GINEBRA (apro).- Amnistía Internacional responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de violar el derecho a la vida, de perpetrar al menos ocho mil ejecuciones extrajudiciales, de criminalizar la pobreza y atribuye al Estado venezolano la responsabilidad sobre las altísimas tasas de homicidios en el país. El informe “Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela”, documenta que entre 2015 y junio de 2017 hubo ocho mil 292 presuntas ejecuciones extrajudiciales en ese país. Y cuatro mil 667, es decir el 22% de los homicidios en 2016, fueron cometidos por las fuerzas de seguridad. El informe dado a conocer en Ginebra, Buenos Aires y Nueva York sostiene que las víctimas de estas agresiones mortales fueron jóvenes entre 16 y 29 años, asesinados -la mayoría- en sus casas, en presencia de sus familias, por disparos en el tórax, cabeza o cuello, y dentro de operaciones policiales. En 2017 el 95% de los victimados eran hombres de bajos recursos. AI describe que “la seguridad de las personas en Venezuela, la garantía de su vida e integridad —debido al impacto de la violencia armada y la actuación de los cuerpos de seguridad en operaciones de tal naturaleza— parecen ser una temática que desde hace muchos años sólo se agudiza en un círculo de violencia en el que la población en Venezuela parece estar atrapada y sin salida’’. El documento recoge los testimonios de padres y madres de jóvenes asesinados como el siguiente: “No entiendo de dónde salen tantas balas. A veces se caen a tiros de un cerro a otro. Es una situación que se puede dar en cualquier momento y que se puede cobrar la vida de cualquiera. A una vecina mía le mataron a sus tres hijos varones; otra vecina perdió a dos hijas por balas perdidas. Esto no es vida. Cuando a uno le matan a un hijo, matan a la familia entera’’. Por otra parte, asegura que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia. Amnistía Internacional observó que, pese a que en los últimos 17 años el gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas. De acuerdo con el análisis de Amnistía Internacional, los planes de seguridad aplicados entre el año 2002 y el 2017, priorizaron la aplicación de sus elementos de represión con operativos reactivos policiales para combatir el delito, en los cuales se ha reportado la comisión de allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y torturas. En este sentido, agrega la ONG, Venezuela no ha podido revertir la altísima impunidad, estimada en más de 90% de los casos de homicidios comunes; por el contrario, ha ocultado de forma sistemática los datos oficiales sobre cuántas personas mueren anualmente como producto de la violencia armada, especialmente en los casos en los que se encuentran involucrados oficiales de seguridad del Estado (en cuyo caso, habría responsabilidad directa por las muertes). Este ocultamiento radica en la falta de información oficial en la materia, pero también en la constante negativa de los familiares, de acceder a los expedientes de ejecuciones extrajudiciales, cita el informe. Por lo tanto, “la ausencia de mecanismos de trasparencia, contraloría, investigación y sanción ha tenido como resultado que miles de hombres jóvenes y en situación de pobreza mueran cada año en una especie de espiral de violencia que el estado venezolano no ha sabido frenar. Sumado a una grave situación de violencia entre particulares, el Estado venezolano ha contribuido al agravamiento de esta crisis con el uso desproporcionado de fuerza, incluida letal, como respuesta y supuesta justificación de “combatir la delincuencia”, acusa el informe. Según la ONG, la situación de violencia entre particulares pone a Venezuela en una posición alarmante. Lo coloca entre los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes para el 2017, por encima de países como El Salvador y triplicando la tasa de homicidios de Brasil. Estos índices de homicidios, cometidos principalmente con armas de fuego, se concentran en zonas urbanas de alta exclusión social, y afectan principalmente a hombres jóvenes. De acuerdo con cifras recabadas por AI desde el año 2002, el incremento del número de homicidios en Venezuela ha ido en aumento constante –con ciertos estancamientos o reducciones puntuales, pero ya desde el año 2010, la situación se volvió crítica porque la tasa de homicidios no ha bajado de las 50 personas por cada 100 mil habitantes. Ante este escenario Amnistía Internacional, recomienda al Estado venezolano, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, “desarticular los mensajes que avalan la política de represión, que incluye el uso abusivo e intencionalmente letal de la fuerza en contra de los jóvenes en situación de pobreza”. Le urge implementar una política de transparencia y publicidad de la información que permita tomar medidas de política pública adecuada (tanto preventivas de cara a la violencia, como de reforma policial y desarme) sobre las que las organizaciones de sociedad civil puedan ejercer un rol de contraloría social. Le pide que investigue de manera inmediata y urgente los casos tratados de las víctimas entrevistadas en el informe y además cree un mecanismo de priorización de investigación y sanción de los casos de ejecuciones extrajudiciales. Exhorta al gobierno de Caracas a adecuar las actuaciones policiales a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como a retomar la implementación de las medidas de desarme aconsejadas por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme). Finalmente, la ONG le llama a fortalecer la política de control y regulación de armas y que acepte las visitas de los procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyos mandatos son relevantes para la presente temática. /