Laboratorio contra el olvido

Imagen de archivo de una fosa clandestina. Foto: Yahir Ceballos Imagen de archivo de una fosa clandestina. Foto: Yahir Ceballos

Cada dos días en el país se localiza en promedio una fosa clandestina con restos humanos. Mercedes Doretti, directora en México del Equipo Argentino de Antropología Forense, que junto con peritos de la fiscalía del Estado de Chihuahua y en sintonía con víctimas y activistas, participa en la penosa tarea de identificar esos restos. Aunque lenta por su complejidad, esta labor va dando resultados que brinda algo de alivio a los familiares de personas desaparecidas.

CUAUHTÉMOC, CHih. (Proceso).- La señora Iralia Gutiérrez tirita de angustia. Incontenible es la tembladera de sus manos cuando revisa ese informe que revela el paradero de su hijo Amir, donde aparecen fotografías que exhiben nueve sobres y otras de su interior: fragmentos de huesos, de huesos calcinados. Son los reminentes, explica refiriéndose a los pedazos que quedaron de su hijo –“era mecánico y muy buen papá”–, quien desapareció en 2011 y hoy, se sabe, fue quemado en un rancho.

Iralia acaba de salir de una discreta sala de la fiscalía estatal donde unos peritos le entregaron los sobres con las fotografías y le permitieron abrirlos. Con guantes en las manos y tijeras cortó delicadamente las envolturas y sacó esos huesitos que miden centímetros y pesan escasos gramos. Los colocó sobre una tela, fue tocándolos amorosamente, uno por uno, como cuando acariciaba a su hijo. Se derrumbó en llanto durante esta última caricia.

“Estos son los reminentes; en esta foto están todos”, dice a la reportera mostrando los remanentes de los huesos que no se diluyeron en los laboratorios de genética.

Aunque tiembla, solicita ser entrevistada porque quiere hablar de su vivencia, en agradecimiento a las organizaciones que la ayudaron a recuperar a su hijo:

“Antes me dieron un oficio (en la fiscalía) y me explicaron lo que hallaron a modo de que entendiera, pero lo agarré como un papel cualquiera. Hasta ahorita que vi los huesitos como vienen en las fotos que encontraron en ese rancho Dolores. Ahí encontraron las nueve muestras que dieron ADN. Lo que abrí fueron nueve paquetes, pero tenían muestras chiquitas, chiquititas”. 

Hace una pausa, respira, y continúa: “Esto es muy duro, no creas”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la fiscalía del estado le mostraron esos nueve pedazos de huesos masticados por el fuego, exhumados en 2011 junto con cientos de cenizas y trozos de más huesos localizados en ese rancho abandonado del municipio de Cuauhtémoc.

Iralia carga la foto de su querido Amir vestido de vaquero, con sombrero blanco, a la usanza de la zona. Ese fue su último retrato: se lo tomaron en un parque donde paseaba a su hijo. Está en espera de que le entreguen la caja y agilicen el papeleo burocrático para velarlo a mediodía y enterrarlo por la tarde.

Escenas de impotencia y liberación

En los pasillos una chica de 17 años intenta no llorar luego de ver el sobre con el hueso de lo que quedó de su papá, un boxeador cuyo nombre artístico era El Apache, a quien desaparecieron en 2011, a escasos días de que le llevó a su hija un pastel para festejarla por su primera comunión.

Ella y su mamá no quisieron ver el hueso que sobrevivió a las pruebas del laboratorio que revelaron a quién pertenecía; sólo quisieron escuchar la detallada explicación forense que ahora repite: “Encontraron tres piezas: dos vértebras lumbares y el fémur; sólo quedó una pieza de él pero no quise verla. Prefiero recordar a mi papá como era”, dice, intentando mantenerse serena. Sus ojos gritaban su tristeza.

