Pide vocero de seguridad a autodefensas en Guerrero no portar armas prohibidas por la ley

Marcha del nuevo grupo de autodefensa en la comunidad de Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos), municipio de Leonardo Bravo en la Sierra de Guerrero. Foto: Especial Marcha del nuevo grupo de autodefensa en la comunidad de Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos), municipio de Leonardo Bravo en la Sierra de Guerrero. Foto: Especial

CHILPANCINGO. Gro., (apro).- El vocero en temas de seguridad del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, solicitó a la nueva guardia comunitaria surgida en la Sierra (Policía Ciudadana de Autodefensa) que se abstenga de utilizar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

A través de un comunicado Álvarez Heredia expresó: “La posición del gobierno estatal es que estos grupos de civiles armados tienen que estar sujetos escrupulosamente a lo que establecen las leyes y que de ninguna manera porten armas del Ejército. Si son respetuosos de los derechos humanos, en reciprocidad, las instituciones serán respetuosas del surgimiento de estos grupos”.

Esta semana, comisarios de poblados de los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango) anunciaron la conformación de un grupo de autodefensa.

Las autoridades municipales denunciaron la ausencia de autoridades en la Sierra y conformaron la Policía Ciudadana de Autodefensa.

En los últimos enfrentamientos armados registrados en esa zona colapsada por la narcoviolencia, autoridades ministeriales han decomisado armas largas como AK-47, AR-15, granadas y hasta camionetas clonadas del Ejército.

Actualmente, esta zona de la entidad donde se produce la mayor cantidad de heroína en el país y se encuentra el cinturón de oro del Río Mezcala que es disputada por el cartel del Sur, afincado en Chichihualco y dirigido por Isaac Navarrete Celis “El Señor de la I” y la banda que lidera Onésimo Marquina “El Necho”, cuyo bastión está en Tlacotepec y Mezcala, indican reportes oficiales.

Desde abril de 2017, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió una iniciativa de decreto al Congreso local con el propósito de reformar la Constitución estatal para desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular. El decreto  se mantiene congelado en la comisión de Asuntos Constitucionales.

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