Israel oficializa su versión del “apartheid”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ni siquiera en 1948, cuando se fundó, el Estado de Israel había mostrado tan claramente su rostro fascista como el jueves 19, cuando se aprobó la Ley del Estado-Nación, que elimina la igualdad étnica, religiosa y lingüística –existente en la letra de sus preceptos básicos–, indispensable para permitir la convivencia con los musulmanes y cristianos, a quienes de plano se les niega el derecho a la autodeterminación. Para algunos se trata nada más que de la oficialización de una situación de hecho; para otros es la renuncia definitiva de ese país a ser una democracia.

La postura de Benjamín Netanyahu y sus ministros es tan absoluta como siempre: cualquier comparación directa o indirecta de sus políticas hacia los palestinos con el apartheid –el sistema de separación étnica del régimen racista sudafricano anterior a 1994– no es un argumento digno de consideración, sino un ataque infundado contra la existencia misma del Estado de Israel, y por lo tanto debe ser invariablemente combatida.

La aprobación de una ley que reforma principios básicos de Israel, sin embargo, está generando una fuerte reacción adversa de alcance global, tanto a escala de gobiernos nacionales como dentro de la diáspora judía, y en buena medida se dirige a advertir que esta legislación crea las condiciones para consolidar una situación similar a la de la Sudáfrica de dominación blanca o a las de países donde la mayoría de los habitantes les impone legalmente a las minorías una calidad de segunda clase, como les ocurre a los kurdos en Turquía y a los uigures en China.

Como lo presenta Aida Touma-Sliman, diputada ante el Knesset (Parlamento) israelí, en el titular de un artículo publicado en The Guardian: “Netanyahu será conocido como el primer jefe de gobierno del apartheid israelí”. O como lo pone, de manera más íntima y dolorosa, el reconocido director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim, también en la cabeza de un texto que reprodujeron los principales diarios de Europa y el israelí Haaretz: “¿Por qué hoy me avergüenzo de ser israelí?”.

La ley elimina preceptos establecidos en la fundación del país, hace 70 años: el de la igualdad étnica, religiosa y lingüística –necesaria para permitir la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos– y el de la equivalencia de los idiomas hebreo y árabe.

Para algunos se trata nada más que de la entronización legal de una situación preexistente. Otros lo ven como la renuncia definitiva de Israel no sólo a una solución al conflicto con los palestinos, sino también a ser un Estado democrático.

Porque no se trata de una ley que afecte a los palestinos de los territorios ocupados, que carecen de derechos dentro del Estado de Israel por no formar parte del mismo; el tema es que del derecho a la autodeterminación se excluye a uno de cada cuatro ciudadanos de Israel, por el hecho de no ser judíos.

Letra muerta

La guerra de 1948 dio lugar a la partición del entonces territorio británico de Palestina y a la expulsión de cientos de miles de palestinos de la zona que hoy es Israel.

Sin embargo, muchos palestinos lograron quedarse en sus casas.

El problema de cómo construir un Estado en un lugar con tantas disputas fue uno de los centrales en los debates de las organizaciones judías de la época.

En el párrafo 12 de la Declaración de Establecimiento del Estado de Israel –emitida el 14 de mayo de 1948 por David Ben Gurión y los llamados “padres fundadores”–, se afirma que el Estado “se consagrará al desarrollo de este país en beneficio de todos sus habitantes; se basará en los principios de libertad, justicia y paz, de acuerdo a la visión de los profetas de Israel; reconocerá la plena igualdad de derechos sociales y políticos para todos sus habitantes, con independencia de su religión, raza o sexo; garantizará la libertad de religión, conciencia, idioma, educación y cultura”.

Tres párrafos después los firmantes convocan “a los habitantes árabes del Estado de Israel a preservar la paz y participar en la construcción del Estado con base en un derecho de ciudadanía pleno e igualitario, y en la debida representación en todas sus instituciones”.

A lo largo de décadas, las minorías étnicas y religiosas se han quejado del incumplimiento de estos compromisos. De entrada en el plano económico, pues se acusa al gobierno de no invertir proporcionalmente lo mismo en el desarrollo de las áreas judías que en el de las árabes y de otros sectores (con la excepción del segundo periodo de Isaac Rabin como primer ministro –1992-95–, cuando se hizo un esfuerzo para mejorar su situación, en el marco de los diálogos de paz de Madrid y Oslo con los palestinos).

A principios de este mes se presentó en el Knesset un informe con indicadores de las disparidades existentes en el tema clave de la salud: la esperanza de vida de los judíos es de 82 años contra 79 de los árabes; esta distancia crece entre las mujeres, con 84.5 para las judías y 80.9 para las árabes; la mortalidad infantil es de 2.2 por mil entre los bebés judíos, salta a 6.6 por mil entre los árabes y llega a 11.1 por mil entre los beduinos; y las fatalidades se elevan de 14% para los diabéticos judíos a 32% para los árabes.

Igualmente se ha denunciado que hay campañas para no vender o rentar casas ni tierras a árabes con ciudadanía israelí, que las autoridades les niegan sistemáticamente la entrega de permisos de construcción, les derriban las edificaciones precisamente por no contar con tales permisos e incluso los diputados de origen árabe son frecuentemente sujetos a silenciamiento o sanciones dentro del Knesset.

Tales diferencias y malos tratos, sin embargo, están muy lejos de ser equivalentes a un apartheid, sostuvo Benjamin Pogrund, un israelí que vivió en la Sudáfrica racista y es autor del libro Drawing Fire. Investigating the Accusations of Apartheid in Israel, en un artículo publicado en marzo de 2017 en el New York Times.

