CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Chihuahua reconoció ante Amnistía Internacional (AI) su incapacidad para actuar contra delincuentes en la Sierra Tarahumara, señaló Rodrigo Sales, investigador para las Américas del organismo. Durante la presentación del informe “Entre Balas y Olvido, ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara”, que generó cinco recomendaciones a las autoridades estatales y federales para atender la problemática de violencia en la Tarahumara y disminuir los índices de impunidad, Sales apuntó: “El gobernador y el fiscal (de Chihuahua) han informado a Amnistía Internacional que no tienen la capacidad para hacerle frente al crimen organizado con los recursos que tienen. (Javier Corral) Ha reconocido que por temas de poca capacidad financiera y de recursos humanos tiene una presencia limitada en la zona. También ha señalado la ausencia del gobierno federal”. El informe presentado en Chihuahua se enfoca en el seguimiento del homicidio del defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez, ocurrido el 25 de octubre del año pasado en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo. El caso es relevante porque la víctima tenía medidas cautelares para proteger su vida, así como su comunidad, y en varios espacios nacionales e internacionales denunció las constantes amenazas, despojos y homicidios por defender el territorio. Con el análisis del caso de Julián Carrillo y el contexto de su comunidad, AI exigió al Estado mexicano que tome las medidas necesarias para resolver la desatención en la Sierra Tarahumara. “El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales y ofrecer protección a las personas y comunidades defensoras de derechos humanos en Chihuahua. En el caso de Coloradas de la Virgen significa adoptar un plan de protección colectiva que atienda a las raíces estructurales de la violencia en Coloradas, lo que implicaría, por ejemplo, dotar a la comunidad de servicios básicos, establecer una estrategia para combatir el crimen organizado en la zona y erradicar la impunidad en las amenazas y asesinatos en Coloradas”. En entrevista con Apro, Rodrigo Sales subrayó: “México no puede excusarse de sus responsabilidades en materia de prevención y protección de personas defensoras y debe buscar los recursos necesarios para que las personas defensoras puedan ejercer su labor, libre de ataques”. Sobre la incapacidad del gobierno de Chihuahua para resolver la violencia en la Tarahumara, puso como ejemplo el caso de Carrillo: “Amnistía Internacional pudo revisar el expediente relacionado con la investigación de Julián Carrillo y observó que la Fiscalía ha tomado acciones para obtener justicia en el caso. La Fiscalía tiene ubicados a dos autores materiales del caso y ha librado las debidas órdenes de captura. Sin embargo, no ha sido capaz de ejecutarlas por no tener el control de la zona. “Amnistía internacional considera que el Estado debe tomar las medidas necesarias para cesar la impunidad en el presente y tomar las medidas necesarias para cumplir con las órdenes de captura de los autores materiales y avanzar en la investigación para encontrar responsables intelectuales”, advirtió. Sales mencionó que para el organismo es sumamente importante que se retomen las reuniones de la Alerta Temprana que tiene Chihuahua para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con el fin de generar políticas públicas de prevención y protección para evitar que hechos como el de Julián se repitan en Chihuahua. En su informe, AI reconoce que México es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos ambientales, y llama la atención sobre la incapacidad reconocida por las autoridades chihuahuenses para el combate del crimen organizado, que ya no sólo siembra droga (mariguana y amapola), sino que lucha por la destrucción del territorio con la tala ilegal, entre otros. Según el activista, en la entidad fronteriza no existen medidas o estrategia para combatir la raíz estructural del problema.