CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) remitió una recomendación Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por actos de tortura cometidos por agentes de la Policía Federal (PF) en febrero de 2015, en Arcelia, Guerrero. De acuerdo a la recomendación 80/2018 dada a conocer este miércoles, con base la Opinión Médica Especializada, basada en el Protocolo de Estambul, el organismo determinó en abril de 2018 que la persona que interpuso la queja tres años antes contra los efectivos de la PF, había sido víctima de tortura, en tanto que los policías “no aportaron evidencia alguna para acreditar su versión de que dicha persona les apuntó con una pistola e intentó huir, por lo que fue necesario aplicar técnicas de desarme para someterlo”. Según el escrito de queja presentado por la víctima el 10 de febrero de 2015, cinco días antes fue detenido en la madrugada por policías federales, “sin que le mostraran orden de aprehensión; lo subieron a una camioneta y lo empezaron a golpear; refirió que en ningún momento opuso resistencia, siendo trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, donde se enteró que lo acusaban de delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia”, delitos por los que es procesado en la actualidad. La queja de la víctima fue alimentada por otra presentada por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito, “en la que solicitó se iniciara una investigación por posibles violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la PF, consistentes en actos de tortura en agravio de V, ya que así lo manifestó este último al momento de rendir su declaración preparatoria”. Al abundar en la investigación, el organismo documentó que la víctima fue sacado de la habitación donde descansaba con su familia en un hotel en Arcelia, donde fue golpeado y “al intentar quitarle dos anillos le desprendieron el segundo dedo de la mano derecha”. Más tarde, el hombre sería sacado del inmueble, subido a una patrulla, donde “un policía federal se subía encima de él y le echaba agua en el rostro mientras le exigía que se pusiera otro nombre y les señalara un domicilio donde había gente armada”. El hombre fue llevado, primero, a las oficinas de la PF en Iguala, “donde un médico le suturó una herida en el ojo”, después fue trasladado a la SEIDO, en la Ciudad de México, donde fue ingresado en la “Torre Médica”, para recibir atención en las especialidades de Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Cirugía. En la investigación, la CNDH recibió un reporte de la PF en el que se sostiene que la víctima apuntó a los policías federales con un arma de fuego tipo revólver, quien al momento de su detención “se mostró en todo momento agresivo, sin dejar de apuntarles”, por lo que tuvo que ser sometido “mediante técnicas de desarme”, causándole lesiones “en el dedo índice de la mano derecha, en el pómulo derecho, labio superior derecho, mejilla y ceja del lado derecho, así como golpes en las costillas de lado derecho por el impacto en el suelo al momento del derribe”. Según los agentes aprehensores, las lesiones se agravaron cuando el detenido intentó huir “perdiendo el equilibrio y cayendo bruscamente al suelo, infringiéndose lesiones diversas”. De la aplicación del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, así como de la revisión de varios reportes médicos, la CNDH determinó que “son coincidentes en indicar que las lesiones y los señalamientos de la víctima respecto de la forma en que fue detenida son coherentes y verosímiles respecto del tiempo y forma en que ocurrieron los hechos”. Para el organismo “las lesiones que la persona agraviada presentó en el rostro y varias partes del cuerpo fueron infligidas de forma innecesaria para su detención y sometimiento”. Al recordar que “la investigación de los delitos es totalmente compatible con el respeto de los derechos humanos”, la CNDH solicitó a Durazo Montaño que, “en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare el daño a la persona afectada, se le brinde atención psicológica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas”. Además, “colaborar en la denuncia y queja que se formulen ante la PGR y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente; y capacitar al personal de la Policía Federal en materia de derechos humanos para erradicar la tortura y prevenir detenciones y aseguramientos que no se ajusten a la legalidad y que afecten la integridad de las personas”. El organismo instruyó a “aplicar efectivamente el ‘Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza’ en todos sus operativos y aseguramientos para que estén apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos fundamentales, así como designar a un servidor público de alto nivel”, para dar seguimiento a la recomendación.