COLIMA, Col. (apro).- En menos de diez horas, en un procedimiento calificado por la oposición como desaseado, el Congreso local llevó a cabo este viernes todas las etapas para el nombramiento de un magistrado y un comisionado faltantes en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Colima (Infocol), respectivamente. Para tal efecto, la legislatura —todavía controlada por la fracción del PRI y sus aliados— convocó a dos sesiones ordinarias, la primera de ellas por la mañana con duración de escasos minutos para dar entrada a las propuestas que hoy envió el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y la segunda por la tarde para aprobar los nombramientos, con la apertura, al final, de un espacio solemne para tomar protesta a los nuevos servidores públicos. En el lapso intermedio entre ambas sesiones, los legisladores se entrevistaron con Mario de la Madrid Andrade, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, exfuncionario del gobierno estatal, —el primero propuesto para magistrado del STJE y el segundo para comisionado del Infocol— y elaboraron los dictámenes aprobatorios. Para tener posibilidad de tomarles esta misma noche la protesta al magistrado y al comisionado, los diputados determinaron que los dictámenes entrarían en vigor desde el momento de su aprobación, con la indicación de que posteriormente deberían ser publicados por el Poder Ejecutivo en el periódico oficial El Estado de Colima. En los dos casos, el procedimiento fue cuestionado por las diputadas Martha Leticia Sosa Govea, del PAN; Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano; y Verónica Lizeth Torres Rolón, del Partido del Trabajo, así como por el legislador panista Alejandro García Rivera, quienes plantearon en la tribuna la necesidad de disponer de más tiempo para analizar los perfiles y revisar el cumplimiento de la legalidad. Sosa Govea y Zepeda Mesina dijeron no entender la premura para aprobar las propuestas del Ejecutivo, aunque advirtieron que sería lamentable que la razón sea el inicio del periodo vacacional de los trabajadores, quienes “tienen derecho” a esa prestación, pero los legisladores debemos seguir trabajando. García Rivera, a su vez lamentó que el Congreso esté convertido en una “oficialía de trámites” al servicio del Poder Ejecutivo. Respecto del nombramiento de Mario de la Madrid Andrade como nuevo magistrado del STJE, los diputados y diputadas reconocieron sus méritos académicos y profesionales para ocupar ese puesto, pero los opositores discreparon de los vicios atribuidos al procedimiento, lo que “empaña” su llegada al puesto. En relación con la propuesta de Yáñez Centeno en el Infocol, las diputadas Sosa Govea y Zepeda Mesina denunciaron la existencia de un conflicto de interés, dado que previamente era secretario técnico de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, instancia que coordinó una de las etapas de selección de aspirantes. Otra de las críticas tuvo que ver con el hecho de que se dio escasa difusión a la convocatoria para la inscripción de aspirantes al puesto y únicamente se recibieron solicitudes durante dos días. Ningún diputado priista defendió en la tribuna los nombramientos, el único que lo hizo fue el legislador del PVEM, Nabor Ochoa López, aliado del PRI.