CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La desaparición de la defensora indígena Obtilia Eugenio Manuel, en el estado de Guerrero provocó reacciones de alerta de organismos civiles, nacionales e internacionales de derechos humanos, luego que a través de la cuenta de twitter del sacerdote Alejandro Solalinde se informara que ella y su acompañante, Hilario Cornelio Castro fueron “levantados” en el tramo carretero Tierra Colorada-Ocotito. En diversos comunicados, los organismos llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al mandatario de la entidad, Héctor Astudillo Flores, a localizar a Eugenio Manuel y a su acompañante. Integrante del Concejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla, Eugenio Manuel, quien es dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me?phaa  (OPIM), cuenta con medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2009, al ser blanco de amenazas por la defensa de las comunidades indígenas contra abusos del Ejército mexicano. Eugenio Manuel defendió en un primer momento a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas me?phaa que fueron torturadas sexualmente por soldados en 2002, y que litigaron sus casos en la CoIDH, por los que México recibió dos condenas del tribunal regional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de Eugenio Manuel y Cornelio Castro, por lo que instó a la Secretaría General de Gobierno estatal y a la Fiscalía General de la entidad a realizar las acciones conducentes para la localización de los líderes indígenas, así como “salvaguardar la seguridad e integridad personal de los demás integrantes de la OPIM”, y de los familiares de las víctimas, “brindándoles contención emocional”. En un comunicado, el organismo informó que el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, sostuvo una conversación telefónica con el gobernador Héctor Astudillo, a quien le solicitó “su intervención para la localización de los dos defensores desaparecidos, a lo que el gobernador estatal externó toda la disposición para localizar a los activistas”, acordando estar en comunicación para dar cuenta de las acciones emprendidas para dar con el paradero de los defensores indígenas. En tanto, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab hizo un llamado particular al gobierno de Guerrero para “reforzar las labores de búsqueda y esclarecer el paradero” de Eugenio Manuel y Cornelio Castro. Luego de reconocer que la Subsecrtaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación intervino de forma inmediata, Jarab recordó que la OPIM, organización a la que pertenecen las víctimas, “es un referente histórico en la defensa de los derechos humanos en el estado de Guerrero”, acompañando “casos de transcendencia no sólo nacional sino regional, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas”, lo que le ha valido diversos ataques. Recordó que además de los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, la organización visibilizó abusos cometidos contra los indígenas como lo fue la esterilización forzada de 14 hombres indígenas en 1998, en momentos en que la región indígena de Guerrero se encontraba militarizada. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha representado a Eugenio Manuel ante la CoIDH, exigió la presentación con vida de Obtilia y de Hilario Cornelio, quienes abordaron un taxi colectivo en dirección a Chilpancingo “como una medida de disuasión ante las persistentes amenazas que estaban recibiendo”. La organización, que litigó los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández ante la CoIDH, exigió a López Obrador, a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; a la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana; así como al gobernador Héctor Astudillo, “acciones de búsqueda efectiva e inmediata, desplazando las fuerzas de seguridad del Estado para su localización y presentación con vida” de los dirigentes indígenas desaparecidos. Tlachinollan pidió el “cumplimiento cabal” de las medidas provisionales dictadas por el tribunal regional, “como parte de la responsabilidad internacional del Estado mexicano de velar por la vida e integridad de la defensora Obtilia Eugenio Manuel”, así como una investigación exhaustiva que de con el paradero de los responsables y “cese la violencia contra las defensoras y defensores comunitarios de Guerrero”. De acuerdo a la organización, como integrante del Concejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla, a la defensora se le encomendó la Comisión de Obras Públicas, y “por asumir este compromiso de defender los derechos de las comunidades, desde el mes de noviembre Obtilia empezó a recibir amenazas telefónicas”, en las que, según notas periodísticas, se le decía que ella “respondería por el Consejo”. Al recordar que la defensora recibió el premió Cuauhtémoc al mérito indígena en octubre del año pasado, Tlachinollan describió a Obtilia Eugenio como “una voz valiente que ha denunciado los abusos del Ejército, los tratos discriminatorios de los gobiernos mestizos y la violencia ejercida contra las mujeres indígenas”. Al exigir la presentación con vida, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) resaltó que la participación de Obtilia Eugenio fue clave para que junto con el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero, se fortaleciera en 2016 la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la entidad, la cual fue declarada en junio de 2017 para ocho municipios, entre ellos, Ayutla de los Libres, municipio del que es originaria la defensora. Al señalar que de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), entre 2007 y 2018 desaparecieron mil 728 personas en Guerrero, y que en mes de enero hay 60 reportes por ese delito, el ONCF puntualizó que la desaparición de Obtilia Eugenio, “evidencia la violencia feminicida que viven las mujeres y defensoras en el estado de Guerrero”. La organización recordó que desde el 7 de diciembre de 2011 se desconoce el paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, coordinadora y presidente de Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, “sin que haya avances significativos para conocer su paradero”. A las exigencias de localización y esclarecimiento de los hechos, el ONCF pidió “que se implementen de manera inmediata y efectiva las recomendaciones de al Declaratoria de Violencia de Género en el estado de Guerrero, a fin de erradicar la violencia feminicida que atenta contra la vida e integridad física de las mujeres guerrerenses”. Por último, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), lanzó una Acción Urgente por lo consideró una desaparición forzada de Eugenio Manuel y Cornelio Castro, y en la que se exige “una efectiva investigación” para localizar a los dirigentes indígenas. La organización, fundada por el obispo Raúl Vera, y que litiga ante la CoIDH la masacre de once personas en El Charco, municipio de Ayutla, hechos atribuidos al Ejército, exigió esclarecer la desaparición de los defensores, así como “la sanción de los responsables materiales e intelectuales de este acto, a fin de garantizar que hechos como el ocurrido no se repitan”.