A seis años del secuestro de dos jóvenes, la CNDH emite recomendación a la PGR y la CNS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por deficiencias en actuaciones de investigación y búsqueda tras el secuestro de dos jóvenes de 19 y 20 años, ocurrido hace seis años en Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a los responsables de la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Alberto Elías Beltrán y Renato Sales Heredia, respectivamente.

La recomendación está relacionada con el secuestro de los jóvenes David Ramírez y Miguel Ángel Rivera, quienes salieron de la Ciudad de México rumbo a Ixtapa, Zihuatanejo, el 5 de enero de 2012, y quienes fueron interceptados al circular por Ciudad Altamirano, la región de la Tierra Caliente de Guerrero.

Derivado de las irregularidades cometidas por personal de ambas dependencias, las dos víctimas, no han sido localizadas pese a que sus familiares pagaron un rescate tras negociaciones en las que participaron agentes federales.

En su investigación, la CNDH encontró violaciones a los derechos humanos a la procuración y administración de justicia, a la verdad y al trato digno en contra de los dos jóvenes, víctimas de secuestro, así como de sus familiares, “atribuibles a personas servidoras públicas de la PGR y la Policía Federal”.

La queja fue presentada por familiares de los jóvenes ante las inconsistencias e irregularidades de la investigación, que fue iniciada dos días después de ocurridos los acontecimientos, el 7 de enero, por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, por el delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro.

Según la narración del quejoso, el mismo día en que fueron interceptados los jóvenes se les requirió un pago de rescate, a través del teléfono celular de David Ramírez, por lo que el familiar de uno de los jóvenes solicitó el apoyo de la PF “para las negociaciones, la cual instaló un equipo de grabación para llamadas telefónicas”.

Tras acordarse la entrega del rescate, 10 días después del secuestro, se realizó la entrega del dinero acordado en el municipio de Pungarabato, Guerrero, sin que los jóvenes fueran entregados.

En tanto, la PGR y la PF continuaron las investigaciones, a través de la intervención telefónica, toda vez que los probables responsables continuaban utilizando los aparatos telefónicos de los jóvenes, sin que las actuaciones avanzaran.

El familiar de una de las  víctimas presentó su queja ante la CNDH “en contra de la actuación de la PGR y la PF, puesto que a su juicio las actuaciones ministeriales presentaban inconsistencias, como el hecho de que había audios que no correspondían a la averiguación previa, errores en los nombres de las víctima y el lugar del pago, intervención de llamadas de teléfonos que no eran útiles, ignorando teléfonos que eran importantes ya que se encontraban relacionados con los de las víctimas, aunado a que se ofreció por parte de la entonces SIEDO, con la colaboración de la  Secretaría de Marina (SEMAR), la realización de un operativo de búsqueda y rescate de V1 y V2, sin que éste se efectuara ante las deficiencias de la PF”.

De acuerdo a la descripción de los hechos, de las intervenciones telefónicas realizadas por la PGR se lograron ubicar a seis testigos, quienes identificaron la voz de un presunto responsable de haber participado en las negociaciones del pago de rescate de los jóvenes, así como la intervención de otro cómplice, contra quien se dictó una orden de localización y presentación el 30 de octubre, logrando su presentación hasta el 2 de mayo de 2013.

En mayo de 2013, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal en un juzgado de distrito contra los dos presuntos responsables identificados, por los delitos de privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada, pero hasta ahora no se ha ejecutado la orden de aprehensión contra quien negoció el rescate y no se tiene noticias del destino de las dos víctimas.

La CNDH revisó las dos averiguaciones previas que se abrieron por los hechos, determinando que “los agentes del Ministerio Público de la Federación y personal de la División de Investigación omitieron realizar actuaciones que por su relevancia debieron llevarse a cabo con prontitud desde el inicio de la investigación para evitar la pérdida de información que pudiera haberse aportado en relación con la localización, y en su caso de los probables responsables”.

El organismo reprueba que “los agentes ministeriales de la federación no agotaron todas las líneas de investigación, ya que solicitaron a la Policía Federal indagar sólo aspectos relacionados con los probables responsables, olvidando ordenar la búsqueda, localización y rescate de las víctimas”.

La investigación que hizo la CNDH de las actuaciones de las dependencias federales incluye el contexto de violencia que se vive en Guerrero desde el sexenio pasado.

En cuanto a la actuación de personal de la PGR, el organismo señala que “si bien es cierto que los elementos de la División de Investigación de la Policía Federal han realizado acciones para dar cumplimiento a la orden de aprehensión, éstas no han sido suficientes para detener al probable responsable; de igual manera en las acciones de esa corporación no se observan los nombres de los lugares revisados, ni del personal que intervino, ni la exhaustividad en las diligencias encomendadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación, primordialmente para la búsqueda y localización de las víctimas”.

Ante las deficiencias documentadas, la CNDH recomendó a la PGR reparar integralmente el daño, dar atención psicológica e indemnizar a los familiares de las víctimas e inscribirlas al Registro Nacional de Víctimas, continuar con la integración y perfeccionamiento de la segunda averiguación previa y ampliar la investigación de líneas telefónicas.

La PGR deberá “corroborar la participación de otros implicados; dar seguimiento al cumplimiento de la orden de aprehensión; investigar los indicios y declaraciones que existen en dicha averiguación sobre una probable intervención de personas servidoras públicas”.

Al encargado de despacho de la PGR, la CNDH le solicitó su colaboración para dar seguimiento a la queja presentada por el organismo ante el Órgano Interno de Control y Visitaduría General de la PGR, en contra de los servidores públicos responsables, y de haber prescrito su responsabilidad, integrar una copia de la recomendación en su expediente laboral.

A Renato Sales Heredia la CNDH solicitó que “en coordinación con todas las entidades de la PF, ejecute un plan de trabajo encaminado a cumplir la orden de aprehensión contra el probable responsable; implementar mecanismos para que las acciones de investigación e inteligencia de esa instancia policial se documenten en expedientes de seguimiento, físicos o electrónicos, donde se pueden consultar las acciones desahogadas para cumplir la instrucción de los agentes del Ministerio Público de la Federación y los resultados obtenidos, así como dotar al personal de recursos humanos, económicos, tecnológicos y materiales suficientes que les permitan desarrollar sus funciones”.

La recomendación instruyó a ambas dependencias a capacitar a su persona en materia de derechos humanos, a nivel nacional e internacional, y de manera particular, “se deberá capacitar y sensibilizar a las personas encargadas de investigar y realizar labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas, y designar a un funcionario público de alto nivel para que sea enlace con la CNDH en el seguimiento al cumplimiento” del documento recomendatorio.

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