Cuando se enteró de que los restos de su papá estaban en una fosa, la joven sintió mucho coraje. “Tenía la esperanza de que no fuera él”. Ahora está triste, pero también aliviada porque “se acaba la intriga” que sentía dentro de sí. Conocer el paradero de su papá la liberó: ahora no estudiará criminología, como se prometió desde niña al sentir impotencia porque nadie lo buscaba; ahora ya puede convertirse en veterinaria y seguir su pasión por los animales de rancho.

Todas las familias salen de la salita privada con un expediente personalizado que indica cómo identificaron los restos. En todas aparece este reporte: “Muestras recuperadas entre 2011 y 2015: 375 en rancho Dolores, municipio de Cuauhtémoc; 36 en El Mortero, Cusihuiriachi; 10 en El Porvenir, Carichí”.

En los pasillos, los quejidos, el llanto, los rumores (“una familia no recibió ningún resto: era tan pequeño que al ser analizado en el laboratorio se consumió; sólo quedó polvito”), la caminata de personas que parecen sonámbulas al salir de la sala donde les muestran los huesitos. El defensor Gabino Gómez los acompaña.

Una madre que perdió a su único hijo llora mucho. No puede reprimirse, se desvanece dos veces. Mercedes Doretti, la directora del EAAF en México, le pide que se siente. La toma de la mano. La acaricia hasta que se calma. 

–¿Ya desayunó? ¿Tomó su medicamento? ¿Qué le pasó? –la interroga como enojada una paramédico de la fiscalía–. Ella contesta llorando: “Es que me dieron unos pedacitos de mi hijo”. Y alza la mano, como si aún lo estuviera sosteniendo en la palma. Sigue llorando.

Las víctimas del fuego

En México es encontrada una fosa clandestina en promedio cada dos días y de ellas son recuperados restos de personas no identificadas. A algunas, los victimarios intentaron desaparecerlas con fuego; con otras utilizaron métodos químicos o ácidos.

Alejandra Guillén, periodista coautora de la investigación El país de las 2 mil fosas, dimensiona el problema: “En estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz hay evidencia de que los victimarios utilizaron el fuego para deshacerse de cuerpos. Las fiscalías tienen miles de restos sin procesar. Esto implica que de algunos restos óseos incinerados las autoridades no han podido identificar a todas las víctimas e incluso –según respondieron a nuestras solicitudes de información– ignoran si será posible encontrar material genético en todos los fragmentos de hueso localizados”.

Esa práctica se ha detectado también en Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León y Baja California, entre otros estados.

El drama de la identificación de restos calcinados ha sido muy mencionado en medios de comunicación desde la ­tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo: las familias de las víctimas hicieron rastreos peinando la maleza en busca de restos o pertenencias personales quemados junto al ducto explotado de petróleo.

La desaparición de personas mediante exposición al fuego o uso de químicos a partir de 2009 se convirtió en un escandaloso descubrimiento para la sociedad mexicana, cuando el Ejército presentó a la prensa a Santiago Meza López, El Pozolero, quien confesó haber disuelto en sosa cáustica a 300 personas. 

La “guerra contra el narcotráfico” tuvo como uno de sus efectos la desaparición de personas (la cifra actual es de 40 mil 180) y el hallazgo de fosas clandestinas (más de 2 mil en una década), en las que, algunas veces, en vez de cuerpos son encontrados fragmentos óseos.

El caso más conocido de desapariciones fue el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, respecto del cual la Procuraduría General de la República lanzó la versión de que habían sido calcinados en un basurero. Un caso poco conocido fue el de los hornos del penal de Piedras Negras, Coahuila, que utilizaban sistemáticamente Los Zetas para incinerar personas.

En 2011, en el gobierno de César Duarte en Chihuahua, durante la búsqueda de los ocho miembros de la familia Muñoz, de Cuauhtémoc, que fueron desaparecidos por policías municipales el Día del Padre, se detectó que el rancho Dolores era usado como sitio de exterminio –se sabe que en esas zonas operaba La Línea, grupo de sicarios al servicio del Cártel de Juárez. Del fuego había sobrevivido la hebilla que pertenecía a uno de los buscados.

