MANAGUA (apro).– El gobierno de Daniel Ortega comunicó hoy oficialmente la suspensión temporal de la presencia y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y a la vez, la conclusión del mandato para la visita y permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). “Esta suspensión temporal de la CIDH, Meseni y GIEI será hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y cese de la injerencia de los asuntos internos de Nicaragua”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, en un comunicado de 10 páginas dirigido a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH. La decisión de suspenderlos temporalmente se las comunicó en una reunión solicitada por Moncada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la que asistieron los representantes del Meseni y del GIEI, y a la cual el gobierno citó a los medios oficialistas. En la misma, “los invitó” a abandonar el país a lo inmediato. En la comunicación oficial, el canciller Moncada los acusa, sin presentar evidencia alguna, de desarrollar “procesos que se han caracterizado por una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del gobierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua”. Ana María Tello, coordinadora del Meseni, rechazó tajantemente las acusaciones de injerencismo e intervencionismo por parte del canciller. “Somos muy respetuosos de las autoridades, cada vez que hemos tratado de acercarnos a alguna institución estatal, sea ministerio o cárcel, lo hemos comunicado con anticipación. En el trabajo técnico, de terreno, somos sumamente cuidadosos. No somos injerencistas”.   La verdadera razón La conclusión del mandato del GIEI se produce pocas horas antes de que sus integrantes –cuatro expertos de reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos– celebraran una conferencia de prensa, programada para mañana jueves a las 10:00 de la mañana, en la que presentarían oficial y públicamente el informe final de su labor en Nicaragua. Amérigo Incalcaterra, uno de los cuatro integrantes del GIEI y quien fungía como vocero del mismo, confirmó que la conferencia de prensa se suspendía y tímidamente reconoció que el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo los instó a no divulgarlo en territorio nicaragüense.

“Lamentamos muchísimo esta situación de cara a las víctimas y de toda la ciudadanía, esperanzada de conocer qué había pasado en el país a partir del 18 de abril”, dijo Incalcaterra.

El GIEI se conformó el pasado 30 de mayo a través de un acuerdo suscrito entre la Secretaría General de la OEA, la CIDH y el gobierno de Nicaragua, a través de su canciller Moncada. En dicho acuerdo se estableció que el mandato del GIEI correspondería a seis meses prorrogables por acuerdo de las partes. Sin embargo, el GIEI llegó al país y se estableció en Nicaragua hasta el 2 de julio, con el objetivo de “coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos en el país desde el 18 de abril, en el marco de las protestas sociales”. Por tanto, su mandato se extendía hasta enero del 2019.   Con las manos atadas Incalcaterra, acompañado de sus colegas Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, aseguró que durante su estadía sólo sostuvieron dos reuniones con funcionarios gubernamentales, y posterior a ese encuentro, el gobierno de Ortega no atendió ninguna de sus comunicaciones ni de sus solicitudes de reunión con autoridades del Ministerio Público para tener acceso a los expedientes judiciales de todos los detenidos, acusados y procesados por terrorismo, posesión de armas y otros delitos graves.

“Nosotros somos un grupo independiente, conformado por el acuerdo de tres partes. Esta es una decisión unilateral, que no se ha hecho en consulta con las otras dos partes firmantes del acuerdo”, dijo Incalcaterra.

Por su parte Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, confirmó que no les dieron acceso a los expedientes del Ministerio Público, ni tampoco acceso a los familiares de 22 policías muertos durante las protestas que vivió Nicaragua a partir del 18 de abril. Por tanto, señaló que tuvieron que trabajar con “fuentes abiertas” para recoger información sobre los hechos de violencia que sacudieron el país, a raíz de que las fuerzas paramilitares del gobierno reprimieron violentamente protestas sociales en contra de una reforma unilateral del gobierno a la seguridad social. “Se suponía que veníamos a trabajar codo a codo con las autoridades nicaragüenses, pero lamentablemente no fue así. Tampoco el Ministerio Público respondió a las comunicaciones, ni a los pedidos de reuniones”, lamentó Pablo Parenti, también integrante del GIEI. Los integrantes del GIEI indicaron que discutirán de qué manera hacen llegar a la sociedad nicaragüense el Informe Final de su gestión, una vez que lleguen a un acuerdo con las autoridades de la OEA y de la CIDH.   Meseni no tenía plazo Ana María Tello, coordinadora del Meseni, explicó por su parte que ese instrumento surgió de las 15 recomendaciones que formuló la CIDH durante su primera visita, en mayo del presente año. Ahí se planteó la conformación de un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la visita y del informe de la misma. El Meseni se instaló el pasado 25 de junio, un día después del arribo de su equipo técnico, el cual se mantendría en Nicaragua “mientras la situación lo requiera”. Tello confirmó en declaraciones a la prensa nacional y extranjera, al llegar al hotel capitalino donde se hospedaban para anunciar a sus colegas la decisión del gobierno y hacer maletas, que el Meseni no tuvo acceso tampoco a los expedientes judiciales, ni a los juicios que se suponen son orales y públicos. Agregó que tampoco han tenido acceso a las cárceles donde guardan prisión más de 500 hombres y mujeres que participaron activamente en las protestas cívicas registradas entre abril y julio del presente año y que los organismo defensores de derechos humanos los considera presos políticos. En cambio, el régimen de Ortega los está enjuiciando bajo cargos graves. Tello señaló que la suspensión temporal del Meseni y de la CIDH podría ser el inicio de una nueva fase de la represión gubernamental, que se ha encargado de desarticular al movimiento popular que lo enfrentó y que ahora arremete contra ONG de la sociedad civil y contra medios de comunicación de proyección internacional. “Nosotros vemos que hay un aumento notorio de hostigamiento y en las intimidaciones a las personas que trabajan en derechos humanos, a los medios de comunicación particularmente, y que además los detenidos continúan detenidos en condiciones que lamentablemente no hemos podido corroborar, a pesar que lo hemos solicitado en muchísimas ocasiones”, concluyó Tello.