Presentan guía para detectar trata de personas en campos agrícolas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboraron una guía para detectar e investigar el delito de trata de personas, con fines de explotación laboral y trabajo forzado en campos agrícolas.
Dicha “Guía para la detección de posibles casos de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo forzado, en centros de trabajo agrícolas”, fue dada a conocer durante la XL Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde el titular de la STPS, Roberto Campa Cifrián y la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, explicaron cómo realizarán tal labor.
Según Campa Cifrián, el proyecto orienta a las autoridades de inspección sobre la información que será útil al Ministerio Público, en torno al delito de trata y, dijo, “es resultado de la implementación de políticas integrales que garanticen mejoras en las condiciones y protección de los derechos de jornaleros, acordados en la Conferencia Nacional de secretarios del Trabajo”, en febrero pasado.
El documento indica que las autoridades de inspección y ministeriales se reúnan a petición de una de las dependencias, conforme a la sospecha de hechos probablemente delictivos que sean observados y determina indicadores de confinamiento, engaño, hacinamiento y malas condiciones de vida, malos tratos y explotación, así como una serie de criterios a observar en cuanto a menores de edad.
También enuncia las características de los factores de riesgo en campos agrícolas y se explican las figuras de “enganchadores”, y “coyotaje”; define la manera de identificar la vulnerabilidad de las víctimas, atendiendo la perspectiva de derechos humanos, de género, la protección integral de derechos de la infancia y el trato diferencial especializado.
“Orienta a las autoridades de inspección, sobre la información que es útil al Ministerio Público en torno al delito de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso; determina las características de los factores de riesgo en campos agrícolas, así como los elementos de quienes operan como “enganchadores” o asumen otros roles en perjuicio de jornaleros y contribuye a identificar la vulnerabilidad de las víctimas, tomando en cuenta perspectivas de derechos humanos, de género, la protección integral de derechos de la infancia y el trato diferencial especializado”, explicó Campa Cifrián.
Por su parte, Herrerías Guerra reconoció la participación de los secretarios del trabajo de los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca, así como de los representantes de los estados de Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, quienes acordaron generar esquemas de colaboración en sus entidades para una atención integral, oportuna y eficaz a la población trabajadora así como proteger su integridad y la de sus familiares.
