GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Auditoría Superior del Estado (Aseg)  llevará a cabo una revisión específica del gasto en publicidad en el último año de la administración del gobernador Miguel Márquez Márquez, a través del área de la Coordinación General de Comunicación Social que encabezó en ese periodo Enrique Avilés Pérez, por la detección de posibles irregularidades que derivarían en actos de corrupción. Algunas de las anomalías enunciadas se refieren a la asignación de contratos a FBM Comercializadora, una empresa reportada por el SAT que trianguló publicidad en periódicos de la cadena OEM por varios millones de pesos, así como el incremento injustificado de más del 250 por ciento en el gasto publicitario del gobierno de Miguel Márquez en los últimos 4 años, lo que significaría un sobreejercicio según la Cuenta Pública. Durante 2017, el gobierno de Márquez destinó a publicidad casi un millón de pesos diarios. También se menciona la contratación sin justificación de publicidad en medios que no son proveedores del gobierno del estado, o cuyo ranking es mínimo, así como personas físicas con páginas que no tienen actividad y contribuyentes no localizados o empresas “fantasma” o de otras entidades que tampoco aparecen en el padrón de proveedores de las mismas. La auditoría recibió una denuncia interpuesta por el periodista Arnoldo Cuéllar, que pidió a la ASEG revisar el manejo de la publicidad oficial en el último año del gobierno de Miguel Márquez Márquez. El 28 de agosto, el Director general de asuntos jurídicos de la ASEG requirió al entonces director de Comunicación Social un informe sobre los hechos que se le imputaron, mismo que Enrique Avilés Pérez remitió el 18 de septiembre. El informe incluyó una serie de capturas de pantalla, contratos y facturas. Sin embargo, para la ASEG esto fue considerado insuficiente para aclarar los puntos referidos en la denuncia, puesto que “no fueron relacionados ni enunciados en el informe correspondiente con los hechos concretos con los que se pretendían desvirtuar, a efecto de formar convicción en esta resolutoria”. Por ello, la ASEG advirtió “que hay elementos que hacen necesaria la revisión de los hechos denunciados”. Así, el gobierno del estado deberá presentar los libros de registro contable con el objetivo de que se pueda llevar a cabo la fiscalización del “proceso de planeación, programación, presupuestación, ejecución y cumplimiento de los contratos y demás actos relacionados con los hechos denunciados”. De acuerdo con el dictamen emitido para el expediente ASEG/DGAJ/09/2018, se aportaron las pruebas suficientes, tanto notas periodísticas como documentos oficiales que fueron considerados como “elementos probatorios” para llevar a cabo una revisión de los hechos denunciados. Varios de estos documentos de prueba fueron resultado de solicitudes de información vía Transparencia realizadas por la periodista Kennia Velázquez, de las que resultaron numerosas inconsistencias entre contratos, montos, contenidos publicitarios y testigos de lo que se difundió como publicidad oficial del gobierno del estado. Algunos de los informes oficiales arrojaron que la empresa FBM Comercializadora había recibido contratos por más de 5 millones de pesos a pesar de estar boletinada por la Secretaría de Hacienda, ante la “presunción de actividades inexistentes”, y de ser investigada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. FBM recibió esa suma millonaria para contratar publicidad en periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), a pesar de que de manera directa, la cadena había recibido contratos del  mismo gobierno de Guanajuato por 24 millones de pesos, sólo entre 2016 y 2017. La empresa tampoco tenía el domicilio fiscal en el sitio donde lo reportó. Por esta y otras anomalías, el 15 de agosto se presentó la denuncia de “investigación de situación excepcional”, que se da cuando se presume un daño a la hacienda pública. Por este mismo caso, se presentó una queja ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Además, se solicitó a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado iniciar un proceso en contra del coordinador de Comunicación Social de Guanajuato, Enrique Avilés Pérez, por atentar contra el derecho humano a la información, por discriminación y por vulnerar el ejercicio del periodismo y el interés público.