CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó hoy una resolución para condenar “enérgicamente” las violentas represiones que perpetró el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua contra manifestantes, en las que más de 351 personas -entre ellas 27 menores de edad- perdieron la vida, según organizaciones locales. La resolución, presentada por nueve delegaciones -entre ellas las de México, Estados Unidos, Brasil y Colombia-, llamó al restablecimiento de un ambiente pacífico “de buena fe” y exigió al gobierno de Ortega que respete el calendario electoral acordado durante el proceso de Diálogo Nacional. A través de la declaración, el Consejo Permanente de la OEA condenó los ataques y las violaciones a los derechos humanos “perpetrados por policías, grupos de parapolicías y otros” e hizo énfasis en las agresiones contra los universitarios y los sacerdotes católicos. La resolución, aprobada por 21 países miembros y rechazada por los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y la Isla de San Vicente, también instó a Managua a aceptar la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –como el que derrumbó la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa- para investigar las acciones de violencia ejercidas por el gobierno contra los manifestantes. Tras la represión a las protestas contra una impopular reforma del Seguro Social, hace tres meses, se multiplicaron las manifestaciones de repudio a Ortega en varias ciudades del pequeño país centroamericano. Ayer, alrededor de mil 500 elementos policiacos y paramilitares asaltaron a Masaya, tomada por insurgentes. De acuerdo con la Asociación Nicaraguense Pro Derechos Humanos (ANDPH), las represiones causaron la muerte de más de 351 personas, y la Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) reportó que 27 de ellas eran menores de edad. El gobierno de Ortega, por su parte, justifica sus acciones represivas al tachar a los manifestantes como terroristas o golpistas de derecha. De hecho, el Consejo Permanente de la OEA rechazó una propuesta de resolución de Managua, en la que se solicitó “el respeto a la autodeterminación del Estado de Nicaragua para que se puedan restaurar la paz y la seguridad sin ningún tipo de interferencia”. Este documento planteó que existen “evidencias de un Plan Terrorista implementado con el objetivo de realizar un Golpe de Estado para derrocar el gobierno de Nicaragua legítimamente constituido”.