CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo Rioboó rechazó las acusaciones que le endilgó el candidato presidencial de la alianza “Por México al frente”, Ricardo Anaya, al señalar que la empresa fue beneficiada con contratos directos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la capital del país. En un comunicado, afirmó que “por convicción y compromiso” con México jamás ha aceptado, ni aceptará, participar en actos indebidos ni de corrupción, y por tanto –advirtió--cualquier afirmación en contrario “es falsa, malintencionada que, de reiterarse, tendrá que acreditarse y probarse en juicio.” El grupo encabezado por el ingeniero José María Rioboó Martín, refirió que durante el debate del martes pasado Anaya “señaló falsamente” que el grupo fue favorecido, sin licitación, al recibir contratos por más de 150 millones de pesos. Aclaró primero que Grupo Rioboó es contratista y jamás han construido físicamente nada, que desde 1978 ha trabajado con diferentes administraciones surgidas de diferentes partidos políticos y con las que ha tenido “un trato institucional” y sin que recibiera algún tipo de trato preferencial por parte de cualquier autoridad del gobierno. “Por lo tanto, se niega categóricamente haber recibido algún beneficio o trato preferencial, distinto a los otros participantes”. Respecto del periodo al que aludió Anaya, de 2000 a 2005, precisó que las empresas que forman Grupo Rioboó participaron en diversos procesos de asignación de contratos públicos, ya fueran licitaciones o asignaciones directas, en los ámbitos federal, estatales, municipales y en el entonces Distrito Federal. También, abundó, Rioboó desarrolló proyectos para diversos grupos empresariales y de servicios, todos ellos de carácter privado. “En todos ellos se participó dentro de las reglas y normas establecidos por quienes solicitaron los servicios de las empresas del grupo, en igualdad de circunstancias y dentro del marco de la ley. Nuestro actuar siempre ha sido legal”, subrayó. Explicó que, en el caso de las licitaciones y asignaciones directas, realizadas por las dependencias del entonces Gobierno del Distrito Federal, relacionadas con los viaductos elevados diseñados, el grupo realizó los estudios topográficos, de Mecánica de Suelos, sismológicos; los diseños y cálculos geométricos, estructurales, de todos los elementos que lo conforman, así como otros estudios necesarios para asegurar su funcionalidad y su resistencia. Y afirmó que en el proyecto de los “segundos pisos”, el gobierno otorgó vía asignación directa, debido a que “resultaba la solución más económica y conveniente al interés público; y esta sólo podía ser otorgada al Grupo debido a que los modelos prefabricados están protegidos por patentes y modelos de utilidad regulados por la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual. Por lo anterior, podemos concluir que la asignación realizada por el entonces Gobierno del Distrito Federal fue legal”. Grupo Rioboó hizo hincapié en que no realizó ningún tipo de construcción, pues no es el objeto de ninguna de las empresas que lo integran. “Solamente entregamos estudios, planos, especificaciones bastante detalladas dado el tipo de proyecto”, apuntó. Para los “segundos pisos” subsecuentes: Viaducto Bicentenario en el Estado de México y las Autopistas Urbanas Norte y Sur, Rioboó refirió que fue contratado directamente por las empresas privadas que ganaron la construcción y las concesiones, “sin intervención de ninguna autoridad”. Las autopistas urbanas norte y sur, añadió, fueron diseñadas por el Grupo para diferentes organizaciones, “por méritos propios” en comparación con otras soluciones. Sobre la participación del Grupo en los procesos licitatorios relacionados con el “Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, destacó que el proyecto presentaba retos de “alta complejidad”, que Grupo Rioboó y sus empresas cuentan con soluciones para afrontarlos y forma parte del proceso licitatorio, “junto con un grupo con empresas de altísimo nivel”. Sin embargo, señaló, como pasa en muchos procesos licitatorios públicos y privados, la autoridad determinó que no continuaría en el mismo y Rioboó “asumió con responsabilidad la resolución”, determinó no impugnarla ni presentar recurso alguno a los que “legalmente” tenía derecho, señaló. “Después fuimos invitados a otro reto, por parte del hoy candidato Andrés Manuel López Obrador, para encontrar una solución alternativa, más barata y menos compleja, que sirviera como un nuevo centro aeroportuario para el país, que pudiera brindar los servicios requeridos con una inversión que fuera menos costosa para el erario”, relató. Así, concluyó, en un esfuerzo meramente científico, se realizó un estudio técnico, basado en una “profusa investigación y análisis”, que a la postre fue publicado y difundido a través de la casa editorial Porrúa, con la finalidad de difundir la visión y respuesta del grupo a “un problema real y vigente de nuestro querido México”.