CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acompañar a los pueblos indígenas en sus batallas por la defensa del territorio y la impunidad, es el desafío que enfrenta el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a 24 años de su nacimiento, considera su director, Abel Barrera Hernández. Este sábado, para conmemorar su aniversario, Tlachinollan dará a conocer su informe anual “Montaña: Manantial de resistencia, torbellino de esperanza”. Nacida en 1994, en el contexto de los movimientos por el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chiapas y Guerrero, Tlachinollan ha cobrado relevancia en los últimos cuatro años por acompañar de forma permanente a los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala. Sin embargo, Tlachinollan y su director ya tenían un alto reconocimiento nacional e internacional por su trabajo de defensa de los pueblos indígenas, acumulando premios y distinciones desde los seis años de su fundación (Nicolás Bravo, 2001; Fundación MacArthur, 2007; WOLA, 2009; Robert F. Kennedy, 2010; Amnistía Internacional, 2011, Conapred, 2015; Amalia Solórzano, 2017). En entrevista con Apro, Barrera Hernández habla de los logros y los retos de Tlachinollan a 24 años de su creación, en lo que para él ha significado no sólo colocar en la agenda el tema de los derechos indígenas, sino en utilizar los recursos legales para acceder a los derechos legítimos de los pueblos indígenas. “La llave que abrió este nuevo camino fue el tema de los derechos humanos no como un discurso, sino como una práctica, como una herramienta de lucha, como una clave efectiva para que los pueblos encontraran nuevas fórmulas y construyeran su propia agenda”, resalta Barrera Hernández. Recuerda que, pese a que Guerrero ha sido un estado convulso por la presencia de grupos guerrilleros desde los años setenta, el tema de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas “no era tangible”, en tanto que su reivindicación sólo se restringía a luchas político-partidistas. El aporte de Tlachinollan -que en náhuatl significa lugar de los campos quemados- es que logró pelear en tribunales los derechos de los pueblos indígenas, tanto en casos de violaciones graves de derechos humanos, como en la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales, así como en la defensa del territorio. En sus primeros años de surgimiento, la organización logró documentar casos de tortura cometidas por miembros del Ejército mexicano, luego del surgimiento de grupos guerrilleros, a partir de 1996, que fueron analizados tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como por el relator de la ONU en materia de tortura. A través de la documentación y litigio de casos graves y llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) como los casos de los abusos sexuales de militares contra a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, la masacre de El Charco de once indígenas en Ayutla, así como la persecución de líderes indígenas, la organización indígena con sede en Tlapa de Comonfort, demostró “los impactos de la militarización en las comunidades indígenas, en labores de contrainsurgencia, donde las mujeres son víctimas de situaciones atroces”. Por la documentación y defensa de casos relacionados con la militarización, la organización y sus defendidos han sufrido graves amenazas, por lo que cuentan con medidas provisionales de la CoIDH desde 2009, “que nunca han sido efectivas por parte del Estado”. En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, la organización también logró llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el caso de Bonfilio Rubio Villegas, quien murió en un retén militar a  causa de disparos de soldados al camión de pasajeros en el que viajaba, caso que se mantiene impune y en espera de ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la misma circunstancia de impunidad y de espera de la respuesta de la CIDH, está el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes murieron en un desalojo carretero en 2011. Antes de esos hechos, Tlachinollan ya acompañaba a los normalistas en negociaciones con autoridades estatales, “porque vimos que se venía un golpeteo sistemático contra la Normal, al ir bajando la matrícula, al restringir su acceso y bajando el presupuesto, hasta que detonó en la ejecución de los jóvenes en 2011”, apunta Barrera. Sin duda, advierte, la desaparición de los 43 normalistas “es el punto de quiebre de la crisis de los derechos humanos no solo en el estado sino en el país y que nos ha obligado que tengamos que abrir esta lucha no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, con la asistencia técnica internacional en el marco de la medidas cautelares de la CIDH, con una lucha más amplia donde se articulan varias organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, y nos coloca en otra dimensión de lo que son las graves violaciones a los derechos humanos en el país”. En respuesta a esa crisis y en medio de la coyuntura del movimiento de víctimas, “las familias de los 43 han emergido como actoras de la lucha contra la impunidad, contra la mentira, contra la corrupción, y manteniendo una exigencia de justicia y verdad; son los padres las madres los que están al frente de la lucha que impulsan movimientos que son emblemáticos y aleccionadores para las autoridades y la sociedad en general”, apunta. Durante sus 24 años de existencia, Tlachinollan también ha litigado exitosamente por los derechos de las comunidades a la salud y la educación, a través de amparos a favor de las comunidades de Mini Numa, en Metlatónoc, y Buenavista, en Atlixtac, comunidades que pelearon respectivamente por su derecho a tener un centro de salud y médicos, así como escuela y maestros. La organización también acompañó la lucha por la defensa del territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso Júba Wajín, contra el otorgamiento de concesiones mineras por parte de la Secretaría de Economía, logrando que las empresas mineras se desistieran de a exploración y explotación, así como la suspensión de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en Acapulco. En días recientes, Tlachinollan acompañó a autoridades de Malinaltepec a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de reformas constitucionales del estado de Guerrero que proscriben la existencia de policías comunitarias, que nacieron en 1995, ante el abandono del Estado de las comunidades indígenas en materia de seguridad y justicia, y en apego a los estándares internacionales de derechos humanos sobre autodeterminación de los pueblos indígenas. A 24 años de existencia, los principales retos para Tlachinollan están en la defensa del territorio indígena y en alcanzar la verdad en el caso Ayotzinapa. “La defensa del territorio es el gran desafío, porque sabemos que están los megaproyectos, sabemos que hay una disputa por el modelo económico, que prevalece la tendencia de los megaproyectos, de toda la línea extractivista que obviamente se enfoca en ocupar territorios a explorar y explotar los bienes naturales de los pueblos. “La otra lucha es por la verdad, acompañando al movimiento de los 43, para se hagan investigaciones con pruebas científicas, que se tome en cuenta el contexto de macrocriminalidad, que se considere a las víctimas y que se mantenga la supervisión internacional, es un tema que pone a prueba a este nuevo sexenio”, concluye Abel Barrera.