CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, informó que los casos investigados por personal involucrado en Operación Justicia para Chihuahua, sobre la red de corrupción del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, están sustentados no sólo en testigos protegidos, sino en pruebas documentales. Se trata de contratos, transferencias de dinero, expedientes que acreditan el desvío de recursos y la existencia de convenios no cumplidos o simulados, dijo, y adelantó que aún falta detener a muchos implicados. Durante su participación en el ‘Encuentro nacional anticorrupción en Chihuahua’, el funcionario estatal aseguró que se investiga a altas esferas del poder estatal en actos de corrupción y posteriormente irán por los otros implicados en niveles inferiores. "A todos les habrá de llegar la hora de enfrentar la justicia". Peniche participó en la mesa ‘Redes de corrupción’, moderada por el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo. En ese mismo panel intervinieron como ponentes María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de la organización “México Evalúa”; José Antonio Caballero, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y el abogado Paulo Díez. El fiscal destacó que, con el trabajo realizado junto con la Secretaría de la Función Pública estatal y la Consejería Jurídica, hasta ahora han obtenido 44 órdenes de aprehensión relacionadas con actos de corrupción ocurridos en el sexenio pasado. Detalló que hay 47 vinculados a proceso penal, siete sentencias condenatorias y otra más del ámbito federal, además de 16 solicitudes de extradición en contra del exgobernador César Duarte Jáquez y 52 inmuebles asegurados. “El trabajo continúa. La corrupción fue mucha y muchos los casos. Hay un gran número de carpetas en trámite y muchas personas sujetas a una investigación que en su momento serán llamadas a rendir cuentas”, puntualizó. El fiscal hizo referencia a la Operación Zafiro, que consistió en el desvío de recursos de los estados para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y detectaron su aplicación en al menos siete entidades federativas, pero sólo se persiguió en Chihuahua. Y cuestionó: "¿Por qué no se han iniciado las carpetas de investigación? ¿Será acaso la conformidad con el pacto de impunidad?”. Además, expuso el conflicto que enfrentaron los gobiernos estatal y federal por la aprehensión del exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, operador de Manlio Fabio Beltrones, así como las consecuencias jurídicas, políticas y financieras que pagó el estado. En la administración duartista, abundó, “tenían la convicción de que actuaban de manera correcta y hasta normal; robar era la regla. La corrupción seguía en todos los niveles y dependencias, desde el titular del gobierno estatal hasta servidores públicos menores". En su oportunidad, María Novoa habló de la actuación de Chihuahua en la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio que se instauró en 2007, lo que propició –dijo-- que hubiera una gran capacidad de operadores para integrar las causas penales en contra de César Duarte. “Cuando vimos la red delictiva para el desvío de los recursos públicos que hizo el exgobernador Duarte, vimos que había dos noticias: una buena y una mala”, soltó. La mala es que había al menos tres factores que fomentaban la impunidad: la falta de voluntad para perseguir los actos de corrupción, el diseño normativo donde hay grandes espacios de impunidad y la debilidad institucional. Y la buena es que Chihuahua logró aplicar el sistema de justicia acusatorio para perseguir actos de corrupción. “Es un caso excepcional, que queda como ejemplo de que sí se puede a través del sistema penal acusatorio, porque lograron usar herramientas para perseguir la corrupción”, apuntó. Con el sistema acusatorio, sostuvo, se logró la participación de testigos, además de que se utilizaron datos grabados y se hicieron revisiones financieras, entre otros elementos que permitieron detectar la red de corrupción, así como la red de protección integrada por empresarios, periodistas y otros sectores de la sociedad civil. Por su parte, José Antonio Caballero habló de la detención de Alejandro Gutiérrez y las irregularidades con las que el caso fue atraído por el juez federal Gerardo Moreno García, y puso como ejemplo la complejidad de las redes de corrupción. Lo normal es que un juez de Distrito se declare incompetente cuando se trata de asuntos de carácter local, como era el caso del desvío de recursos del gobierno de Chihuahua. "Sin embargo, llama la atención que un juez federal estuviera tan interesado en conocer del caso, pese a que había antecedentes para sustentar que el gobierno de Chihuahua era el afectado por ese ilícito, ya que se trataba de desvío de recursos estatales. Chihuahua ha hecho un esfuerzo sin precedentes. El no pasa nada ya no existe”, recalcó.