CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Chihuahua acordó con habitantes del ejido Sacramento que, para no pagar cada día la cuota que se cobra en la caseta instalada en el lugar, transitaran por un camino vecinal alterno. No obstante, anoche las autoridades construyeron un muro en ese lugar para evitar el paso de los pobladores, quienes hoy intentaron derribaron, pero fueron golpeados y reprimidos por las fuerzas policiales de la Fiscalía General del estado (FGE). Además, los agentes estatales aprehendieron a líderes sociales de la organización Asamblea Popular Comunitaria y a habitantes del ejido Sacramento, ubicado a unos 25 kilómetros de la capital de Chihuahua. Se trata de Óscar Marrufo Guzmán, José Fidel Chávez Leyva, Benito Espinoza Espinoza, Emmanuel Sosa Núñez y René Gardea Montoya. También fue detenida Alina López Hernández, pero se desconoce su paradero. Sólo se ubicó su automóvil en las instalaciones de la Dirección de Vialidad y Tránsito. Entre las personas arrestadas se encuentra un menor de edad, quien resultó severamente golpeado y supuestamente fue liberado horas después. La Asamblea Popular Comunitaria está representada por Fernando Flores, quien ante medios locales señaló que al parecer estaban integrando carpetas de investigación para detener a miembros de esa organización. Esta tarde, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, llamó a la cordura a los pobladores de Sacramento y les pidió buscar el diálogo para resolver el conflicto por la caseta de peaje. Tras señalar que los actos de la autoridad deben cuestionarse por los medios legítimos, subrayó: "Sería importante que, si hay alguna inconformidad, ésta se externara por los cauces legales. Desde luego, la Secretaría de Gobernación está totalmente abierta para reconocer los puntos de vista, tanto la Secretaría de Hacienda, de donde depende la caseta, como de los pobladores". Sobre las detenciones, el funcionario se negó a hacer cualquier comentario, y agregó: "Yo no adelantaría nada, simplemente hay una situación que corresponde al Estado llevar a cabo, lo cual realizó. Y en ese sentido habrá que respetarse (...) Pero no quisiéramos llegar a esos extremos. Siempre el diálogo será el mejor camino para encontrar soluciones. Y en el caso de la caseta de Sacramento, con los pobladores del ejido, sería conveniente llevarlo a cabo". De acuerdo con Jáuregui Robles, el conflicto derivó de abusos en el censo levantado para entregar tarjetas con descuento, porque los propios pobladores quisieron integrar en ese beneficio a personas que no eran del lugar o que no cubrían los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda, sin embargo, dijo, las tarjetas ya entregadas serán respetadas. El funcionario sostuvo que ya había un entendimiento respecto de la repartición de tarjetas preferenciales, pero se hizo “un excesivo reclamo y exigencia que cayó en el abuso”, y es por eso que tomaron la decisión de colocar el muro.