CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Veinticinco millones de indígenas están imposibilitadas de ejercer plenamente sus derechos fundamentales, recalcó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exhibió un avance global inferior al 60% en la armonización legislativa en diez estados. El organismo indicó que, al no adecuar totalmente sus constituciones, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León y Puebla, incumplen la obligación internacional de hacer efectivos, en toda su integridad, los derechos y libertades de las personas indígenas. Al presentar el Estudio Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos “Derechos de las Personas, pueblos y comunidades indígenas”, la Cuarta Visitadora General de la CNDH, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que el mayor porcentaje de avance global de armonización en este tema se dio en Hidalgo y Chiapas, con 77.14% y 77.43%, respectivamente. Seguidos de Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Tabasco, con 68.57%; Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala, 65.71%; en 62.86% están Guerrero, Quintana Roo, Yucatán y Nayarit; y en 60%, Campeche, Colima, Sonora y Veracruz. “El estudio tomó como punto de partida diversos instrumentos internacionales a partir de los cuales se extrajo un listado de 14 disposiciones jurídicas que fueron analizadas en la legislación nacional, alcanzando el mencionado 62.68% de avance en la armonización, y respecto del porcentaje total de avance correspondiente a cada disposición jurídica, construido a partir de las calificaciones de cada entidad federativa, apuntó que el derecho al respeto a la integridad de los pueblos y comunidades indígenas alcanzó 54%; derecho a la no discriminación, 69%; derecho a la participación de los pueblos indígenas, 70%”. La CNDH informó que coincidieron en 60% los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de ser consultados; a decidir sus prioridades; a la libre determinación y autonomía; de reconocimiento y protección de derechos y valores; a la igualdad de género, y el derecho de las niñas y mujeres indígenas a ser valoradas y educadas libres de patrones, estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. El derecho a conservar costumbres e instituciones, 76%; derecho a preservar su idioma indígena, 64%; derecho a la propiedad y posesión sobre sus tierras; 63%; derechos de las niñas y mujeres indígenas a una vida libre de violencia, y 61%, el derecho a tener acceso a las funciones públicas y a participar en la toma de decisiones en los asuntos públicos.