este conflicto social por el agua, que ya escaló al uso de armas de fuego, amenaza con empeorar porque las autoridades del estado de Chihuahua y del gobierno federal miran hacia otro lado. Según comuneros inconformes, desde el gobierno de César Duarte se expidieron en favor de la comunidad menonita permisos apócrifos para explotar pozos. Pero ésta exige: ¡aporten pruebas!

CIUDAD DDE MÉXICO (Proceso).- La falta de agua en el noroeste de Chihuahua evidencia la complicidad entre autoridades, políticos y empresarios que impulsaron la creación ilegal de pozos, los cuales han sido sobreexplotados, y la conversión de espacios protegidos en tierras nogaleras y para el cultivo de alfalfa.

De 2012 a la fecha, los diversos enfrentamientos por el líquido han dejado un saldo de al menos tres muertos. El choque más reciente fue el ocurrido el 30 de abril último entre miembros de El Brazón –organización civil en defensa de los derechos humanos, económicos y ambientales, integrado por personas del campo y de la ciudad– y la familia mormona de los LeBarón.

En aquella ocasión, según los barzonistas, decenas de campesinos y habitantes del ejido Constitución llegaron al rancho de Joel Francisco LeBarón Soto, y de otros cuatro familiares, para constatar el uso de pozos ilegales y el incremento de nogales sembrados. Momentos después, los encargados de ese predio los recibieron a balazos.

Los barzonistas reconocieron que destruyeron nogales e instalaciones para sustraer agua, debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado que por lo menos nueve pozos de los LeBarón son ilegales.

El fiscal general del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer que existen dos denuncias de esos hechos: la primera, interpuesta por El Barzón, y la segunda, por los LeBarón.

De acuerdo con Peniche Espejel, la causa de este conflicto social radica en la sobreexplotación de los mantos acuíferos del río Carmen; él considera que la pugna es un problema que debe resolver seriamente la federación.

La Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “tienen que tomar cartas en el asunto, porque aquí hay cambio de uso de suelo, de tierras que eran agostadero en zonas de clima intenso y que se está generando una sobreexplotación. Esa región está vedada. No se pueden abrir más pozos desde 1955”, explica.

Sin embargo, durante el sexenio del entonces gobernador César Duarte –prófugo de la justicia– se cambió sin permiso el uso de suelo ganadero, o de agostadero, por uso agrícola. “En el caso del nogal, es uno de los cultivos que mayor cantidad de agua requiere”, advierten integrantes de El Barzón.

Además del nogal –denuncian los campesinos–, los productores de la región noroeste incrementaron el cultivo de alfalfa, que también requiere de grandes cantidades de agua. De acuerdo con la Semarnat, ellos exportaron en un año casi 16 mil toneladas a Estados Unidos.

Anomalías en la Conagua

El jueves 3, el líder de El Barzón, Gabino Gómez Escárcega, informó en rueda de prensa que el empresario Eugenio Baeza Fares ha sido beneficiado con la producción de nogales en esa región, además de grupos menonitas y de los LeBarón.

Entre los productores de la región circula la versión de que otro de los beneficiados había sido Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez, ejecutado en 2014 en la ciudad de Chihuahua y señalado como proveedor de César Duarte (Proceso 2154).

Entre los políticos cercanos al entonces mandatario de Chihuahua se encuentra Alex LeBarón González, quien fue diputado local durante el primer trienio de César Duarte; éste, más tarde, lo impulsó como delegado de la Comisión Nacional del Agua y luego como diputado federal por el Distrito 7. Actualmente es legislador en San Lázaro.

Como delegado de la Conagua en Chihuahua, LeBarón González otorgó y firmó 395 cartas para avalar la electrificación de pozos de diferentes personas (la mayoría, de menonitas), porque supuestamente estaba en proceso su aprobación.

Sin embargo, el actual delegado de la Conagua, Kamel Athie Flores, informó que esas cartas son apócrifas, ya que se trata de una zona de veda. Insistió en que esos pozos son ilegales.

El barzonista Joaquín Solorio Solís dio a conocer que Alex LeBarón emitió 395 cartas en sólo 20 horas para el aprovechamiento del acuífero Santa Clara. Además de los LeBarón, fueron favorecidos el panista Jorge Luis Issa González, secretario administrativo del Congreso del Estado, y cuatro de sus familiares: su hermano Miguel Ángel Issa González, su hijo Jorge Luis Issa Calderón, quien es coordinador administrativo y de servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, Tania Issa Chávez y Juan José Issa Torres.

Solorio Solís explicó que el pasado 30 de abril acudieron al predio de los LeBarón porque las autoridades no han actuado contra la sobreexplotación de pozos ilegales, pese a que realizaron mesas de análisis y negociación sobre el conflicto, pese a la información que tienen y a las denuncias interpuestas.

El uso irregular de esos pozos los deja sin agua para consumo ni para sus parcelas, afirman los del Barzón. Solorio detalló que la recarga del acuífero que surte a los LeBarón es de 137 mil millones de metros cúbicos, pero que están concesionados 251 mil millones de metros cúbicos, por lo que existe una sobreexplotación de 114 mil millones de metros cúbicos.

