Durante sus primeras semanas de gestión, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha concentrado sus actividades en el desmantelamiento o restructuración de los principales programas y dependencias de su antecesor, Miguel Ángel Mancera. Por ejemplo, compactó algunas de éstas para ponerlas en sintonía con las federales, e incluso anunció la desaparición del cuerpo de granaderos, en cumplimiento, dijo, a la demanda del movimiento del 68. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde que tomó posesión como jefa de gobierno de la Ciudad de México el 5 de diciembre pasado, Claudia Sheinmaum Pardo aseguró que su administración pondrá todos sus esfuerzos en terminar con la corrupción que le dejó Miguel Ángel Mancera Espinosa, e hizo por lo menos un par de anuncios: terminar con “Médico en tu casa”, el programa estrella de su antecesor, y desintegrar el cuerpo de ganaderos. En sus primeras semanas de “limpieza mancerista” ordenó también la remoción de 60% de mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana –antes Seguridad Pública– a raíz de los resultados negativos que se obtuvieron en las evaluaciones de su desempeño. El lunes 7 de enero, el titular de la dependencia, Jesús Orta, informó incluso que algunos antiguos mandos son investigados por presunta colusión con el crimen organizado. Desde el mismo 5 de diciembre por la tarde, dos horas después de rendir protesta, Sheinbaum Pardo llegó dejó en claro su intención de acabar con los vestigios de Mancera. Al llegar a su oficina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y lo primero que llamó su atención fueron los ventanales blindados que dejó su predecesor Mancera. De 1.50 metros por 2.78 metros, fabricados en madera de cedro rojo con cristal de seis milímetros de espesor y que formaron parte de una remodelación de la oficina que costó al erario 2 millones 999 mil 850 pesos, según información de la Oficialía Mayor –como lo reveló Proceso en abril de 2018–, fueron retirados y enviados a las bodegas del gobierno al día siguiente. Esa fue la primera decisión con la que la morenista comenzó a suprimir, modificar o fusionar acciones y programas –algunos con reconocimiento internacional– que desarrolló su antecesor Mancera, quien hoy ocupa una curul en el Senado. Por la mañana, en su discurso de rendición de protesta ante el Congreso de la Ciudad de México –al que asistió su mentor, el presidente Andrés Manuel López Obrador–, habló de la desaparición del agrupamiento de Granaderos: “En cumplimiento a la demanda del movimiento del 68 –expuso–, he pedido al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Orta, la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. La policía está para cuidar al pueblo; no se requieren cuerpos para reprimirlo”. Los invitados a su acto de investidura aplaudieron de pie. Si bien ese agrupamiento no fue creado por la administración de Mancera, durante los últimos seis años la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió 335 quejas contra éste por tortura y uso excesivo de la fuerza. De ese total, 65 fueron interpuestas en 2018. En el mismo lapso, la Comisión envió 20 recomendaciones a la corporación por el desempeño de sus agentes. Al día siguiente, el 6 de diciembre, el primer gobierno morenista en la capital publicó en su Gaceta Oficial el “Decreto por el que se Reforman y Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal”, con el que ordenó cancelar los ordenamientos relacionados con el uso de sistemas tecnológicos para el control vehicular; es decir, las llamadas “fotomultas” y los radares de velocidad. Esa fue una de las principales banderas de campaña de Sheinbaum; argumentó que, en vez de ser un mecanismo de prevención de accidentes y muertes, era uno de recaudación, “un negocio privado” y sin transparencia. Sostuvo que las fotomultas generaban unos mil 200 millones de pesos al año, de los cuales 46% se entregaba a dos empresas: Autotraffic e Inteltráfico, contratadas por el gobierno mancerista. El 54% restante iba a la Tesorería local sin un programa específico. Como jefa de gobierno electa, el 26 de noviembre de 2018 