MÉRIDA, Yuc. (proceso.com.mx).- Acompañadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), asociaciones civiles alzaron la voz en colectivo ante la escalada de agresiones físicas y sexuales contra menores en Yucatán y llamaron a las autoridades a poner atención al problema y a pidieron a los padres involucrarse en la solución. En conferencia de prensa, en la que estuvo presente el juez penal Luis Edwin Mugarte Guerrero, representantes de una veintena de organizaciones ciudadanas encausadas a la defensa de los derechos de la infancia, tronaron así ante el reciente feminicidio de la pequeña Ana Cristina, una niña de 6 años que fue violada, estrangulada y arrojada a un pozo en el municipio de Tahdziú. El colectivo, en voz de Víctor Chan Martín, fundador de la asociación Lazo para María, dio a conocer un posicionamiento de diez puntos. Exigieron a las autoridades en materia de justicia y seguridad aplicar todo el rigor de la ley a quienes han realizado comportamientos de abuso sexual y violencia física infantil, incluyendo a quienes han terminado con la vida de niñas y niños como el caso de Ana Cristina, de Tahdziú. Pidieron al gobernador, Rolando Zapata Bello, quien concluye su ciclo el 30 de septiembre, continuar, hasta el último minuto de su administración, con políticas públicas locales en favor de la infancia en Yucatán y asegurarse de no permitir alguna violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pidieron al gobernador electo, Mauricio Vila Dosal, incluir en su administración “políticas públicas con perspectiva de infancia” así como la revisión urgente del Código Penal en materia de abuso sexual a menores de edad. Exigieron a los próximos legisladores locales y federales adicionar reformas a las leyes y ordenamientos jurídicos en materia de violencia a las niñas, niños y adolescentes que garanticen su protección, seguridad y paz. Exigieron a las instancias de apoyo y defensa de las víctimas no desatender a éstas, y brindar en su caso respuestas y solución de forma inmediata, considerando los tiempos y procesos jurídicos pero no las negligencias y, que de haberlas sean sancionados. Exigieron la inmediata restitución de los derechos de las víctimas de violencia sexual, como dicta la Ley General de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Exigieron la protección y defensa para las niñas, niños y adolescentes. Pidieron a los padres de familia observar, platicar y responsabilizarse de buscar ayuda profesional y de cualquier índole a sus hijos cuando éstos presenten comportamientos agresivos, autoagresivos, violentos y con cualquier manifestación de desorden emocional, social y mental. Exigieron “la inmediata aplicación del Protocolo de Coordinación Interinstitucional conjunta para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y familiar, dado que el numeral 6.4.2.7 de la NOM 046 no sólo se contrapone al Código Penal del Estado al omitir, y de alguna manera facilitar, el delito de violación, sino que el probable violador no sea denunciado”. Por último, exhortaron a la sociedad yucateca en general a vivir determinante con valores como respeto, la paz, honestidad, la armonía, el amor y la sana convivencia tanto en forma pública como en forma privada, sobre todo, al interior de los hogares”. Por su parte, el secretario ejecutivo y encargado de la Presidencia de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, pidió a las autoridades de administración y procuración de justicia “que nuestras niñas y niños estén seguros, que puedan salir a jugar al parque, que regresen con bien de la escuela y que salir a la calle, no sea su último destino”. “Como defensor de los derechos del pueblo yucateco hago también un enérgico llamado a las autoridades de procuración de justicia para que atiendan con prontitud cada uno de los casos, considerando el derecho de las familias a la justicia y a la seguridad”, dijo. También demandó a las autoridades estatales y municipales adoptar “las medidas necesarias para garantizar el derecho constitucional de las niñas y los niños al sano desarrollo y a vivir en un ambiente libre de violencia”. Así mismo, lanzó un llamado “a la cordura y a la conciencia de cada persona para que no se pretenda dar término a esta ola de violencia con más actos de violencia”. En ese sentido, apuntó que “hoy más que nunca necesitamos dar el mejor ejemplo a nuestros pequeños. Ellos serán el día de mañana quienes reprochen o repitan nuestras acciones del presente”. Insistió en que es momento de poner un freno total y contundente a la violencia y el abuso sexual contra las niñas y los niños. “Reeduquemos en el respeto y la cordialidad en vez de la violencia y la venganza, protejamos en vez de agredir. Expresemos el gran amor que todos poseemos y seamos solidarios ante quien nunca lo ha podido experimentar. Ustedes sociedad y gobierno sabrán decidir el futuro que quieren para sus hijos”, finalizó. En su oportunidad, el juez Mugarte Guerrero conminó también a la sociedad a evitar difundir en sus redes sociales noticias falsas que, además poder configurar un delito, podrían propiciar linchamientos a inocentes. “Usemos las redes sociales para promover los recursos que tienen las víctimas para hacer valer sus derechos así como las alternativas que contempla el Estado para los afectados”, pidió. El llamado a la prudencia obedece a que en medios locales y redes sociales se divulgó en principio una falsa noticia acusando a “uno de los familiares” de pequeña Ana Cristina de ser el presunto homicida, versión que la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo que salir a desmentir. Dolida, la población de Tahdziú organizó para este domingo 26 una marcha para exigir a las autoridades justicia para Ana Cristina y la expulsión del presunto feminicida y toda su familia de la comunidad y del municipio. Esta noche, la FGE dio a conocer que por este crimen hay un detenido, identificado como C.F.V.Y., quien hoy fue imputado por el delito de feminicidio. En un comunicado, informó que después de ejecutarse la orden de aprehensión dictada en su contra, el inculpado fue puesto a disposición del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial, con sede en Tekax, donde la Fiscalía le formuló imputación y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue concedida de forma oficiosa y se mantendrá por todo el tiempo que dure el proceso. De acuerdo con la información reunida en la causa penal 29/2018, los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto, cuando la víctima caminaba a su domicilio en la colonia Miguel Hidalgo, en la citada localidad de Tahdziú. Presuntamente C.F.V.Y. le causó lesiones y cometió el delito de feminicidio haciendo uso de la violencia física, provocándole la muerte a consecuencia de una asfixia mecánica por estrangulamiento, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE. Dijo, que tras formular la imputación, la Fiscalía presentó los datos de prueba pertinentes y solicitó la vinculación a proceso del indiciado, por lo que el Juez de Control, tras valorar los datos decretó el auto de vinculación a proceso y otorgó a la Fiscalía un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.