La ceremonia de despedida

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), que representaba a familiares de personas desaparecidas en Cuauhtémoc y sus alrededores, peleó por años contra el gobierno de César Duarte para que fueran analizados “los fragmentos óseos” revueltos con cenizas, “alterados por calor y fuego en distintos grados”, que habían sido encontrados en ese rancho y en los otros dos municipios serranos. La fiscalía los tenía apilados en 43 contenedores. 

Cuando asumió el cargo de gobernador, Javier Corral firmó un convenio que autorizaba contratar al EAAF para indagar si entre esos pedazos se encontraban rastros que pudieran determinar el paradero de algunas de las 140 personas desaparecidas, entre ellas 21 mujeres y nueve menores.

En 2016, los peritos del prestigiado equipo argentino tomaron 363 muestras de ADN de 123 familias. Primero, seleccionaron de los contenedores 233 huesos con posibilidad de haber conservado información genética. Sin embargo, en el laboratorio de Innsbruck, Austria, donde se procesaron las muestras, encontró que sólo 163 arrojaban datos útiles; incluso dio información genética de 29 individuos.

La confronta entre muestras de las familias contra la información de los huesos arrojó 15 identificaciones. Quince de las 140 familias que buscaban a los suyos ya no serán torturadas por la incertidumbre.

El jueves 17 entregaron los restos a las familias. El viernes 18 el centro de derechos humanos organizó una ceremonia luctuosa, cargada de abrazos y llanto, para darles una digna despedida a esos 15 ­desaparecidos cuyos restos fragmentados y cenizos estaban apilados en tambos de la procuraduría estatal, como antes estuvieron en las fogatas de los ranchos donde esas personas fueron incineradas.

En dicho acto, Doretti explicó a los asistentes cómo se realizó la identificación de los restos. Gabino Gómez, el más cercano a las familias, fungió como maestro de ceremonias. Ahí estaban funcionarios que pasaron de la militancia en derechos humanos al gobierno. Pero la sala se llenó sobre todo de personas que llegaron cargando fotografías de sus seres queridos aún sin localizar, de mujeres que pertenecen a esa hermandad de las familias con personas desaparecidas, quienes llegaron a abrazar a las dolientes que ya tienen un cuerpo para enterrar y a llorar con ellas.

En el teatro de la ciudad se colocaron sobre el suelo las 15 fotografías enmarcadas, y cada familia pasó a encender una veladora a su ser querido, colocarle el sombrero que usaba, la medalla que le pertenecía, ofrendarle una flor y a rezar por él. El sacerdote Camilo Daniel dirigió los oficios litúrgicos, echó agua bendita y bendijo a cada uno.

“Estas 15 personas simbolizan a todos aquellos hombres que han sufrido violencia; muchos de ellos desaparecidos todavía. Pero hay grandes esperanzas en ellos. A ellos que han sido ultrajados, que se les ha arrancado el don de la vida, los vamos a honrar con un fuerte aplauso”, pidió el padre. 

El silencio fue suplido por aplausos. Ya no se escuchaban los lamentos que no pudieron ser reprimidos ni los ataques de llanto de madres que no se resignaban a la pérdida del hijo, del esposo, del amado. 

En una pantalla se proyectaron las fotografías de las 15 víctimas. 

Los rituales 

El registro nacional de personas desaparecidas indica que de 2002 a la fecha hay 398 reportes en Chihuahua. Cada vez son más los activistas y organizaciones que tratan de localizarlas, entre ellas la familia Muñoz, la que comenzó las búsquedas.

Norma Ledesma, la directora de Justicia para Nuestras Hijas, quien se desplaza de Juárez a la ciudad de Chihuahua y otros puntos del estado para localizar a las personas desaparecidas, se quejó el año pasado de que su organización no recibe suficiente apoyo gubernamental.

En la conferencia de prensa donde anunció las identificaciones, el fiscal general de justicia de Chihuahua, César Augusto Peniche, dijo que el gobierno estatal podría extender el convenio de colaboración. Sin embargo, no precisó cuántos ranchos tienen sitios de entierros clandestinos y quema de cuerpos donde la capacidad estatal no sea suficiente y donde, por la complejidad, se requiera el apoyo de expertos en genética y antropología, así como laboratorios especializados.

