GINEBRA, Suiza (apro).- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación tras la discusión en primera lectura de una iniciativa para modificar la actual Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala. Si dicha iniciativa fuese aprobada, la modificación implicaría una amnistía generalizada para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, advirtió Bachelet en un mensaje emitido en Ginebra. "La Ley de Reconciliación Nacional, en su contenido actual, ha sido la base legal para los juicios históricos de los tribunales nacionales en casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno", dijo Bachelet. “Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia, y para el estado de derecho en Guatemala. Al mismo tiempo amenazaría el progreso realizado para tratar de resolver el legado del conflicto armado interno y evitar más violencia”, valoró. Bachelet señaló que la modificación propuesta es la última de una serie de iniciativas que pretenden socavar los importantes logros realizados por el país en la lucha contra la impunidad. En caso de ser aprobada, explicó Bachelet, dicha modificación no sólo detendría las investigaciones en curso relacionadas con violaciones de derechos humanos, sino que incluso tendría un carácter retroactivo, permitiendo así que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos – como por ejemplo desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas. Reabrirá viejas heridas "En la práctica, esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, inclusive crímenes de lesa humanidad", acusó Bachelet. "Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones", remarcó la titular del ACNUDH. La Ley de Reconciliación Nacional ha estado en vigor desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno. Desde entonces, la ley ha sido reconocida internacionalmente como un modelo legislativo en la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones a los derechos humanos, y como un ejemplo positivo de cómo garantizar el derecho de las víctimas a la reparación. El 17 de enero, el Congreso guatemalteco aprobó en primera lectura la modificación de la ley existente, a pesar del dictamen en contra de su propia Comisión de Derechos Humanos. Para ser aprobado, el proyecto de ley debe ser discutido en tres lecturas y luego aprobado artículo por artículo. El Congreso podría avanzar con las lecturas restantes en los próximos días. “También estoy profundamente preocupada por el hecho de que, en caso de aprobarse, la modificación pudiese dar lugar a represalias contra víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones que con valentía han estado promoviendo la justicia por delitos del pasado en Guatemala”, agregó Bachelet. La máxima responsable de derechos humanos de la ONU recordó que la ley internacional establece límites con respecto a la adopción de amnistías por delitos graves, y señaló que son incompatibles con las obligaciones del Estado de llevar a juicio a quienes cometan serias violaciones de los derechos humanos.