CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el llamado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto para “poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que desde febrero pasado a la fecha tiene un registro de 31 víctimas de ese delito de lesa humanidad en el municipio fronterizo. El organismo nacional dio a conocer las acciones realizadas a partir de las 21 quejas recabadas, que corresponden a la desaparición de 29 hombres y dos mujeres, reportándose siete menores de edad, entre ellos una niña. De acuerdo con la información publicada por Proceso (número 2166), la ciudad fronteriza ha registrado abusos de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), entre los que se identifican detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias. Sobre las denuncias, en un comunicado la CNDH señaló que, tras iniciar investigaciones por cada una de las quejas, solicitó información a la Semar, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT); la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la presidencia municipal de Nuevo Laredo. De acuerdo con el organismo, en seis ocasiones el personal ha estado en dicha ciudad “recabando testimonios, entrevistando a autoridades y realizando trabajo de criminalística, medicina forense e inspección ocular de diversos lugares de hechos”, además de brindar apoyo psicológico a los familiares de las víctimas y ser observadores en reuniones entre víctimas y autoridades. Tras asegurar que, “en sendas ocasiones”, visitadores adjuntos acudieron a las dos bases navales que hay en Nuevo Laredo y una más en la población de Colombia, Nuevo León, la CNDH recordó que emitió medidas cautelares dirigidas a la Semar para que se instruya al personal naval desplegado en Tamaulipas a “que toda diligencia o actuación que sea practicada, se lleve a cabo con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, y cualquier uso de la fuerza pública se haga con apego a los principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y proporcionalidad”. En las medidas cautelares pidió que en la ejecución de órdenes de cateo se apeguen al ordenamiento de la autoridad administrativa civil, así como que en los operativos realizados por los marinos “no se incurra en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, trato cruel y/o degradante, tortura, ni imputación indebida de hechos, así como se respete la integridad personal y la vida”. Según el comunicado, la CNDH también solicitó a la Semar que el personal desplegado en Tamaulipas evitara causar daños a los bienes de civiles, “ni se incurra en sustracción de objetos y todo aquello que sea recabado de dichos inmuebles sea puesto inmediatamente a disposición de la institución ministerial”. Además, instruyó a que las personas que sean detenidas en probable flagrancia sean puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación y no sean conducidas a instalaciones navales, así como que toda actuación “sea videograbada con fundamento en el Manual del Uso de la Fuerza, Aplicación Común de las Fuerzas Armadas”. La CNDH apuntó que las medidas cautelares fueron reiteradas, una vez que la representación del Alto Comisionado en México, ONU-DH le notificó de la desaparición de seis personas más después de la emisión del primer llamado a la Semar. El organismo agregó que también emitió medidas cautelares a la PGR para que el personal de su delegación en Nuevo Laredo se conduzca conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “para toda diligencia o actuación”, con la finalidad de llevarlas a cabo “de manera inmediata, con prontitud, imparcialidad y profesionalismo”, que se dé acceso a las carpetas de investigación a familiares de víctimas y sus representantes, que se dé copia de las mismas a representantes de la CNDH y, que en caso de la localización de cuerpos sin vida o restos, se proceda a conforme a la ley general. Por último, informó que las medidas fueron notificadas a la Secretaría de Gobernación (Segob) y reiteró a las autoridades que deben “ceñirse al respeto a los derechos humanos y que continuará con la investigación de los hechos, a cuyo término emitirá la resolución que corresponda”.