MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) fijo un plazo de 10 días a los 106 ayuntamientos para informar sus avances en el cumplimiento de la Recomendación General No. 6 que les giró en 2014 por la situación de los detenidos en las cárceles públicas de la entidad. El organismo señaló que, en la Recomendación, que contiene siete puntos, destacan las acciones tendientes a procurar la vigilancia continua en las celdas de las cárceles municipales para impedir que las personas detenidas atenten contra su integridad personal o su vida y/o de las demás personas ahí confinadas. Mediante el oficio que giró a las alcaldías, recordó que desde 2014, cuando se emitió la citada Recomendación, a la fecha, se han documentado seis quejas por fallecimientos en cárceles públicas. Sobre dichos casos, la Codhey abrió los expedientes 79/2014 y 13/2017 por muertes en la cárcel de Umán; 116/2016 en Temax;  22/2017 en Dzidzantún; 107/2018 en Baca; y 08/2018 en Teabo. Por ello, también solicitó adoptar programas de prevención de suicidios y garantizar que todos los fallecimientos, sin importar la causa, sean investigados a fin de establecer la responsabilidad penal de los autores. El secretario ejecutivo y encargado de la presidencia de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, instó a las autoridades municipales a cumplir con la recomendación para garantizar la seguridad y dignidad de las personas detenidas en las prisiones a su cargo. Así mismo, llamó a las autoridades electas que asumirán el cargo en las próximas semanas, a acercarse a la Codhey para trabajar de manera coordinada la capacitación de los agentes de las policías municipales, así como los requerimientos para cumplir con las condiciones básicas que se requieren para el funcionamiento de las cárceles públicas. Los siete puntos señalados en la Recomendación son: adoptar medidas necesarias para salvaguardar la salud de los detenidos, proveer los medios y elementos necesarios para contar con las bitácoras de registro y procurar la existencia de personal suficiente y con vigilancia continua para evitar que las personas detenidas en las celdas realicen actos que atenten contra su integridad personal o su vida y/o de las demás personas detenidas. También se pide capacitar al personal que intervenga en la custodia o trato de las personas detenidas; respetar a las personas detenidas; y atender las condiciones estructurales, sanitarias y de higiene de las cárceles municipales, evitando el hacinamiento y la separación de las personas detenidas de acuerdo a su sexo y edad. Otros puntos recomendatorios son la adopción de programas de prevención de suicidios; garantizar que todas las muertes que ocurran en las cárceles municipales, independientemente de su causa, sean sujetas a una investigación seria, imparcial y diligente, a fin de establecer la responsabilidad penal de los autores. Por último, analizar la normatividad municipal respecto a la función policial y al funcionamiento de las cárceles municipales, para apegarse a los instrumentos internacionales, disposiciones Constitucionales, federales y estales respecto a las personas detenidas.