CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Para la cúpula empresarial del país no hay otra opción viable que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, mientras que suspenderlo tendría un impacto de 120 mil millones de pesos. Luego de presentar un estudio técnico sobre el nuevo aeropuerto al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que dicho proyecto de infraestructura, iniciado en el actual sexenio, es el más financiable y rentable a corto y a largo plazo. De entrada, señaló el líder del CCE, Juan Pablo Castañón, el NAIM es un proyecto que podría generar más de mil millones de dólares al año en beneficio para los mexicanos. “Su costo total es de 13 mil 300 millones de dólares y se estima que la inversión privada contribuya con 70%, o más, del propio financiamiento. Por cada millón de pasajeros que usan el aeropuerto se crean mil empleos directos. Esto se traduciría en 70 mil empleos directos, en la primera etapa del proyecto, y 135 mil empleos directos en su fase final. Ya en su operación máxima podrá crear hasta 450 mil empleos directos e indirectos”, acotó el empresario. Además, dejó claro que el proyecto en Texcoco en términos de capacidad de transporte de pasajeros, puede crecer hasta llegar a 135 millones por año; en contraste con el máximo potencial de 65 millones que presenta la opción de Santa Lucía. Actualmente se transportan un aproximado de 40 millones de pasajeros en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para Castañón, el NAIM tiene una sustentabilidad de 40 años, mientras que la opción de Santa Lucía, en combinación con el aeropuerto actual, es de máximo 10 años. “El impacto de Santa Lucía, suspendiendo la construcción del aeropuerto de Texcoco tiene dos dimensiones: significa un impacto de 120 mil millones de pesos, de los cuales 40 mil son de multas y recargos a los contratos que ya están comprometidos y tendrían un impacto reputacional para la planeación de nuevos proyectos de infraestructura en México, ya sean ferroviarios, portuarios o de conectividad carretera que requieren de financiamiento internacional”, advirtió el empresario. El proyecto de Santa Lucía tendría mayores retos para su financiamiento en el mercado bursátil por el desconocimiento y por la infraestructura limitada para el transporte de pasajeros. El financiamiento del NAIM está asegurado, dice el CCE En términos de costos, el NAIM tiene asegurado su financiamiento a través de 150 mil millones de pesos de ingresos aeroportuarios ligados a la bursatilización de la TUA y a la Fibra E, que se sustentan en las crecientes capacidades de movilización de pasajeros. En contraste, señaló el CCE, el proyecto de Santa Lucía limita la posibilidad de obtener recursos por esta vía, dada la estrecha ampliación en la capacidad de transportación de Santa Lucía y las limitaciones del diseño del AICM para ampliar ingresos no aeroportuarios. “Los costos de operación del nuevo aeropuerto serían también considerablemente menores a los actuales”, enfatizó el presidente del organismo empresarial. Por otra parte, el estudio del CCE aseguró que, en términos ambientales, la opción de Texcoco ya tiene nueve manifestaciones de impacto ambiental autorizadas favorablemente y se está avanzando en las medidas de mitigación requeridas. La opción de Santa Lucía no cuenta aún con estudios de impacto ambiental y sus costos y medidas de mitigación son desconocidos. Juan Pablo Castañón propuso las siguientes seis medidas claves. Uno, mantener la obra en Texcoco para garantizar la capacidad de absorción de la demanda actual y futura de pasajeros de carga. Dos: continuar con la edificación del aeropuerto y revisar costos de materiales. Tres: revisar esquema de financiamiento. Cuarto: Aumentar alcance social del proyecto a través de una zona económica especial de alto impacto para municipios aledaños. Cinco: no suspender la obra y seis: considerar implicaciones legales y financieras de la cancelación de la obra. El análisis realizado por el sector privado considera 13 variables que implican la seguridad como principal prioridad; la capacidad de transporte de pasajeros con visión de largo plazo; la importancia de un hub para México; la incidencia en el desarrollo regional; los costos de equipamiento, operación y economías de escala para las aerolíneas y pasajeros; los ingresos derivados del patrimonio inmobiliario; el financiamiento y fuentes de ingresos. También contempla el hecho de que los aeropuertos son negocios altamente rentables; la reubicación de operaciones de la Fuerza Aérea y de tres mil familias; la consolidación de la infraestructura terrestre; los costos de cimentación y hundimientos; el impacto ambiental y medidas de mitigación; y las obras hidráulicas, lagos aledaños y conflicto aviar.