TOLUCA, Edomex. (apro).– A propuesta de los diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT), el Congreso mexiquense abrogó la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Ley ISSEMyM) que, entre otras disposiciones, transformaba el sistema solidario de pensiones en Afores. La iniciativa fue aprobada por 53 votos tras ser apoyada además por los diputados de los partidos Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista (PVEM); en contra votaron el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), mientras que los dos diputados de la Revolución Democrática (PRD) se abstuvieron. La última reforma a la Ley ISSEMyM fue promovida por el gobernador Alfredo del Mazo y recibió el aval de la mayoría priista y sus aliados en la anterior Legislatura; el Decreto 317 que lo respalda se promulgó el 10 de agosto de 2018 para entrar en vigor el 1 de enero de 2019.   Presentarán nueva ley El diputado de Morena, Benigno Martínez, adelantó que su grupo parlamentario elaborará una nueva Ley que resuelva la crisis financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios sin afectar los derechos de los trabajadores, y que tome en cuenta sus opiniones y participación. La Ley del ISSEMyM, ya derogada, era poco solidaria, terminaba con el derecho a la seguridad social para los trabajadores y sus familias, establecida por los tratados internacionales y la Constitución del país, que garantizan la seguridad social en caso de retiro, accidentes, enfermedades profesionales y no profesionales, maternidad, invalidez, vejez y muerte. La reforma del 10 de agosto, consideró, es contraria a todas estas garantías, en particular al derecho a la adquisición de una pensión digna que se ve restringida a pensiones raquíticas o a nunca obtenerlas porque hay que cotizar hasta edades muy avanzadas. Además, señaló, liberaba al patrón de responsabilidades por riesgo de trabajo, pauperizaba pensiones y servicios médicos, en detrimento también de los dependientes del trabajador. “La nueva Ley (avalada fast-track en julio y publicada en agosto) desaparece de un plumazo los diferentes servicios de salud y pensiones para convertirlas en diferentes tipos de seguro; ahora es obligatorio el seguro, lo que sólo beneficia los intereses de los banqueros”, dijo. Aunque la justificación fue el colapso de sistema de pensiones, prosiguió, éste no se puede entender porque las aportaciones de los trabajadores aumentaron de 9 mil a 19 mil millones de pesos de 2012 a 2017, por lo que antes de cualquier reforma se debe evaluar qué falló, a cuánto ascienden los recursos, quiénes adeudan y fincar responsabilidades. “Los trabajadores han aportado y merecen ver retribuido su esfuerzo, el estado debe velar por ello”, añadió.   “Objetivos neoliberales” Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, precisó que la abrogación tiene por objeto limpiar el escenario para crear una nueva ley que escuche a los afectados y pueda estar lista para ser votada en el siguiente periodo ordinario de sesiones Afirmó que, en su momento, se pudo evitar el malestar de los derechohabientes si se les hubiera escuchado e informado. “El Instituto sufre un quebranto, pero no derivado de la premura de la abrogación, sino por el mal manejo de sus finanzas, por su mala administración, por el desvío de los recursos que deben utilizarse para atender los derechos de los trabajadores”, destacó. La Ley ISSEMyM, dijo, no resolvía el problema, fue conceptualizada con objetivos neoliberales y atentaba contra los derechos de los trabajadores, como lo prueban las leyes del IMSS e ISSSTE, que no han resuelto sus problemas, sino enriquecido más a unos cuantos. Armando Bautista, coordinador del PT, aseguró que los únicos ganadores de la última reforma son los dueños de las Afores, que terminarían quitando 20% de los ahorros a los derechohabientes. Alberto Coutollenc, coordinador del PVEM, confió en que la abrogación es un “poderoso mensaje de solidaridad y certeza de que los temas de mayor interés no serán omisos en esta soberanía”. “La Ley ISSEMyM está viciada de inicio, fue resultado de un acelerado proceso legislativo en aras de la inevitable renovación del Congreso con una composición distinta emanada de la elección del primero de julio; fue omisa con los afectados por su premura, le falta legitimidad”, añadió.   “Ley responde a la realidad” Miguel Sámano, coordinador de los diputados priistas, consideró que, por la relevancia del tema, no debió desahogarse de manera urgente, sino con base en el análisis en comisiones, de manera detallada y objetiva. “No nos dejemos llevar por afirmaciones que buscan confundir a la opinión pública y engañar a los derechohabientes; la Ley ISSEMyM responde a la realidad actual con más derechohabientes por atender (…) respeta los derechos adquiridos por los servidores públicos activos y su esquema de pensiones. Si no se realizan ajustes, para 2021 cada servidor público deberá aportar 20% de su salario”, alertó. Tanto Anuar Azar como Omar Ortega, coordinadores del PAN y PRD, respectivamente, se pronunciaron en favor de revisar la propuesta con detenimiento.