Un monstruo financiero encerrado en la nave industrial de Anaya

En 2012 el PRI, encabezado por Enrique Peña Nieto, regresó al poder bajo sospecha de haber realizado triangulaciones financieras ilegales para la compra del voto. En pleno proceso electoral de 2018, una entidad financiera federal detectó un complejo entramado de constitución de empresas que comparten accionistas, se otorgan créditos millonarios y no parecen involucrarse en negocios ajenos a ese grupo. Lo delicado es que en ese círculo desempeña un importante papel Manuel Barreiro, el amigo del candidato presidencial Ricardo Anaya, y ahí mismo desemboca la operación de compraventa de su nave industrial en Querétaro.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como en 2012, el fantasma del lavado de dinero ronda el proceso electoral. Esta vez los protagonistas son tres bancos mexicanos, dos extranjeros y por lo menos ocho empresas del país con los mismos accionistas, incluyendo a Manuel Barreiro Castañeda, amigo y operador de la venta de la nave industrial del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

De acuerdo con un informe del área financiera del gobierno federal que consta de 16 cuartillas, las triangulaciones para la compraventa de esa nave industrial ubicada en Querétaro y que fuera propiedad del candidato presidencial “generan sospecha de un posible lavado de dinero”.

El documento establece que la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe intervenir, pero sobre todo se debe “identificar el origen de los recursos enviados por Didelfut de Jalisco S. de R.L. de C.V. a las empresas Mas Sailing y Kross Equity desde cuentas de Monex”.

Proceso indagó sobre Didelfut de Jalisco y Tesorem, el vehículo financiero utilizado para recibir y otorgar los créditos con los que un prestanombres de Manuel Barreiro adquirió en julio de 2017 la nave industrial que Ricardo Anaya compró en 2014. El candidato del PAN-PRD-MC compró el predio en poco más de 10 millones de pesos y lo vendió en 54 millones.

Lo que se detectó es, primero, que los accionistas de Tesorem y Didelfut de Jalisco son los mismos; segundo, que ellos participaron en la creación de otras seis empresas, las cuales se cedían acciones entre sí; tercero, que en una de ellas se asentó la autorización para pedir a Bancomext un crédito de hasta 200 millones de pesos, mientras que al Banco del Bajío le pidieron esa misma cantidad a crédito simple.

Todas las empresas que intercambian acciones entre sí tienen algo en común: Manuel Barreiro Castañeda.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2169, ya en circulación

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