Chile: la muerte política del general de la transición

El excomandante en jefe del Ejército chileno Juan Emilio Cheyre. Foto: Especial El excomandante en jefe del Ejército chileno Juan Emilio Cheyre. Foto: Especial

VALPARAÍSO, Chile.- En un hecho que bien refleja las precariedades de la transición chilena a la democracia, el excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinoza fue condenado el pasado 9 de noviembre por el juez Mario Carroza a tres años de cárcel, con beneficio de libertad vigilada, en su calidad de encubridor del asesinato de 15 personas cometido en octubre de 1973.

Al momento de ocurrir los hechos Cheyre era un teniente de ejército de 26 años de edad. Fungía como principal asistente del teniente coronel Ariosto Lapostol, comandante del Regimiento de Artillería Nº 2 “Arica”, de La Serena (Región de Coquimbo).

La decisión judicial ha provocado un remezón político. Y no es para menos: Cheyre no sólo es el primer exjefe de ejército condenado por crímenes de lesa humanidad, sino también porque como nadie él representó los valores de un nuevo ejército, supuestamente muy distinto el encabezado por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por lo que fue conocido como “el general de la transición”.

Caravana de la muerte

La Caravana de la Muerte fue una comitiva del ejército que entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973 recorrió Chile en un helicóptero Puma sembrando el terror. Actuaba por expreso mandato del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, y fue comandada por el general Sergio Arellano Stark quien se hizo acompañar por ocho oficiales y dos suboficiales. Al menos 97 personas fueron asesinadas por órdenes de la comitiva de Arellano.

El juez Carroza, conocido por sustanciar el “caso Neruda” entre otras causas de derechos humanos, estableció en su sentencia que la mañana del 16 de octubre de 1973 llegó a La Serena el helicóptero Puma comandado por Arellano Stark y que, tras reunirse con el comandante Lapostol, seleccionó de entre una lista de detenidos a 15 que serían asesinados.

Las víctimas fueron sustraídas de la cárcel de La Serena por militares que actuaron instruidos por el teniente Cheyre. Una vez arribados estos al regimiento de La Serena “fueron conducidos al Polígono de Tiro donde fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército”.

Tras asesinarlos, Arellano y sus hombres abandonaron el Regimiento y partieron rumbo a Copiapó. Dejaron la responsabilidad de los cadáveres a sus anfitriones. Luego de esto, el comandante Lapostol ordenó inscribir las defunciones y enterrar los cuerpos en una fosa común del cementerio local, sin permitir que estos fuesen vistos ni enterrados por sus familiares.

Una vez hechos desaparecer, el jefe del regimiento de La Serena “resuelve publicar en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que tanto el Comandante del Regimiento (Lapostol), como su Ayudante (Cheyre), tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología”, tal como se consigna en la histórica sentencia.

Fue Cheyre quien llevó al diario El Día de La Serena este bando con la instrucción de que se publicara en portada al día siguiente. Así se hizo.

Para condenar a Cheyre, Carroza consideró que, en su calidad de oficial, debió custodiar a los detenidos y evitar su muerte, cosa que no sucedió.

Lapostol, con 90 años, fue condenado en esta causa a 15 años de prisión, en calidad de autor intelectual del asesinato. Como cómplices de estos crímenes fueron sentenciados –entre otros- los miembros de la caravana de la muerte: Pedro Espinoza, Juan Chiminelli y el piloto de helicóptero Emilio de la Mahotiere, todos con cinco años y un día.

Luego de conocida la sentencia de Carroza, el abogado de Cheyre, Jorge Boffil, la calificó como “injusta” e informó que apelaría a tribunales superiores.

Lo propio harán los querellantes, representados por el abogado Cristián Cruz, que buscarán aumentar las penas al considerarlas muy bajas –especialmente la de Cheyre- dada la gravedad de los crímenes cometidos.

La justicia chilena abrió el caso “caravana de la muerte” en enero de 1998 tras querella presentada por la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín (fallecida). La investigación fue asignada primeramente al juez Juan Guzmán Tapia. El 28 de noviembre de aquel año, el magistrado Víctor Montiglio procesó al exdictador en esta causa, ordenando su arresto domiciliario. En esas circunstancias encontró la muerte Pinochet, el 10 de marzo de 2006.

Las sombras de Cheyre

Pese a su participación en este emblemático crimen, el general Cheyre había logrado colarse en la historia como un ser excepcional, casi con dotes de santidad.

