Chiapas, Oaxaca y Morelos, “sacudidos” por irregularidades en repartos del Fonden: ASF

Daños materiales en la Escuela Primaria Juchitán, por el sismo de 8.2, el 7 de septiembre de 2017. Foto: Benjamin Flores Daños materiales en la Escuela Primaria Juchitán, por el sismo de 8.2, el 7 de septiembre de 2017. Foto: Benjamin Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la atención de los daños en infraestructura ocasionados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017 en Chiapas, Oaxaca y Morelos, cuatro secretarías federales, un organismo desconcentrado, tres institutos estatales y un banco cometieron presuntas irregularidades en la entrega de los miles de millones de pesos otorgados por el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (Fonden), según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En esas entidades, además de las decenas de víctimas mortales, cientos de casas, edificios públicos, escuelas y hasta sedes religiosas de valor histórico quedaron en ruinas o con severos daños después de aquellos dos sismos que pusieron a prueba la capacidad de los gobiernos estatales y federal para atender la emergencia.

De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los Institutos de Infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos –coordinados por la Secretaría de Educación Pública (SEP)– y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.

Entre las irregularidades en la aplicación de recursos correspondientes a los sectores hidráulico, educativo y carretero, la ASF encontró adjudicaciones de contratos por importes mayores a los autorizados y omisiones en la aplicación de multas a empresas por obras retrasadas hasta por cinco meses, aunque les pagaron por adelantado.

También detectó viáticos sin comprobar; servicios pagados sin verificar su cumplimiento; contratación de empresas sin probada capacidad y experiencia, y solicitudes de recursos hasta con 200 días de desfase. Peor aún, no se acreditó la entrega de aulas móviles en escuelas marcadas en “acciones urgentes”.

Cuando ocurrieron esas presuntas irregularidades, el titular de Hacienda era Jose Antonio Meade Kuribreña, quien luego fue candidato presidencial del PRI; en Gobernación estaba Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador de la República; Gerardo Ruiz Esparza en la SCT; Otto Granados Roldán en la SEP; Roberto Ramírez en la Conagua, y el director de Banobras era Alfredo Vara Alonso. Los gobernadores de Chiapas, Oaxaca y Morelos eran Manuel Velasco, Alejandro Murat, y Graco Ramírez, respectivamente.

El documento de la ASF explica que de los 14 mil millones 109 mil 934.9 pesos autorizados en 2017 por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fonden, para atender las acciones de reconstrucción y los daños ocasionados a la infraestructura de diversos sectores por ambos sismos que afectaron los municipios de nueve estados, se revisó un importe de 2 mil millones 955 mil 712.5 pesos, correspondientes a los sectores hidráulico, educativo y carretero, monto que representa 20.9% del total de los recursos autorizados.

De la cantidad revisada, la ASF determinó 22 observaciones que generaron 55 recomendaciones, seis promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 57 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 17 pliegos de Observaciones.

El dictamen

El dictamen de la ASF fue emitido el pasado 30 de enero, cuando concluyeron los trabajos de auditoría, con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada.

De acuerdo con el organismo, el propósito de la auditoría fue “fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, para comprobar que éstos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas”.

La primera conclusión del dictamen es que las dependencias antes mencionadas “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.

De igual manera, el documento destaca que “se identificaron deficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos para atender las acciones, trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, y de reconstrucción, para mitigar los daños ocasionados a la infraestructura de los sectores hidráulico, carretero y educativo por la ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que afectaron los municipios en los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos. Toda vez que no se cumplieron los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia” en los recursos otorgados para atender los tres tipos de apoyos: Gastos de evaluación, Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) y Reconstrucción.

Gastos de Evaluación de Daños

Entre las observaciones que hizo la ASF en este rubro destaca que, respecto de los recursos otorgados a la SEP que fueron operados por los institutos de infraestructura educativa en Chiapas, Morelos y Oaxaca, se constató que la entrega de recursos solicitados por los institutos referidos “no fue oportuna, ya que éstos recibieron los recursos con 41, 98 y 26 días naturales, respectivamente, posteriores al periodo de evaluación de daños”.

