CAMPECHE, Camp. (apro).- El Equipo Indignación, colectivo de defensa de los derechos humanos, denunció que a casi un año del desalojo forzado de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala, las más de cien familias desplazadas permanecen asentadas en condiciones precarias en la franja fronteriza con México, por el incumplimiento de los acuerdos para el diálogo por parte del gobierno del país centroamericano. Esas familias guatemaltecas subsisten en un improvisado campamento que levantaron el 2 de junio de 2017 en la zona del municipio campechano de Candelaria, luego de que fueron desalojadas por la Policía Nacional y el ejército de Guatemala. Los activistas, que han acompañado a los desplazados desde que se asentaron en la frontera con México, informaron que el sábado 12 representantes del gobierno de ese país se presentaron en el campamento. Explicaron que la reunión se planteó como seguimiento a los acuerdos tomados el pasado 25 de abril en la capital de Guatemala entre representantes de los desalojados y del gobierno chapín. Dicho encuentro se dio como parte del seguimiento a la medida cautelar 36/2017 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en septiembre del año pasado a favor de la comunidad de Laguna Larga. Por parte del gobierno de Guatemala acudieron representantes de la Comisión Presidencial de Diálogo; Registro Nacional de las Personas (Renap); Fondo de Tierras; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República; Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, y Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh). Los activistas detallaron que el acta firmada en la comunidad, al término de la reunión, destaca como primer punto “que se falta al compromiso adquirido el pasado 25 de abril en la reunión efectuada en la oficina Fondo de Tierra en la ciudad de Guatemala, en la que manifestaron que se empezaría a dar cumplimiento a las medidas cautelares…”. Lo anterior, explicaron, es porque no se realizó la jornada médica comprometida, a pesar de las urgencias en materia de salud, ni el suministro de alimentos, y tampoco la propuesta de retorno o reubicación de manera que se pudiera formar una comisión para ir a verificar las condiciones de las tierras. Precisaron que en el acta se señaló que el único punto que se concretó fue la presencia del Registro Nacional de Población (Renap) para la regularización de los nacimientos en el campamento. Y recordaron que las medidas cautelares dictadas por la CIDH desde septiembre pasado -incumplidas aún- consisten en adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de todas las personas desplazadas, en especial de la infancia, lo que incluye: acceso a alimentación adecuada, salud, agua potable, alojamiento en condiciones adecuadas, acceso seguro a la zona que antes habitaban para recoger cosechas y pertenencias, educación y tratamiento médico. También, adoptar las medidas necesarias para proteger a la población desplazada ante posibles actos de violencia de terceros o del Estado y para continuar con los diálogos y consultas con las personas desalojadas para llegar a una solución duradera respecto de su situación. Además, la CIDH instruyó al gobierno guatemalteco a concretar las medidas e informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar y así prevenir su repetición. “No obstante, a casi un año del desplazamiento, luego de dos reuniones de trabajo efectuadas en períodos de sesiones de la CIDH y de varios encuentros realizados en la ciudad de Guatemala entre representantes de la comunidad y el gobierno guatemalteco, los funcionarios asistentes no llegaron con propuesta alguna para el retorno o la reubicación, sino sólo con el objetivo de levantar encuestas y censos sobre la situación de la comunidad”, acusó el Equipo Indignación. Agregó: “De especial gravedad resultó el hecho de que la representante de Copredeh dijo desconocer el contenido de las medidas cautelares y que la mayoría de los funcionarios y funcionarias presentes no tenían ninguna capacidad de decisión, sino sólo eran operadores para recabar datos sobre la población, a pesar de que ha transcurrido casi un año del desalojo y de que se han efectuado ya múltiples censos sobre la población desplazada”. Denunció que tampoco se presentó la brigada médica prometida, no obstante que la comunidad vive una situación de precariedad, aunado a más de 20 niños en el contexto del desplazamiento han nacido este año. Los activistas expresaron su preocupación “por el hecho de que los funcionarios del Fondo de Tierras, además de desconocer la situación del desalojo, hicieron firmar a los habitantes solicitudes individuales de tierras, cuando el reclamo ha sido, desde el momento del desalojo, que la restitución y reparación hacia Laguna Larga tendría que darse como pueblo y no de manera individualizada”. Lo sucedido demuestra que el gobierno guatemalteco tiene un doble discurso. “Por un lado, frente a la CIDH señala que está dando cumplimiento a las medidas cautelares, y por el otro, frente a la comunidad y en los hechos, ha dado muestras que podrían interpretarse como desprecio, pretendiendo desgastar a la comunidad con trámites burocráticos que poco abonan a la resolución del conflicto de fondo, que es retorno, reparación y justicia”. Manifestaron que todas las irregularidades se asentaron en un acta comunitaria que fue firmada por los funcionarios y los representantes de la comunidad, y como testigos fungieron integrantes del Equipo Indignación y de Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz). También recordaron que en agosto pasado la CIDH realizó una visita in loco al campamento de desplazados, y desde septiembre, al emitir las medidas cautelares, estableció que a prima facie (primera vista) se observa que los derechos a la vida e integridad de esas familias se encuentran en situación de gravedad y urgencia. Por ello, los activistas advirtieron que “prolongar estas condiciones aumenta el riesgo para la vida y genera la continuación de violaciones a los derechos humanos de familias, entre las que se encuentran niños, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad”. Finalmente, exigieron al gobierno de Guatemala cumplir sus obligaciones “en materia de derechos humanos, en materia de desplazamientos forzados, en materia humanitaria, así como las medidas dictadas por la CIDH y los acuerdos tomados junto con la comunidad”.