De acuerdo con organizaciones de periodistas, no basta que la administración federal decida reducir el gasto en la publicidad oficial que se destina a los medios de comunicación. Lo ideal, dicen, sería que el próximo gobierno aclare cómo se va a distribuir la pauta de los anuncios gubernamentales, algo que tendría que acompañarse de un cambio real en la relación entre poder y medios para garantizar la libertad de expresión. Incluso la ONU y la CIDH han expresado su interés en el asunto, especialmente después de la aprobación de la peñanietista Ley Chayote. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno reducirá a la mitad los recursos en publicidad oficial fue bien recibido por quienes durante años han peleado por transparentarlos. Pero entre ellos hay un temor: que la centralización del gasto y de la comunicación social en la Presidencia terminen por reproducir la discrecionalidad con que las administraciones del PRI y del PAN han manejado esos recursos para controlar a los medios. La herramienta actual para continuar este mismo esquema –que mantendrá su vigencia en el próximo gobierno– es la Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría del PRI en la saliente legislatura y que entrará en vigor en enero de 2019. Esa ley terminó siendo conocida como Ley Chayote, porque legalizó el uso discrecional de la publicidad para premiar o castigar a los medios. El colectivo #MediosLibres, integrado por organizaciones no gubernamentales, periodistas y académicos, le ha solicitado a López Obrador y a los próximos legisladores derogar esa Ley Chayote, que además está impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para #MediosLibres hay un camino avanzado: entre quienes impugnaron la ley ante la SCJN –por considerar que viola la Constitución– están actuales senadores que en la próxima legislatura serán diputados. Además, el próximo senador morenista por el Distrito Federal, Martí Batres, tuiteó la semana pasada que la reducción al gasto de publicidad anunciado por López Obrador debe estar acompañado de los nuevos criterios de asignación que establezca la siguiente legislatura. Encabezado por Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, el colectivo intentó en la actual legislatura que los diputados y senadores aprobaran una ley de publicidad oficial conforme a los criterios internacionales de transparencia y rendición de cuentas. Obligado por un fallo de la SCJN, que le concedió un amparo a Artículo 19, el Congreso tuvo que legislar. Pero aprobó una ley a modo luego de las maniobras del PRI y sus aliados para hacer mayoría, desoyendo no sólo a la oposición, a la sociedad civil y las consideraciones de la sentencia de la Suprema Corte, sino también al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Proceso 2165). Los legisladores también desestimaron los llamados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para elaborar una ley según los principios aceptados internacionalmente a fin de garantizar la libertad de expresión y sin que la publicidad oficial sea un mecanismo de censura o premio. El jueves 19 #MediosLibres se pronunció a favor de la reducción del 50% del gasto en publicidad oficial anunciado por López Obrador como parte de su plan de austeridad y combate a la corrupción. Pero al mismo tiempo expresó su preocupación por la centralización del gasto y de la comunicación social del gobierno desde la oficina presidencial. El grupo advirtió en un comunicado que la centralización del gasto es un riesgo para el control de la información, por lo que propone la creación de un ente autónomo que no afecte la libertad de expresión con el reparto de la publicidad oficial. Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2177, ya en circulación.