“La diferencia es muy grande cuando el trabajo forense se realiza con apoyo del estado”, dijo Doretti, agradecida. 

El proyecto fue financiado con dinero de cooperación internacional. No le costó al gobierno. Pero es un caso excepcional. Para enfrentar el problema que representan huesos muy fragmentados por exposición al fuego, algunos gobiernos estatales han recurrido a convenios o asesorías con organizaciones internacionales especializadas, algunos con el EAAF, otros con el Centro Internacional para las Personas Desaparecidas (de la ex Yugoslavia), otros con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así lo hicieron Nuevo León y Coahuila. A la par se han elaborado proyectos en los que los propios familiares se capacitan en genética o ciencias forenses.

La bióloga Marta Acela Valdez, exdirectora del Laboratorio de Genética Forense, reconoce que trabajar huesos calcinados para obtener ADN es un gran reto y que no todas las fiscalías están capacitadas para hacerlo, aunque cuenten con laboratorios especializados. Por eso llaman a la FGR o a la Policía Federal.

La directora del equipo argentino explica a Proceso la dificultad de extraer muestras de ADN a partir de fragmentos de huesos con “distintos términos de alteración térmica”, que hayan estado expuestos directamente o cerca del fuego o hayan quedado carbonizados, calcinados y multifragmentados. No siempre arrojan el mínimo necesario de información genética para analizarlos en laboratorio.

Para casos así se requiere metodología y experticia distinta a la habitual y se lleva más tiempo y dinero obtener resultados; además, la posibilidad de éxito es menor.

“Si tomo una muestra de un cuerpo entero y no me sale o no me da bien o la muestra, no pasa nada, puedo tomar otra. En estos casos (multifragmentados), si nos equivocamos podemos perder una identificación porque no sabemos si tenemos otros restos de esa misma persona en ese conjunto de fragmentos recuperados. Si nos equivocamos, no podemos volver atrás”, explica.

En México no existe un registro de cuerpos y restos no identificados, y las cifras oscilan entre 16 mil y 36 mil cadáveres (Proceso 2203); tampoco se conoce el número de fragmentos recuperados en escenas del crimen.

La antropóloga menciona que en el Espacio Forense por los Derechos Humanos en el que participa el EAAF propone al nuevo gobierno “que se creen unidades especializadas, como cuerpos de élite para este tipo de casos, que son muy difíciles”. 

–¿Qué más se requiere? 

–Cumplir la ley de desapariciones, tener registros de fosas clandestinas localizadas y trabajar en ello, así como un registro nacional de panteones y saber qué hacer con los servicios médicos forenses muy sobrepasados con la problemática diaria para que puedan abarcar el rezago de los últimos 12 años. No tenemos todavía claro cuántos restos sin identificar hay en el país. Tenemos una aproximación del numero de personas desaparecidas (40 mil) y hay una problemática diaria que manejar. Es difícil hacerlo sin un plan nacional.

–¿Para qué identificarlos? –se le pregunta. 

–Sacar los restos de las fosas clandestinas –dice– es para darles un entierro digno. Somos forenses, somos técnicos, pero tenemos claro que trabajamos para ayudar a dignificar vidas: las de los desaparecidos, las de sus familias y las de las sociedades en las que vivimos.

El viernes 25, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará ayuda internacional y hará “todo lo que se necesite” para identificar los restos humanos de las personas que siguen ­desaparecidas.   

Este reportaje se publicó el 27 de enero de 2019 en la edición 2204 de la revista Proceso.

Comentarios

(Ciudad de México, 1974) es una reportera mexicana. Ha colaborado para varios periódicos y revistas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, entre algunas de ellas: Proceso, Gatopardo y Etiqueta Negra. Ha realizado labores de activismo a favor de los derechos humanos y en contra de los asesinatos y exilios de periodistas.

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