Antropólogo denuncia amenazas para que abandone predio con vestigios arqueológicos

VALLADOLID, Yuc. (apro).- El antropólogo Lázaro Hilario Tuz Chi denunció que el comisariado de Ichmul, demarcación perteneciente al municipio de Chikindzonot, emprendió una campaña de amenazas y hostigamiento en su contra, para obligarlo a abandonar un predio particular que compró con el propósito de rescatar vestigios arqueológicos que se encuentran en el lugar.

El también profesor investigador de la Universidad de Oriente (UNO) explicó que desde hace dos años adquirió legalmente una parte de una propiedad privada que se ubica en la comisaría de Ichmul, donde se encuentran montículos prehispánicos.

“El motivo de esta compra para un servidor era de vital importancia, ya que este edificio, que forma parte de una gran acrópolis, estaba siendo saqueada por su lado poniente y las piedras habían comenzado a ser robadas también, lo que ameritaba una intervención inmediata de protección”.

Al adquirir el terreno, añadió, “me propuse protegerlo del saqueo, tal y como hasta el momento lo he hecho”.

El antropólogo denunció que desde que adquirió el predio, solicitó al comisariado municipal la expedición de los documentos que requería para tramitar la dotación de servicios –como agua y energía eléctrica–, pero hasta ahora se los han negado por no acceder al pago exigido como “derecho de vecindad”.

A partir de entonces, abundó, el comisariado comenzó a amenazarlos y hostigarlos, a él y al trabajador que contrató para el cuidado del terreno. Relató que posteriormente cercó el predio, pero enseguida le fueron robados los postes de la cerca.

Mencionó que, según los pobladores, era el propio comisariado el que saqueaba y traficaba con los objetos prehispánicos que robaban del sitio arqueológico, por lo que la adquisición del predio afectó sus negocios.

Después de que habilitó el sitio para abrirlo al público, las amenazas del comisariado arreciaron. Le advirtieron que la policía de la comunidad le daría “una calentadita”, que lo expulsarían del pueblo y encarcelarían a su ayudante, Carlos Samuel Tapia Pat, y a su familia.

El investigador también demandó la intervención de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del gobierno del estado, y responsabilizó al comisariado de Ichmul de lo que pueda sucederle a él, a su trabajador y al sitio en cuestión.

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