CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la agonía del gobierno de Enrique Peña Nieto y en vísperas del arranque del mandato de Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigió un diagnóstico sobre la situación que guarda este flagelo en el país, así como garantías de que la búsqueda de los ausentes será una prioridad para la próxima administración. “Con el Congreso en sus manos, el fiscal carnal subordinado al Ejecutivo y gubernaturas, no tendrán pretexto de que no avanzan y no trabajan porque alguien lo detiene, se acabaron las excusas que hasta ahora han permitido la impunidad”, advirtieron los integrantes de la agrupación al presidente electo y a su gobierno. Desde el monumento a Cuitláhuac, frente al Senado de la República, decenas de familiares de desaparecidos pertenecientes a los más de 50 colectivos y representantes de las 35 organizaciones de la sociedad civil, se congregaron con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y recordaron que en México ese crimen de lesa humanidad se arrastra desde hace más de 40 años, pero que se agudizó en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto con la estrategia de militarizar la seguridad pública. Bajo el inclemente rayo de sol, los familiares fueron colmando el monumento de pancartas con las fotos de sus seres queridos ausentes, representados por siluetas de personas y con una representación en negro de + 37,000. Ahí, advirtieron que se encargarán de que los mandatarios mencionados sean recordados como los que “dejaron al país lleno de sangre y muerte, de dolor e impunidad”. Advirtieron que no se cansarán de “grabar en la memoria de los mexicanos y mexicanas, que estos crímenes atroces fueron cometidos y perpetrados por ellos, sus partidos y sus colaboradores. Haremos que no olviden la indolencia con la que trataron a los miles de familias y que jamás tomaron la responsabilidad de construir seguridad y justicia”. Desde esa tribuna y en nombre de los familiares de las víctimas, Yolanda Morán, madre de Jeremeel Fernández, desaparecido a manos de militares en Coahuila en 2008, exigió al gobierno de Peña Nieto un “diagnóstico de qué fue lo que hizo o dejó de hacer, para que el gobierno entrante, a partir de ello, continúe trabajando”. Al aprovechar la presencia del primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava, Morán pidió que el organismo emita recomendaciones al gobierno de Peña Nieto “por el incumplimiento por la simulación que todo el sexenio tuvo para atender la problemática”, y de manera particular para poner en marcha la Ley General sobre Desaparición Forzada de personas y por Particulares. [caption id="attachment_549010" align="aligncenter" width="4912"] Movilización por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Germán Canseco[/caption] Preocupados por mensaje de AMLO Si bien Yolanda Morán transmitió la disposición de las familias para colaborar con el nuevo gobierno de López Obrador, los familiares de las víctimas mostraron su preocupación por el reciente mensaje del presidente electo de continuar con la estrategia de mantener al Ejército y a la Marina en las calles sin que hasta ahora haya presentado un plan de desmilitarización de la seguridad pública ni sobre el fortalecimiento de las policías. Los colectivos se sumaron al posicionamiento de #SeguridadSinGuerra y exigieron el retiro de las fuerzas armadas de las calles y la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que fue esa política de militarización la que disparó el flagelo de la desaparición forzada y por particulares en el país. Al reconocer los acercamientos con la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y quien será subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los familiares de desaparecidos exigieron “un plan de implementación” de la Ley General, en la que su participación sea efectiva y esté garantizada. También solicitaron que se les dote “de herramientas de búsqueda y fortalezca a las instituciones para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, para acceder a la verdad y la justicia, la no repetición y la reparación del daño”, así como que se busque a los migrantes centroamericanos desaparecidos. Los participantes del evento coincidieron en considerar al próximo gobierno de López Obrador como una “esperanza” para cambiar la historia del país, por lo que reiteraron el llamado a materializar sus compromisos con los familiares de desaparecidos e implementar la Ley General. En el monumento a Cuitláhuac se escucharon las voces de madres de víctimas: Cristina Bautista, en representación de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; María Herrera, fundadora de Familiares en Búsqueda María Herrera y Enlaces Nacionales, a familiares de migrantes desaparecidos; Isela Fernández del Comité Eureka y Tania Ramírez, integrante de Hijos por la Identidad, por la Justicia y contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). Martín de Boer, jefe adjunto de la Delegación Regional de la Cruz Roja Internacional, lamentó que “decenas de miles de familias mexicanas se encuentren en espera del regreso de sus seres queridos o al menos alguna respuesta sobre la suerte que corrieron”. Por ello, llamó a las familias, autoridades, sociedad civil y organizaciones internacionales a unir esfuerzos “para la búsqueda e investigación incluyendo a migrantes desaparecidos” y para la implementación de la Ley General. Falta de voluntad, acusa la CNDH Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, reconoció la “falta de voluntad” del gobierno de Peña Nieto para atender el problema, lo que revela “la existencia de una actitud indiferente frente el dolor de las víctimas y sus familias”, de ahí la inexistencia de políticas necesarias para erradicar la práctica de la desaparición forzada. Al sostener que el actual gobierno de Peña Nieto se distinguió por la “falta de voluntad para llevar los responsables a la justicia”, Chazel Colorado, de Amnistía Internacional, abogó por la “consolidación de una Comisión Nacional de Búsqueda con autonomía de gestión, técnica y con recursos humanos y financieros suficientes”. Puntualizó que el gobierno de López Obrador “tiene una oportunidad de cambiar esta historia de impunidad, por una historia que transforme el dolor de las familias en verdaderos procesos de verdad, justicia y reparación para los miles de víctimas del país”. Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), hizo un reconocimiento a las madres -encabezadas por Rosario Ibarra-, quienes hace 40 años se instalaron en huelga de hambre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de sus hijos desaparecidos y acuñaron la frase “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” que ahora recorre el país. “Es difícil saber qué hubiera pasado si las demandas de las mujeres de 1978 hubiesen sido atendidas, lo que sí podemos decir es que la impunidad de ayer, alienta la impunidad de hoy. “El país debe sacudirse de esta pesada herencia misma que se remonta a décadas, e iniciar una nueva etapa que ponga fin al tortuoso tormento que han enfrentado los miles de víctimas de desapariciones en el país”, sostuvo el representante de la ONU-DH tras coincidir en que, “combatir las desapariciones debe ser una prioridad del nuevo gobierno federal”.