ZACATECAS, Zac., (apro).- Los padres de la adolescente Litzi Saraí Valdez, asesinada a fines de julio pasado en el municipio de Genaro Codina, acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de “congelar” la investigación sobre el feminicidio de su hija,. De igual manera, reclamaron a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que en un proceso irregular entregara a la familia paterna al bebé de la joven, hallado en una jardinera en Aguascalientes, pese a que una línea de investigación involucraría como sospechoso del crimen a la pareja de Litzi. Los abuelos maternos de Sami acusaron al DIF de actuar parcialmente y no atender al interés superior del menor, quien ha sido criado con ellos, y su familia paterna nunca antes mostró interés de hacerse cargo del niño. La joven de 16 años desapareció junto con su bebé a fines de julio pasado, después de contactar a una mujer que supuestamente le entregaría ropa para Sami. El 31 del mismo mes la fiscalía anunció que el cadáver de Litzi fue hallado semienterrado en el municipio de Genaro Codina. El bebé fue localizado posteriormente en una jardinera de la vía pública en Aguascalientes, donde fue abandonado por personas desconocidas. Dado que Litzi y Samuel (Sami) vivían con los padres de la joven, éstos fueron llamados a Aguascalientes para proporcionar las pruebas genéticas con el fin de confirmar la identidad del niño, cuyo padre vive en Chihuahua, por lo que se trasladó a esa localidad. Luego de confirmarse la identidad del bebé, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes practicó evaluaciones a abuelos paternos, maternos y al padre, y determinó entregar a Sami a los abuelos paternos. De acuerdo con las pruebas practicadas, el padre del bebé, de 23 años de edad, tiene un trastorno que le impide asumir la custodia del niño. Con el acompañamiento legal de organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, los abuelos maternos de Sami acudieron al Tribunal Superior de Justicia del estado para demandar su guarda y custodia. En una conferencia de prensa realizada este miércoles, a la que asistió el Observatorio de Defensa de los Derechos de las Mujeres, los abuelos maternos de Sami, Verónica y Sergio, expusieron que la menor se embarazó a los 15 años de su pareja de 23, pero éste no se hizo cargo de los gastos y se negó a registrar al niño al nacer, pese a la insistencia de Litzi, por lo que fueron ellos quienes se hicieron cargo de la joven madre y su hijo. Sin embargo, todo cambió tras la desaparición y asesinato de la adolescente, pues sin revisar las condiciones de ambas familias, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes entregó la guarda y custodia de Sami a la abuela paterna. “Sabemos que ahorita al niño lo tienen aquí en casa de una tía, no lo hemos podido ver más que un rato; lo separan de nosotros, aunque lo hemos cuidado y somos su familia. Sabemos que se lo quieren llevar a Chihuahua, no podríamos ir a verlo allá, además de que ni su papá ni la familia de él mostró antes ningún interés en tenerlo. La abuela paterna ni siquiera lo había querido conocer”, señalaron. Verónica y Sergio también expresaron su inconformidad por el nulo avance en la investigación del feminicidio de su hija a tres meses de perpetrado. “La manera en que nuestra hija fue contactada por personas que ofrecían ropa ya se había repetido en otras ocasiones en el país, pero en el estado de Zacatecas ninguna autoridad advirtió sobre este riesgo, ninguna autoridad previno. Nuestra vida ha sido un calvario, porque funcionarios de la Fiscalía del estado no han agotado la investigación con toda seriedad”, abundó la madre de Litzi. Ella y su esposo solicitaron públicamente al Tribunal Superior de Justicia “que haga su trabajo” y revoque la resolución de guardia y custodia de su nieto. Y exigieron a la Fiscalía “una debida investigación para dar inmediatamente con los responsables (del asesinato de Litzi). Exigimos justicia”. Las abogadas asesoras de la pareja precisaron que el DIF zacatecano no hizo una debida reintegración del bebé de cuatro meses. “No se puede hablar de reintegración con quien el niño no tenía ningún contacto ni convivencia. Hay fallas de fondo en esa determinación y esperamos que el Tribunal Superior las subsane y se formalice un proceso judicial con todos los elementos para que se vea que Samuel debe ser cuidado por sus abuelos maternos”, concluyeron.