Solalinde denuncia desaparición de dos activistas; una defendió a indígenas abusadas por militares

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El sacerdote católico Alejandro Solalinde denunció públicamente la desaparición de la indígena activista e integrante del Consejo de Autoridades Comunitarias del municipio de Ayutla de los libres, Obtilia Eugenio Manuel –quien contaba con medidas cautelares por parte del gobierno estatal– y un miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM).

Ambos activistas ya habían recibido amenazas con anterioridad, denunció el sacerdote católico y también defensor de migrantes.

Incluso, desde 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó al Estado mexicano garantizar la seguridad de Obtilia Eugenio ante las amenazas sistémicas por su labor en defensa de los derechos humanos y las acciones legales que emprendió contra el Ejército por el caso de la violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, crimen registrado en febrero y marzo de 2002, en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec.

Eugenio Manuel era acompañada por Hilario Cornelio Castro y en el poblado de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, abordaron un taxi colectivo para dirigirse a la capital de la entidad cerca de las 07:00 horas de ayer.

Según informes oficiales los activistas desaparecieron en una ruta de la carretera federal México-Acapulco donde grupos de autodefensa vinculados con el narco por el gobernador Héctor Astudillo, tienen presencia y mantienen retenes desde Tierra Colorada hasta Chilpancingo, pasando por los poblados de El Ocotito y Petaquillas.

Por la noche, el padre Solalinde emitió dos mensajes a través de su cuenta de Twitter:

En un segundo mensaje añadió:

En junio de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con integrantes de la OPIM, encabezados por Obtilia Eugenio Manuel en la residencia oficial Casa Guerrero en esta capital donde el mandatario anunció ayuda económica para las comunidades del municipio de Ayutla.

Incluso, el gobierno estatal otorgó medidas cautelares a la dirigente Mixteca y escoltas de la Policía Estatal por amenazas de muerte que había recibido desde hace varios años, pero se intensificaron en noviembre pasado.

No obstante, hasta el momento las autoridades estatales no han explicado por qué los policías estatales no acompañaban ayer a la mujer indígena que forma parte del Consejo de Autoridades Comunitarias de Ayutla, el nuevo órgano de gobierno de este municipio indígena que se ubica en la región de la Costa Chica y donde convergen pueblos nahuas, mixtecos y tlapanecos.

 

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