TOLUCA, Edomex. (apro).- La Legislatura mexiquense urgió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a desistirse de la acción penal en contra de los defensores del agua de Tlanixco, por considerar que fueron violados sus derechos indígenas, el debido proceso en el juicio que les fue instaurado, y “porque ha quedado comprobado que no participaron en los hechos” que se les imputan. Por unanimidad, a propuesta de Morena, el llamado además prevé “que las autoridades competentes, en apego a derecho, ordenen la puesta en libertad inmediata de Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles”, quienes fueron acusados del homicidio de un empresario español. El diputado Max Correa recordó que el jueves 17 de enero el Poder Judicial mexiquense resolvió “reponer el procedimiento a partir de las declaraciones preparatorias para salvaguardar el derecho al debido proceso con la presencia de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de la lengua y cultura” de tres de los sentenciados a más de 50 años de prisión por la defensa del derecho al agua. Para el legislador morenista, lo anterior significa que “seguirán privados de la libertad por un delito que el Estado no pudo probar en dos instancias” y que deja en claro que la prisión es consecuencia de su lucha. La misma ONU, indicó, ha dejado en claro que “su inocencia es la situación de la que se debe partir y no a la que se arribará… que ningún sistema judicial puede ser manipulado para acallar las voces de quienes defienden los derechos humanos”. Lamentó que durante el proceso que les fue instaurado, haya sido puesta en duda la calidad indígena de los inculpados sólo porque tuvieron acceso a educación primaria o secundaria; además, dijo, se les violentó el derecho al debido proceso, fueron objeto de una sentencia racista, injusta, y que revela las fallas del sistema judicial que criminaliza a los defensores. La prisión preventiva oficiosa, destacó, ha sido utilizada como una medida a la que las autoridades recurren para anticipar la imposición de penas y usar las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos, para la represión de movimientos sociales, de manifestaciones públicas, de ataque a activistas, defensores de derechos humanos u opositores políticos. “Que cese la criminalización de los defensores. Solicitamos a las autoridades competentes e involucradas a realizar, en apego a derecho, todos los actos tendientes a la libertad de los indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco”, dijo. Durante 2019, año dedicado a Emiliano Zapata, consideró que los servidores públicos están obligados a exaltar los principios de libertad, justicia y ley, como pilares de las luchas indígenas y campesinas. “No debe haber ningún preso político, campesino e indígena, por defender sus tierras, aguas o derechos, ni víctimas de delitos fabricados. Rompamos el paradigma”, apeló. El punto de acuerdo, votado durante el primer periodo extraordinario de sesiones, de urgente y obvia resolución, advierte que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) identifica, entre los presos políticos de la entidad, además a José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC (FMDVD), quien denunció por fraude a altos ejecutivos de inmobiliarias en contubernio con autoridades, principalmente en el municipio de Tecámac. También enlista como pendiente a los comuneros de Salazar, en el municipio de Lerma, que luchan por evitar el despojo de sus tierras para el lucro de particulares; y a Ricardo Domínguez, líder transportista, quien además ha sido víctima de tratos crueles y degradantes, pues fue encadenado de pies y manos durante su aprehensión.