CHILPANCINGO (proceso.com.mx).- El gobernador priista Héctor Astudillo Flores aseguró que la presencia de un delegado federal que administre los recursos públicos destinados a las entidades, atenta contra el federalismo y provocará “un alejamiento” en la coordinación entre los estados y la federación. Mientras, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dirigente estatal de Morena dijo que los delegados federales ya existen y reprochó la actitud del mandatario, argumentando que hizo mutis ante las reformas del gobierno priista de Enrique Peña que “atentaron contra el federalismo” y “restaron facultades” a los gobernadores. De esta forma, Astudillo y Sandoval polemizaron sobre la figura del delegado federal en las entidades anunciada por Obrador con el propósito de reducir los índices de corrupción de los gobernadores, a través de la administración directa de los recursos públicos que la federación destina a las entidades. Al respecto, Astudillo reiteró su molestia al señalar que “la federación vive de lo que aportan los estados, y entonces de ahí se reparte lo que tiene que gastar la federación. El famoso 80-20: significa que 80 centavos de cada peso van a la federación y 20 centavos a los estados y municipios. Ya de entrada es un tema desigual, que yo insistiría que se colocara dentro de la agenda, que viene pronto, sobre una mejor distribución fiscal en el país”. No obstante, en los casi tres años que lleva en el gobierno estatal, y en los 40 en que ha ocupado cargos en la administración pública, viviendo del erario, Astudillo ha presumido una y otra vez que el presupuesto de Guerrero depende en 99% de los recursos destinados por la federación, porque en la entidad “no existe un esquema eficiente de recaudación de impuestos”. Además, se dijo preocupado ante la posibilidad de “un alejamiento en la coordinación” entre el gobierno federal y estatal, ante la presencia de un delegado “con facultades muy amplias”. También, consideró como inaceptable la existencia de “gobernadores federales” en los estados porque atenta contra “el federalismo y la Constitución”. “Hoy más que nunca se requiere la coordinación en el país, frente a la compleja problemática que tiene que ver con la inseguridad, la pobreza y desigualdad como es el caso de Guerrero”, expresó Astudillo en diferentes actos públicos registrados ayer en Acapulco y remató: “Imagínense ustedes, un estado como Guerrero, con todas las carencias que tenemos, con todos los problemas cotidianos que encontramos, como los que ustedes observan. Con una coordinación ausente, distante o una apreciación equivocada de una responsabilidad federal tan importante como la que puede representar una coordinación tan amplia y tan importante, con una infraestructura federal como la que se pretende colocar, sencillamente eso en lugar de ayudarnos a avanzar nos puede generar un atraso o una parálisis”, aseguró Astudillo. La postura de Morena En respuesta, el líder estatal de Morena, quien fue presentado como el próximo delegado federal en Guerrero, dijo que la figura de los delegados federales ya existe y aseguró que el tema de fondo es “la correcta” administración de los recursos públicos para evitar actos de corrupción. También, Sandoval Ballesteros reprochó la actitud de Astudillo, argumentando que el mandatario no dijo nada cuando el gobierno priista de Enrique Peña Nieto impulsó sus reformas desde el Congreso de la Unión que atentaron contra el federalismo. “Las reformas estructurales que se hicieron le quitaron muchas facultades a los gobernadores y congresos locales, y ahí sí nadie dijo nada. Creemos que si hay un verdadero ánimo federalista, se tendrán que revertir las reformas que se hicieron en última legislatura federal a partir del Pacto por México”, indicó el político de confianza del presidente electo. Sandoval explicó que las reformas del actual gobierno federal son centralistas porque le quitaron facultades a los estados para administrar su deuda; así como la reforma del artículo 37 constitucional, en materia de Seguridad Pública, que delegaron funciones en el secretario de Seguridad Pública y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que anteriormente ejercían los gobiernos estatales, argumentando la corrupción que impera en las entidades. La reforma hacendaria retiró la facultad a los congresos locales de aprobar la deuda pública de los gobiernos de los estados, que ahora está supeditada a la autorización del secretario de Hacienda federal, indicó. Además, consideró que la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, le restó facultades legislativas a los estados y con la reforma política, el Instituto Nacional Electoral (INE), asumió facultades excesivas sobre los procesos electorales locales y de los órganos electorales de los estados.