CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El incumplimiento de la obligación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador “de ser tolerante a la crítica es alarmante”, debido a que cuando asuma como primer mandatario enfrentará cuestionamientos mayores propios de su función. Así lo señaló la organización Artículo 19 al manifestar su preocupación por las expresiones que usa el tabasqueño contra los periodistas, “pues indican el tono con que el próximo gobierno podría responder a la prensa cuando ésta informe u opine de manera crítica a su administración”.

“El presidente electo está aún a tiempo de corregir el rumbo, ser más tolerante a los cuestionamientos y controvirtiendo a la prensa con argumentos, evitando las descalificaciones y señalamientos. Calificativos como ‘prensa fifi’, ‘corazoncitos’, y ‘hay periodistas que mienten como respiran’, son inaceptables de parte de un jefe de Estado”.

En un comunicado difundido este viernes, Artículo 19 exigió a López Obrador adoptar un discurso público favorable a la libertad de expresión y que contribuya a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo. “Debe abstenerse de hacer declaraciones que inhiban la discusión pública de la transición y de su futuro gobierno. En congruencia con ello, su gobierno, una vez en funciones, deberá adoptar una política pública integral que garantice la protección de cientos de periodistas víctimas de agresiones en razón de su ejercicio”, puntualizó. De acuerdo con la organización, las recientes acciones del presidente electo hacia reporteros, reporteras y medios de comunicación “están en contra de su deber, como futuro jefe de Estado, de ser tolerante a la crítica”. Las respuestas que ha dado López Obrador cuando reporteras le han preguntado sobre temas que le incomodan, apuntó, son hechos “inhibitorios del ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres periodistas”. Tras manifestar su preocupación por las expresiones del presidente electo cuando responde a la prensa, recalcó: “No perdemos de vista que aún no asume formalmente funciones como titular del Poder del Ejecutivo federal, sin embargo, resultaría lamentable que el tono estigmatizante y de descalificación hacia la prensa continúe una vez asumido el cargo a partir del 1 de diciembre.

“La discusión sobre el papel de los medios de comunicación en el sistema político mexicano es necesaria. Sin embargo, no corresponde al futuro jefe de Estado dar esta discusión desde adjetivos, descalificaciones y señalamientos. Mucho menos invadiendo el espacio personal y utilizando expresiones condescendientes para evadir preguntas de mujeres periodistas. Estas actitudes, contrario a fomentar la discusión, vician y entrampan el diálogo público, en especial cuando se trata del ejercicio del poder”.

Artículo 19 también recordó que las informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos y candidatos a ejercer cargos públicos gozan de especial protección bajo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El control existente en las democracias a la gestión del gobierno por parte de la opinión pública obliga al presidente electo a estar “expuesto en un mayor grado al escrutinio y a la crítica, lo cual se explica por el carácter de interés público de las actividades que realiza”. El problema de los comentarios de López Obrador, abundó, va más allá de la inhibición al debate público. Y detalló que el 27 de septiembre pasado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expidió una resolución en que “urge a líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades abstenerse de denigrar, intimidar o amenazar” a medios de comunicación y periodistas. La resolución clarifica que estos ataques no son sólo retóricos, sino que exponen a los periodistas a riesgos más grandes. En ese mismo sentido, sostuvo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que los agentes estatales podrían ser responsables por los ataques sufridos por periodistas a manos de particulares, si con sus declaraciones en contextos de tensión social contribuyen a aumentar el riesgo de que tales ataques ocurran. En este sentido se debe cuidar que ciertos discursos “puedan ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de los periodistas”, finalizó.