CNDH señala impacto negativo por recorte a estancias infantiles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre el impacto negativo que puede generar el recorte presupuestal de casi 50% al Programa de Estancias Infantiles en los niños y sus familias.

Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló que el recorte presupuestal anunciado por más de dos mil millones de pesos al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos” podría restringir su derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral.

Afirmó que las madres y los padres afectados podrían buscar otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, pero esto derivaría en un gasto familiar imprevisto que impactaría en sus medios de subsistencia.

También consideró que ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que los padres se vean forzados a dejar a sus hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad.

El representante del organismo, explicó que el recorte puede representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, debido a que las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de los pequeños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica.

Por estas razones el Organismo Nacional solicitó a las autoridades ponderar si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños en primera infancia, considerando que los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social harían posible que los apoyos económicos sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez.

En un documento dirigido al Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, el representante de la CNDH exhortó a las autoridades atender el interés superior de la niñez y observar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en materia de presupuesto público.

Impulsar la asignación de recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias Infantiles conforme a la demanda social, privilegiando los derechos de la niñez y la perspectiva de género; analizar el impacto de las medidas adoptadas en las condiciones de vida de los pequeños.

Así como establecer los mecanismos administrativos e institucionales para el adecuado control, fiscalización y auditoria de  los recursos que se transfieren a los proveedores públicos y privados de cuidado y atención integral infantil, para garantizar su aplicación conforme a los objetivos, a fin de evitar afectaciones a los derechos de las personas menores de edad.

González Pérez destacó que, de acuerdo al Comité de los Derechos del Niño, la inversión en el desarrollo en la primera infancia tiene un efecto positivo en su capacidad para ejercer sus derechos, rompe los ciclos de pobreza y genera una elevada rentabilidad económica, y advierte que la falta de inversión suficiente puede ser perjudicial para su desarrollo cognitivo, y puede reforzar las privaciones, las desigualdades y la pobreza intergeneracional existentes.

Ante las quejas por los recortes presupuestales, que recibió, el organismo recordó a las autoridades federales que, en 2020, el Estado mexicano deberá rendir ante el Comité de los Derechos del Niño, su sexto informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención, donde dicho recorte podría derivar en un señalamiento por parte de ese organismo internacional.

Afirmó que para la CNDH es incuestionable la obligación que el Estado tiene que cumplir para hacer vigentes los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores.

Mientras que el hecho de que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas administrativos no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos.

Por lo que advirtió que si en el pasado se cometió algún ilícito, estos deben investigarse para sancionar a los responsables, pero si el marco normativo dificulta la operación administrativa de programas o instituciones, debe actuarse con responsabilidad y promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas.

Comentarios