Mucho ayudó en esto su relación con las altas esferas de la Concertación por la Democracia, especialmente con el Partido Socialista de Chile (PS).

La revista Punto Final publicó en marzo de 2002 (Nº 515) un reportaje que da cuenta de cómo se tejió el ascenso de Cheyre y de Ricardo Lagos, al ejército y al mando de la nación, respectivamente.

“En 1996, el exdictador Pinochet veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre –que era agregado militar en Madrid– organizó junto al embajador Álvaro Briones, socialista, un encuentro entre la plana mayor del Partido Socialista (PS) y una delegación militar”.

Este encuentro se concretó el 30 de mayo de 1996, en la forma de un seminario: “Las Fuerzas Armadas y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile”, que fue organizado por la Fundación Ortega y Gasset en el Hotel Victoria Palace de El Escorial, España.

Allí departieron dirigentes del PS, asesores de Pinochet y altos oficiales de ejército. Entre otros participaron el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos; el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; el excanciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; el coronel Carlos Molina johnson. Por el PS participaron el entonces senador Jaime Gazmuri, el exministro Enrique Correa y el diputado Camilo Escalona, quien por muchos años encabezó este partido.

Según reseñó el periodista Arnaldo Pérez Guerra en la nota titulada “La responsabilidad de Cheyre”, publicada el 15 de marzo de 2002 en el periódico El Siglo, “en la reunión se selló el destino de Cheyre y, quizá, también el de Lagos. Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y de lo que venía: Lagos sería elegido presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los ‘políticos socialistas’. Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías”.

Los hechos confirman que el acercamiento entre Lagos y Cheyre daría sus frutos. Tras dos años de haber asumido la Presidencia –11 marzo de 2000-, Lagos debió renovar el alto mando del ejército. El elegido para comandarlo no sería otro que el general Cheyre.

Este no sólo disponía de su confianza política: también tenía buenas credenciales académicas. Fue director de la Academia de Guerra de Ejército (1990-1994), es maestro en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Chile (1998); y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, por la Universidad Complutense de Madrid (2002).

El problema es que al ser nombrado comandante en jefe ya existían numerosos antecedentes que daban cuenta que Cheyre no era quien pretendía ser.

De acuerdo con lo que narra el periodista Jorge Escalante en su libro La misión era matar. El juicio a la caravana Pinochet-Arellano (LOM, 2000), un testigo protegido declaró que el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa fue sindicado por un testigo como uno de los oficiales que remataron a los prisioneros asesinados.

El Siglo, en su citada nota del 15 de marzo de 2002, dio cuenta que dicho testigo era el exoficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos.
Tras su nombramiento como comandante en jefe, en marzo de 2002, surgieron nuevas denuncias contra Cheyre. Como consigna El Siglo, en nota de 22 de marzo de 2002, la militante socialista Eliana Rodríguez Dubó reveló que ella fue detenida el 6 de octubre de 1973 en La Serena por varios militares, dirigidos por el recién condenado excomandante en jefe de Ejército:

“Cheyre me decía que me había buscado en muchos lugares y, por fin, había logrado ubicarme. Me acusaba de ser comunista. Le hice ver que no lo era. Se enfureció y me golpeó, delante de mis hijos. Los militares entraron a mi casa como en un asalto (…) Por orden de Cheyre, destruyeron la puerta, vidrios de las ventanas, muebles”.

Más tarde –según su narración- Eliana Rodríguez fue trasladada al Regimiento Arica: “fui violada para que confesara mi militancia y los nombres de la dirección del Partido Comunista en la región. Me aplicaron electricidad en los senos, debajo de las uñas de pies y manos, en la vagina”.

La mujer afirma que Cheyre dio orden para que se le fusilara “en vista que no delataba a nadie”. El falso fusilamiento se efectuó: “Él dijo: ‘saquen a esta maraca (prostituta) afuera y mátenla’”.

Todos estos antecedentes, surgidos en marzo de 2002, fueron desestimados por Lagos y por su ministra de Defensa, Michelle Bachelet. Ella, al día siguiente de la primera publicación de El Siglo, replicó a los periodistas que le preguntaban por el nuevo jefe del ejército: “el presidente Lagos y la ministra que habla están absolutamente convencidos que el general Cheyre es una persona íntegra y no tiene ningún tipo de delitos y crímenes sobre los cuales las personas debamos preocuparnos” (La Tercera; 16-3-2002).

