XALAPA, Ver. (apro).- Esposado de ambas manos y vestido con el uniforme naranja que utilizan los prisioneros en Veracruz, el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, acusado de desaparición forzada, dijo que “con artimañas jurídicas” y “chicanadas”, su sucesor, Jorge Winckler Ortiz, lo mantiene en la cárcel desde el verano de 2018. En el trayecto de la Sala de Juicios Orales del Poder Judicial al penal de Pacho Viejo, Bravo Contreras dijo a representantes de los medios de comunicación que Winckler impidió la audiencia de revisión de medidas cautelares, donde su defensa preveía que saliera de prisión y continuara su proceso penal en libertad. Arturo Nicolás Baltazar, abogado defensor del exfiscal, recriminó que 10 minutos antes de la audiencia para la “revisión” de medidas cautelares, la Fiscalía General de Veracruz presentó un citatorio al juez de Control del Reclusorio de Pacho Viejo por una supuesta denuncia. “Hoy que finalmente un juez objetivo e imparcial estaba determinando fijar audiencia para cambiarle de medida cautelar a mi cliente, lo manda a citar Jorge Winckler como acusado de una supuesta denuncia que yo presenté. Jamás he denunciado al juez Luis Roberto Juárez López. Mis respetos, porque es el único que ha decretado que mi cliente tenga la posibilidad de la revisión de medidas cautelares”, expuso el abogado de Bravo Contreras. “Son prácticas delincuenciales y antítesis de quien se ostenta como máximo titular de la Fiscalía”, subrayó. [video width="848" height="480" mp4="https://www.proceso.com.mx/media/2019/02/WhatsApp-Video-2019-02-01-at-14.31.17.mp4"][/video] Bravo Contreras se encuentra internado en el penal de Pacho Viejo, luego de que en el verano de 2018 fue detenido en una plaza comercial de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Anzures, acusado de participar en la desaparición forzada de 15 personas en la barranca “La Aurora”. La captura fue cumplimentada por policías de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al mando de Arturo Bermúdez Zurita, “Capitán Tormenta”. De acuerdo con Bravo Contreras, en dos ocasiones un juez federal dictaminó que su detención fue ilegal, lo mismo que el procedimiento con el que la Fiscalía le dictaminó “prisión preventiva oficiosa” por dos años. Y su defensor alegó que en cuanto haya un nuevo fiscal en Veracruz, Luis Ángel Bravo tendrá que dejar la prisión, no por inocencia, sino por un cambio de medidas cautelares. “Winckler no deja salir a mi cliente, porque se le cae el teatro, el montaje que montó en contra del exfiscal”, dijo. Cinco minutos antes de que los policías le abrieran la puerta del pasillo de audiencias, Bravo Contreras gritó a los reporteros: “Ahí les voy, papis, ahí les voy, papis”, para responder a los silbidos de periodistas que se quejaban por la tardanza. Añadió: “Winckler Ortiz no me da la oportunidad de defenderme, me tiene prácticamente secuestrado (...) engaña al pueblo de Veracruz, no cejaré en mi lucha. Con chicanadas y trampas que pone el fiscal, lo único que está demorando es lo inevitable, que es mi liberación. Violaron mi suspensión, después la medida cautelar, y fue declarada como ilegal la prisión preventiva oficiosa”. Político cercano al exgobernador Javier Duarte, Bravo Contreras es el único de los funcionarios públicos de ese sexenio priista (2010-2016) que queda en prisión, además de la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario Zamora. En diciembre de 2018 --ya con un nuevo gobierno encabezado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez--, en cascada salieron de la cárcel media docena de funcionarios cercanos a Duarte, pero continúan presos una treintena de expolicías estatales acusados de desaparición forzada. En el caso de Winckler, diputados de Morena “filtraron” hoy a la prensa que esperan “una orden superior” para convocar a “sesión extraordinaria” y votar la remoción del fiscal, que de darse deberá ser ratificada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. A través de sus abogados, Jorge Winckler ha tramitado varios amparos para evitar tal remoción, que considera “ilegal”.