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, “efectuó enteros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por mil 377 millones de pesos, de los cuales 762.5 millones fueron de recursos no ejercidos, y 614.5 millones de recursos aplicados en conceptos no autorizados; sin embargo, dichos recursos debían reintegrarse al patrimonio del Fideicomiso 2003 Fonden”.

Además, el Inifech “no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de gastos de evaluación por 202 millones de pesos consistentes en viáticos, contratación y recibos de honorarios de servicios profesionales, así como informes de actividades que se debían rendir”.

Sobre los recursos asignados al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (Ineiem), la ASF observó que se efectuaron pagos por mil 150.8 millones de pesos. De ese dinero, 854.2 millones no se presentaron los informes que debían rendir los prestadores de servicios; 15.3 millones de pesos fueron pagados en demasía, y de 281.3 millones no se presentó evidencia de los dictámenes de evaluación de daños e informes de actividades.

Respecto del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), la ASF detectó que “éste efectuó erogaciones por 2 mil 724.8 millones de pesos en un periodo posterior al establecido por la norma; además, que como parte de esas erogaciones se encuentran conceptos que no corresponden a trabajos de evaluación de daños, y de 251.4 millones de pesos no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto o, en su caso, del reintegro efectuado al fideicomiso”.

Apoyos Periciales Inmediatos y Reconstrucción

En este rubro, la ASF encontró diversas irregularidades cometidas por secretarías y organismos dependientes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Por ejemplo, halló que el fiduciario Banobras envió las notificaciones a las instancias ejecutoras sobre la disposición de los recursos autorizados con un desfase de cuatro a 16 días naturales posteriores a la instrucción que recibió de la SHCP para entregar los recursos para atender acciones urgentes (APIN).

En tanto, la Segob “no tramitó de forma oportuna tres solicitudes de la SCT para acceder a recursos del Fonden para reconstrucción, lo que ocasionó que en 2017 no se autorizaran recursos a la dependencia”.

La Auditoría descubrió que la SCT solicitó a la Segob la cancelación de los recursos por 7 mil 641.7 millones de pesos, 6 mil 158.7 millones y 56.9 millones no aplicados en acciones urgentes en Chiapas, Oaxaca y Morelos, respectivamente, “para ponerse a disposición del patrimonio del fideicomiso, con un desfase de entre 10 y 213 días hábiles posteriores al plazo estipulado”.

En la Conagua, en los organismos de cuenca Balsas, Frontera Sur y Pacífico Sur, adscritos a dicha comisión, “se observó que solicitaron la cancelación de los recursos no aplicados en acciones urgentes (APIN) por 2 mil 610.9 millones, 565.4 millones y 658.6 millones de pesos, para ponerse a disposición del patrimonio del fideicomiso, con desfases de hasta ocho, 183 y 217 días naturales, respectivamente, en relación con el plazo establecido, y de 5 mil 958.3 millones no se acreditó que el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) hubiera solicitado su cancelación.

Respecto de los recursos ejecutados por los institutos de infraestructura educativa de los estados, se observó que el Inifech no reintegró 151.3 millones de pesos al patrimonio del Fonden por los anticipos otorgados a dos contratistas, de los cuales las obras fueron canceladas; también aplicó 602 millones adicionales al monto autorizado para atender 34 acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes (APIN).

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En la visita realizada a un centro escolar de la entidad, la ASF no pudo comprobar la existencia física de tres aulas móviles por 358.7 millones de pesos y tampoco acreditó documentalmente la entrega e instalación de 54 aulas móviles en planteles educativos por un valor de 7 mil 144 millones, de las cuales 19 eran para atender acciones urgentes (APIN) y 35 para la reconstrucción.

Al final del dictamen, la ASF asegura que las secretarías de Hacienda y Gobernación, como integrantes del comité referido, así como el fiduciario Banobras, “no dieron seguimiento a la aplicación de recursos autorizados de los APIN y de reconstrucción, lo que ocasionó, como se describió anteriormente, que las instancias ejecutoras solicitaran pagos, los cuales se efectuaron a prestadores de servicios fuera de los plazos establecidos para ejecutar las acciones”.

Además, hubo “acciones no consideradas en los listados de acciones respectivos, ni en los programas de acciones y obras definitivos autorizadas por dicho comité, así como pagos por montos superiores a los autorizados”.

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