De acuerdo con Solorio, el problema está en que los LeBarón no pueden disponer del agua porque existe un decreto de veda, “por eso la autoridad (federal) determinó que nueve de los aprovechamientos detectados no tienen ninguna concesión, sólo una transmisión de volumen que fue viciada ante la Conagua”.

Mencionó que sospechan que los LeBarón y los menonitas, entre otros beneficiarios, están arreglados con autoridades como la Semarnat, la Conagua y la Profepa, porque estas dependencias federales no han actuado contra la operación de pozos de agua clandestinos.

Solorio recordó que en noviembre también ingresaron, junto con autoridades, al predio de Joel LeBarón y que éste salió a defender a su familia; también se presentó el activista Julián LeBarón y se comprometieron a dar una solución al conflicto.

El predio de Joel LeBarón y sus familiares es de 6 mil hectáreas desmontadas y alrededor de 200 hectáreas plantadas de nogal, aproximadamente, dice.

Joaquín Solorio explicó que hay otro predio, adelante del rancho de Joel LeBarón, que está en las mismas condiciones. Se trata del terreno de Eva Hart González, quien al parecer también está protegida por autoridades.

Clima extremo 

De acuerdo con un estudio presentado ante autoridades federales y locales, en 2011 el estado de Chihuahua sufrió una de las peores sequías de las últimas décadas.

Después de la escasez, hubo heladas atípicas en febrero de ese año: durante tres días las temperaturas disminuyeron hasta 17 grados bajo cero, fenómeno climatológico que no ocurría en el estado en los últimos 80 años, afectando a las cosechas y al ganado.

Así, durante los dos primeros meses de 2012 los productores de la organización de El Barzón decidieron realizar acciones para visibilizar la problemática que se estaba viviendo y acordaron acudir a la Ciudad de México en la denominada “Caravana del hambre”, consiguiendo que el gobierno federal emitiera un acuerdo para atender los efectos de la sequía en el norte de México, el cual consistió básicamente en el reconocimiento de la grave situación causada por los efectos del cambio climático.

Sin embargo, no sucedió nada más, las autoridades no actuaron y tres meses después del decreto de Felipe Calderón, documento que tenía el objetivo de atender los efectos de la sequía, se detonó el conflicto por el agua en Chihuahua, especialmente en la región de la cuenca hidrológica del Río del Carmen.

El problema escaló. El 22 de octubre de 2012 asesinaron a los líderes de El Barzón, al matrimonio compuesto por Ismael Solorio y Manuela Martha Solís Contreras.

Jorge González, habitante del ejido Constitución, dijo que ahí existen 900 familias que defienden el recurso del agua porque no tienen otra forma de sobrevivir, apenas subsisten con lo que logran cosechar.

Cristina Moncada, del mismo ejido, mencionó que últimamente se ayudan con lo que les envían sus familiares que trabajan en Estados Unidos. “Si no no teníamos ni para comer, si nos quitan lo poquito que tenemos, ¿qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? ¿A dónde se van a ir?”, lamenta.

Joaquín Solorio refirió que hace dos meses el gobernador Javier Corral se reu­nió con ellos y se comprometió a acudir a la Ciudad de México con una comisión ante las autoridades de la Conagua, pero eso no ocurrió. Cuenta que las diferencias actuales entre ambos gobiernos impiden que se reúnan para resolver el conflicto. “A nosotros eso no nos interesa, sólo que se aplique la ley de manera coordinada, porque si no se hace, no se solucionará el conflicto”.
Los LeBarón se defienden

El activista Julián LeBarón, primo de Joel Francisco LeBarón, uno de los propietarios del rancho que fue invadido el 30 de abril, informó que interpondrán denuncias penales contra los barzonistas porque quemaron una bodega, una vivienda, maquinaria, dos pozos y cerca de 6 mil nogales. 

Los daños ascienden a cerca de 1 millón de pesos, dice. De acuerdo con su relato, cinco días antes del ataque advirtieron al secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, que los barzonistas del ejido Constitución los habían amenazado.

Explicó que los agresores ingresaron al rancho en camionetas, tiraron árboles y golpearon a la gente que ahí se encontraba, les quitaron vehículos a los trabajadores para continuar con el derribo de los nogales.

En entrevista, Julián LeBarón responsabilizó al gobernador Javier Corral sobre los recientes hechos violentos, porque no ha atendido el problema. Además, retó a los barzonistas: “Si son pozos ilegales, que lo prueben. Para eso están las instituciones, pero nadie tiene derecho a quitar el esfuerzo del prójimo”.

Aceptó que dispararon contra los campesinos porque invadieron las tierras y con sus vehículos pretendieron atropellarlos.

El activista mormón calificó de absurdo que los ejidatarios y barzonistas llevaran niños y a sus familias para ir a destruir el rancho que ha sido propiedad de su familia por más de 35 años.

Este reportaje se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.

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