SALAMANCA, Gto., (apro).- Elementos del Ejército ingresaron esta mañana a las instalaciones de la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, en esta ciudad, para efectuar revisiones a los empleados en acatamiento al plan contra el robo de combustible --conocido como huachicoleo-- ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La presencia de los militares se hizo evidente en la entrada de acceso de personal de los turnos de las 7 y 8 de la mañana, mientras en las redes sociales se daba a conocer que al ingresar por la puerta 4 de la refinería, los trabajadores eran revisados por los soldados, junto con sus mochilas y pertenencias. La medida derivó en una larga fila, tanto de los empleados que terminaban su turno en esos horarios, como de quienes ingresaban. Tras confirmar la acción, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que fue informado por el general Ángel Prior, comandante de la XII Región Militar con sede en Irapuato, sobre el arribo del Ejército a Salamanca y su ingreso a las instalaciones de la refinería, así como a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR). “El Ejército estará haciendo revisiones al personal; van a estar revisando las válvulas, los flujos, las facturas de las pipas que salen”, precisó el mandatario estatal en una entrevista a medios ofrecida en Uriangato. Según la información que Rodríguez Vallejo recibió del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, en diciembre pasado los militares ya habían efectuado “una revisión en los puestos de control de los puntos de bombeo” y, como seguimiento a esto, “ahora lo harán físicamente en la refinería”. Sinhue Rodríguez se dijo complacido de esta labor que –subrayó--“debió hacerse desde hace seis años y a lo largo del sexenio” de Enrique Peña Nieto. También se manifestó agradecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber tomado la decisión de que continúen en la entidad alrededor de 300 elementos de la Marina para hacerle frente a la delincuencia organizada, tomando en cuenta que en los últimos días de diciembre y los primeros de enero la violencia se recrudeció, sobre todo en los municipios del sur, entre Irapuato, Acámbaro y Pénjamo, donde decenas de personas fueron asesinadas. Luego de señalar que se reunió en privado con el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, para revisar el tema, el gobernador agradeció que se queden los marinos, “porque son grupos especiales muy bien entrenados que nos ayudan a combatir a los grupos delincuenciales”. Además, 600 militares que se instalarán en Valle de Santiago y Pénjamo (300 en cada base) se desplegarán en los municipios de la zona donde se ha registrado el mayor número de homicidios violentos, que el gobierno estatal atribuye a la pugna por el robo de combustible. A esas bases se integrarán 200 agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado (FSPE). Y la Secretaría de Seguridad estatal abrió una convocatoria para el ingreso de otros 800 elementos de las FSPE que se sumarían durante 2019, con lo que la corporación contaría con casi 4 mil efectivos. Un reportaje publicado en Proceso 2200, sostiene que el huachicoleo fue detectado desde el gobierno federal hace al menos dos décadas y no tiene que ver sólo con las bandas del crimen organizado, tan de moda estos días: es también un delito institucional y de cuello blanco en el que participan trabajadores de todos los niveles de la paraestatal petrolera, sindicalizados o de confianza. Es una “industria” tan bien aceitada y funcional que no es exagerado hablar de un “Pemex paralelo”.