Sheinbaum presentó el nuevo sistema de “fotocívicas” que sustituirá a las “fotomultas” a partir de marzo de este 2019 mediante un esquema de puntos; la sanción, dijo, ya no será económica, sino que se obligará a los conductores a tomar cursos de educación vial y a realizar trabajo comunitario, como pintar calles. Adiós “Médico en tu casa” El miércoles 2 de enero, Sheinbaum arrancó su primera conferencia matutina del año con un fuerte anuncio: la desaparición de “Médico en tu casa”, el programa estrella de la administración de Mancera, impulsado por la Secretaría de Salud. Creado en septiembre de 2014 por Armando Ahued para detectar en sus casas a embarazadas que no llevaran ninguna atención médica y ofrecerles un seguimiento para evitar su muerte o la de su hijo, el programa incluyó posteriormente a los adultos mayores y a personas con discapacidad. Luego fue elevado a rango de ley e imitado en 12 entidades. Asimismo, generó convenios con universidades de Estados Unidos y se aplicó en 14 países. Fue el sello mancerista a nivel internacional. La actual secretaria de Salud, Oliva López Arellano, explica a Proceso las razones de la modificación del programa: “Era muy fragmentado, no daba seguimiento a los pacientes ni un mecanismo de evaluación… No tenía línea basal para decir: ‘Este es nuestro diagnóstico; esta es nuestra población objetivo. Vamos a una estrategia gradual de mediano y largo plazos’. Como muchos programas de la secretaría, era sólo reactivo, casi para la foto, para la prensa, pero sin seguimiento”. Aun así, agrega, tenía un presupuesto de 170 millones de pesos al año, pero la nueva administración no encontró claridad en el uso de esos recursos, sino irregularidades, como la contratación de 70 choferes y 30 capturistas, mientras que sólo tenía 80 médicos y muchos pasantes, 32 odontólogos y 17 nutriólogas. Según la funcionaria, el nuevo programa parte del modelo institucional “Salud en tu vida”, que arranca con un presupuesto de 100 millones de pesos y está dirigido a los adultos mayores que por su condición de salud ameriten atención en sus casas y el seguimiento por medio de un expediente electrónico. Cambios, desapariciones, fusiones… También el miércoles 2, el gobierno de Sheinbaum publicó en su Gaceta Oficial el programa de Verificación Vehicular para el primer semestre de 2019 en el que la revisión físico-mecánica pasó de “aleatoria” a “voluntaria”. La jefa de gobierno argumentó que “no se le puede pedir a un vehículo que tenga buena suspensión si la ciudad está llena de baches”. La exdelegada en Tlalpan adelantó que a finales de enero la Secretaría de Medio Ambiente lanzará una nueva convocatoria para abrir más verificentros tras la polémica que hubo a finales de la administración anterior por presunta corrupción y opacidad en el otorgamiento de permisos desde la dependencia dirigida por Tanya Müller. Otra de las medidas que ordenó la nueva mandataria en sus primeras semanas de “limpieza” fue la remoción de 60% de mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana –antes Seguridad Pública– a raíz de los resultados negativos que se obtuvieron en las evaluaciones de su desempeño y porque, incluso, algunos son investigados por presunta colusión con el crimen organizado, según dijo el titular de la dependencia, Jesús Orta, el lunes 7. En esa medida estuvieron incluidos los subsecretarios de Operación Policial Zona Sur, Álvaro Sánchez Valdez, con indicativo Jefe Neptuno, y de la Zona Norte, Édgar Bautista Ángeles, Jefe Marte, quienes fueron enviados sin cargo a la Policía Montada. Ambos asumieron sus puestos en noviembre de 2017 por instrucción de Hiram Almeida, entonces titular de la policía y viejo amigo de Mancera, quien renunció a la SSP cuatro días después de las elecciones del 1 de julio de 2018. El pasado 16 de diciembre, Sheinbaum presentó su Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, que echó abajo el programa con el que Mancera pretendió convertir a los miles de damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 en deudores de la banca y, peor aún, dar contratos a constructoras que integran el llamado “cártel