“A diferencia de los sudafricanos no blancos durante el apartheid”, argumentó, “los árabes israelíes pueden votar y disfrutan de plenos derechos ciudadanos”.

Autodeterminación negada

La acusación de apartheid no se limita a la situación de los ciudadanos israelíes de origen árabe. De hecho es presentada sobre todo con respecto a los palestinos que habitan en los territorios ocupados por Israel, que viven sujetos a un régimen militarizado que limita sus movimientos –encerrándolos tras muros hasta de nueve metros de altura–, los somete a abusos cotidianos, pone en entredicho su derecho a la vida y otras libertades básicas, los somete a confiscaciones de tierras y los expone a los ataques y despojos por parte de grupos de colonos judíos.

Pero si estos extremos no alcanzan a los árabes israelíes, el jueves 19 vieron que su estatus legal se aproximaba al de sus hermanos de Cisjordania y Gaza, al ser votada y aprobada la negación de su derecho a la autodeterminación.

Se hicieron algunas modificaciones de compromiso, porque el presidente, Reuven Rivlin, y el fiscal general, Avichai Mandelblit, habían presentado objeciones por la exclusión categórica de ciertos sectores de la ciudadanía.

Finalmente, por 62 votos contra 55 y dos abstenciones (de un total de 120 parlamentarios), quedó establecida la Ley del Estado-Nación: “es un momento determinante en la historia del sionismo y del Estado”, celebró Netanyahu.

Destinada a formar parte de las leyes básicas (que a falta de constitución, cumplen el papel de Carta Magna), esta normatividad establece que la única lengua oficial del Estado de Israel es el hebreo, retirándole ese reconocimiento al idioma árabe.

También cambia el principio de la Declaración de Independencia de garantizar el progreso de todos los habitantes por otro que se enfoca sólo en un sector de ellos: “El Estado considera el desarrollo del establecimiento de los judíos como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y su consolidación”.

Y el punto más polémico es el que afirma que “el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío”.

Esto no anula el derecho de los no judíos a votar y ser votados, pero sí establece las bases para negarles la participación en la toma de las decisiones fundamentales del Estado. Sin precisar, además, con qué criterios se determinará cuáles son estas decisiones, lo que las deja en un ámbito de discrecionalidad.

De acuerdo con el Sumario Estadístico de Israel 2016, la parte de la población reconocida como judía –es decir, la que retiene el derecho a la autodeterminación– es de 74.71%.

A quienes se lo han retirado son 17.66% musulmanes, 1.95% cristianos, 1.61% drusos y 4.07% marcados en el cuadro “otros/desconocido”, que equivalen a 1.8 millones de personas: uno de cada cuatro habitantes.

Racismo evidente

El gobierno israelí no considera que esto altere nada esencial del Estado. Netanyahu insiste en sostener uno de los argumentos más reiterados a lo largo de la historia del país: el del carácter único, superior moralmente, que desde su punto de vista distingue a Israel en la región.

Después del voto a favor de la ley, Touma-Suleiman, de la alianza izquierdista Hadash, interceptó a Netanyahu en el estacionamiento del Knesset para decirle que pasaría a la historia como “el primer jefe de gobierno del apartheid israelí”. “¿Cómo se atreve a hablar así de la única democracia en Medio Oriente?”, le respondió el político derechista.

Casi la mitad del Knesset se opuso a esta reforma. Shelly Yachimovich, líder de la Unión Sionista, declaró en tribuna que se trata de “una ley racista que fomenta el nacionalismo envilecido”. El parlamentario árabe Ayman Odeh declaró que se trataba “del fin de nuestra democracia” y que “se ha aprobado una ley de supremacía judía” que pretende “que seamos para siempre ciudadanos de segunda clase”.

Fuera del hemiciclo también protestaron otras voces destacadas de la sociedad, tanto en sectores laicos (se trata de una “ley patriotera y divisoria” que “avergüenza innecesariamente a Israel”, sostuvo Yohanan Plesner, del Instituto Democracia Israel) como religiosos (“el daño que causará esta nueva ley a la visión sionista, y los valores de Israel como Estado democrático y judío, es enorme”, declaró el rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista).

Es una legislación que busca “la superioridad étnica mediante la promoción de políticas racistas”, sostuvo Adalah, un centro legal de apoyo a los derechos de la minoría árabe.

En el plano internacional, el rechazo corrió desde expresiones extremas como la del presidente turco Tayyip Erdogan (entre las autoridades israelíes “se vuelve a levantar el espíritu de Hitler”) hasta las diplomáticas, como la de Federica Mogherini, jefa de relaciones exteriores de la Unión Europea, quien advirtió que la reforma es un paso en sentido contrario a una solución del conflicto.

No obstante, lo que tal vez tenga más impacto en Israel –un país habituado a desestimar las críticas del extranjero pero en parte dependiente del apoyo que recibe de su diáspora– es que la ley está acelerando el alejamiento de muchos judíos que viven en otros países.

En Estados Unidos, el grupo Voz Judía por la Paz es uno de los que ha manifestado su desagrado con la determinación del Knesset: “Lo que realmente hace esta ley es consagrar el racismo, la discriminación y el apartheid en la ley constitucional fundacional del Estado de Israel”, sostuvo su directora ejecutiva, Rebecca Vilkomerson, en una entrevista en la cadena MSNBC.

Este reportaje se publicó el 29 de julio de 2018 en la edición 2178 de la revista Proceso.

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