VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Con dos intentos de suicidio, el cabo del Ejército José de la Cruz Pérez López lanzó un desesperado llamado a su paisano y presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador. “Estoy al borde de la muerte y abandonado por las fuerzas armadas a las que serví con lealtad y patriotismo. Como militar, ciudadano y paisano le pido presidente que eche usted un ojo al Ejército y principalmente a Justicia Militar. La tropa también quiere lealtad, justicia, está muy lastimada…” “Mi historia en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, relata Pérez López, de 33 años, es de abusos, discriminación y “de abandono a la muerte”. Originario de Calicanto, comunidad rural del municipio de Jalapa, Tabasco, el 19 de agosto de 2004 José de la Cruz se dio de alta como soldado en el 17 Batallón de Infantería de Villahermosa, que en 2012 fue cambiado a Zamora, Michoacán. A finales de 2013 solicitó su ingreso a la escuela militar de Puebla para el grado de sargento y aprobó los exámenes, incluidos los de servicio médico, que lo certificaban como sano y apto para realizar el curso de seis meses. En enero de 2014 iniciaron los estudios, pero dos meses después empezó a sentirse mal, con diarrea y vómitos. Lo atendieron en el hospital regional de Puebla, pero no mejoró y lo trasladaron al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Ahí le diagnostican insuficiencia renal crónica, lo dializaron, y días después Justicia Militar tramitó su baja del Ejército. Le quitó el servicio médico a él y a su familia, además de salarios, y como pago de retiro sólo le dio 130 mil pesos. El cabo se inconformó y rechazó la baja, porque quitarle el servicio médico, cuenta, “era condenarme a muerte”, dado que la hemodiálisis se la realizan tres veces por semana, y en un hospital privado el costo es de más de cinco mil pesos mensuales. En ese tiempo, apunta, tenía 10 años de servicio. Lo regresaron al 17 Batallón de Zamora, Michoacán, donde su estado de salud agravó y lo internaron de nuevo en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Ahí permaneció seis meses y suplicó los trasladaran a Tabasco “para morir” en su tierra. Nadie le hizo caso, por el contrario, fue objeto de malos tratos de los altos mandos “por hacerla de tos” al no aceptar el retiro, hasta que un general, de quien había sido escolta, lo visitó. Llorando, José de la Cruz le suplicó que lo regresaran a Tabasco. El militar accedió y promovió su traslado al 57 Batallón de Infantería de Cárdenas. Posteriormente lo cambiaron al 37 Batallón de Villahermosa, donde siguieron los malos tratos, y el 16 de mayo de 2017 le ratificaron la baja de las fuerzas armadas, así como la liquidación de 130 mil pesos, de los cuales Banjército ya se había cobrado 60 mil por dos préstamos que hizo para atender su propia enfermedad. Rechazó otra vez la liquidación y un abogado promovió y obtuvo un amparo a su favor, con lo que logró ser reinstalado y obtener de nuevo el servicio médico de la Sedena, así como su salario de alrededor de 11 mil 500 pesos mensuales. El Ejército se inconformó y en diciembre de 2017 la juez Decimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, determinó que el juicio de amparo del cabo Pérez López era insuficiente para continuar en las fuerzas armadas. “Y en automático” el secretario de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, firmó su baja del Ejército. Días después se giraron oficios a todas las unidades sanitarias y de pagos para retirarle el servicio médico y salarios. Desde entonces, la vida de Pérez López “ha sido un infierno”. No tiene servicio médico ni dinero y se niega a cobrar la liquidación que se le ofrece. Su madre, que también recibía atención médica de la Sedena, padece una grave enfermedad cardiovascular, y su padre, de oficio albañil, es diabético. No tiene hijos, pero su esposa desde hace meses se siente enferma, con dolor en un seno. Pérez López ha puesto dos quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunciando que su caso es una flagrante violación “al derecho a la vida”. A la fecha no ha obtenido respuesta. También envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, que canalizaron a la Sedena, y esta dependencia respondió que el asunto “era un caso juzgado”. El general Cienfuegos, reprocha el militar, se la pasa hablando de lealtad, patriotismo, de la familia y respeto de los derechos humanos, “pero mi caso es la prueba de cómo la tropa es abandonada hasta la muerte porque los altos jefes de la Justicia Militar deciden que ya no servimos al Ejército”. En la CNDH, lamenta, “parece que se preocupan más en que un perro pase hambre o lluvia, a un ciudadano que está enfermo y muriendo”. Sin que le funcionen sus dos riñones, José de la Cruz recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana en el hospital Juan Graham Casasús del gobierno del estado, donde, sin embargo, tiene que comprar insumos que representan más de dos mil pesos mensuales. Cada sesión de hemodiálisis, un “lavado de sangre”, dura alrededor de cuatro horas. Pérez López asegura que, por antigüedad de 14 años, enfermedad clasificada de primera categoría y riesgo de infarto, tiene derecho a retiro por jubilación, lo que le permitiría contar con el servicio médico y pensión. Y en su cuenta de Facebook cita: “También la tropa quiere lealtad”. Igual ha subido videos narrando su tragedia, por la que recibe comentarios de muchos soldados que están en igual situación de abandono por enfermedad o heridas en operativos contra la delincuencia. “Dos veces he tratado de suicidarme, pero de último me arrepiento e imploro: Dios mío, dame un minuto más de vida. Sólo Dios y el presidente López Obrador pueden ayudarme”, resume entre sollozos.