El 5 de noviembre de 2004 Cheyre publicó en La Tercera un artículo titulado “El fin de una visión”. Allí asumió la responsabilidad institucional por los crímenes y sutilmente pidió perdón a las víctimas. “El ejército de Chile toma la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.

Esta reflexión de Cheyre “fue el momento en que la Concertación canonizó a Cheyre. Y asumió que su ‘Nunca Más’ debía ser protegido inmunizando a su persona, confundiendo principios con individuos, instituciones con biografías. Cheyre debía ser, no un ser humano con luces y sombras, sino un virtuoso, un impoluto, un símbolo”.

Es lo que señaló el renombrado periodista de CNN Chile Daniel Matamala en la columna El artefacto, publicada este 11 de noviembre poco después de conocerse la condena al “general de la transición”.

Allí añadió: Cheyre fue el artefacto de la narración de un Chile reconciliado y un Ejército renovado”.

Tras dejar su cargo, en marzo de 2006, el aura de Cheyre creció. La Universidad Católica creo un departamento de Relaciones Internacionales, especialmente para darle a él la jefatura.

En febrero de 2013, el Servicio Electoral lo nombró presidente de su Consejo Directivo. De esta forma este exmilitar tenía en sus manos la administración de las elecciones del país.

Sin embargo, su brillante carrera se encontró con sus demonios escondidos. La caída de Cheyre comenzó el 13 de agosto de 2013. Ese día el noticiario central de Televisión Nacional de Chile (TVN) mostró una nota –realizada por el periodista Rodrigo Cid– con la trágica y hasta ese entonces desconocida (en Chile) historia del matrimonio compuesto por el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos.

Bernardo y María del Rosario, militantes de izquierda, fueron acribillados en la precordillerana localidad de Gualliguaica (actual Región de Coquimbo) el 8 de diciembre de 1973, mientras intentaban escapar hacia Argentina con su hijo Ernesto, de dos años. Este, que se aferró al cuerpo de su acribillada madre, sobrevivió. Ella rogó antes de morir que no le hicieran daño a su hijo. Este fue llevado al regimiento Arica. Una vez allí, por orden de Lapostol, Cheyre lo trasladó al convento Casa de la Providencia, señalando que sus padres se habían suicidado.

La difusión de esta tragedia causó conmoción en la opinión pública y puso en entredicho la idoneidad ética de Cheyre. Presionado por la opinión pública, el excomandante del Ejército aceptó encontrarse en el programa El Informante –de TVN– con Ernesto Lejderman, que ya tenía 42 años.

Y este lo pulverizó: “Estoy aquí por la memoria de mi papá y mi mamá (…) No le deseo ni a Cheyre ni a ningún militar genocida ni a nadie lo que mis padres vivieron, tampoco lo que viví yo al tener que presenciar el crimen”, dijo Lejderman en el programa de televisión.

Enseguida increpó duramente al general retirado: “¿Por qué cuando fue jefe del Ejército (2002-2006) no dijo dónde estaban los restos de los detenidos desaparecidos? (…) Yo invito a Cheyre a que rompa los pactos de silencio y cuente de verdad ¿dónde están? Que diga qué pasó con mi mamá y con mi papá”.

Lejderman recordó que Cheyre siempre respaldó la versión dada por el Ejército respecto de la muerte de sus padres: que se habían dinamitado en la precordillera.

Cheyre arguyó que él se dio cuenta de la falsedad de esta coartada recién en 2000 cuando comenzó el juicio por este doble asesinato.

Entonces el periodista Juan Astorga –conductor de El Informante– le hizo ver que el hecho de que los Lejderman-Ávalos fueron acribillados estando desarmados, como fue establecido en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en 1991.

Cheyre, desarmado, respondió: “Yo nunca lo leí”. Este fue el principio del fin del general de la transición, tal como reconocen los medios y analistas políticos en Chile.

Un día después de la emisión de dicho programa Cheyre renunció a la presidencia del Servicio Electoral (Servel), aunque siguió como miembro de su Consejo Directivo, cargo en el que se mantuvo hasta julio de 2016 cuando fue procesado en el caso Caravana de la Muerte.

Su actual condena, terminó por matar la imagen de quien fuera el militar predilecto de los presidentes Lagos y Bachelet y de la centroizquierdista Concertación por la Democracia.

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