inmobiliario”, en el que él mismo estuvo involucrado, de acuerdo con la investigación periodística del portal La Silla Rota publicado el 19 de febrero de 2018. Ambas fueron las medidas más repudiadas por los capitalinos cuyas casas se derrumbaron aquel martes a las 13:14 horas. El nuevo plan prevé que los créditos sean otorgados de manera directa por el gobierno local, así como la selección de un padrón de empresas constructoras que será supervisado por una mesa técnica y del cual autoridad y damnificados podrán elegir y contratar, además de que se pretende hacer menos burocrática la atención. Creada con gran expectativa el 12 de febrero de 2013 –a inicios de la pasada gestión capitalina–, la Agencia de Gestión Urbana (AGU) tuvo el objetivo de realizar tareas como limpia de vialidades, reparación de baches, poda, pavimentación, limpieza de tiraderos clandestinos, colocación de luminarias y rehabilitación de puentes dañados. Era un órgano desconcentrado de la jefatura de gobierno, pero cuatro años después, en septiembre de 2017, el mismo Mancera admitió que no dio los resultados que esperaba. El 5 de diciembre de 2018 José Merino, politólogo y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, rindió protesta como titular de la Agencia de Operación e Innovación Digital, organismo de nueva creación que asumió las labores operativas de la AGU. Más: el pasado 31 de diciembre la Gaceta Oficial de la Ciudad de México determinó la extinción de la Autoridad del Espacio Público (AEP), adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como parte de la reestructuración de la administración pública. Aun cuando fue creado en la gestión de Marcelo Ebrard, fue en la de Mancera, en 2016, cuando estuvo señalado por presunta corrupción, luego de que el diario Reporte Índigo difundió audios en los que la entonces titular, Dhyana Quintanar, dio señales de que actuaba en favor de dos empresas privadas para otorgarles contratos y permisos publicitarios. La funcionaria fue retirada del cargo y denunciada ante Procuraduría General de Justicia capitalina. Originado en junio de 2011, en el sexenio de quien ahora es titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, otro organismo que Sheinbaum ordenó modificar es el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA). A principios de este año se desataron protestas por el despido masivo de trabajadores de la institución, hecho que la funcionaria justificó así: “El IAPA realmente tenía una estructura gigantesca que no estaba cumpliendo con su función y mucho tenía que ver con cuotas políticas”. Y como parte de la reestructuración de la administración pública, la mandataria local también ordenó un reajuste en algunas secretarías del gabinete; pidió fusionar la Secretaría de Ciencia y Tecnología –creada en diciembre de 2012– con la de Educación. Lo mismo hizo con la Secretaría de Desarrollo Económico, que se fusionó con la del Trabajo. Además, la administración de Sheinbaum cambió el nombre a la Secretaría de Desarrollo Social por el de Inclusión y Bienestar Social y elevó a rango de secretaría al Instituto de las Mujeres, creado en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. El 7 de septiembre último, durante el periodo de transición, Sheinbaum anunció que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México –del que depende la red hidráulica de la capital– recibiría un “presupuesto inédito” adicional de 7 mil millones de pesos para este 2019 con respecto al del año pasado, que fue de 13 mil 617 millones de pesos. No obstante, el Congreso local le aprobó sólo 17 mil 64 millones de pesos; es decir, apenas 3 mil 447 millones adicionales, la mitad del monto anunciado. Cada mañana, Sheinbaum se reúne con el titular de Sacmex, Rafael Carmona, para recibir el reporte del estado que guarda la red; lo mismo hace con el gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia capitalinos. Así, durante sus primeras semanas de gobierno, Sheinbaum concentró sus actividades en reestructurar todo lo que tiene olor a Mancera. Este reportaje se publicó el 20 de enero de 2019 en la edición 2203 de la revista Proceso.